Dos ex altos cargos imputados exigen a Alaya que anule sus declaraciones

¡°Una grave indefensi¨®n¡±. Es el argumento clave utilizado por los ex directores generales de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera para exigir a la juez Mercedes Alaya la anulaci¨®n de sus declaraciones como imputados. Los dos ex altos cargos del Ejecutivo aut¨®nomo han presentado un escrito ante la instructora del caso ERE para que se anulen sus comparecencias realizadas hace dos meses, y por tanto sean repetidas en el juzgado.

La raz¨®n esencial para solicitar la nulidad de las actuaciones de Alaya es que los imputados acusan a la juez de ocultarles un informe clave sobre las transferencias de financiaci¨®n, la herramienta que la Junta us¨® para pagar los ERE. El ex interventor delegado en Empleo Juan Luque entreg¨® dicho informe en el verano de 2012 durante su declaraci¨®n como testigo ante la Guardia Civil, y se remiti¨® a la magistrada el 27 de junio de 2013. Sin embargo, Alaya tard¨® tres meses en trasladarlo a las partes y les inform¨® en una providencia de que hab¨ªa recibido el oficio ¡°el pasado 30 de septiembre¡±. La evidencia de que la juez dispuso del informe dos meses antes de esa fecha es que el 25 de julio formul¨® una pregunta al ex interventor general Manuel G¨®mez sobre la declaraci¨®n de Luque.

Alaya tild¨® el retraso en la entrega como ¡°un mero error sin trascendencia¡± y aleg¨® que la Guardia Civil le dio dos legajos, uno para ella que inclu¨ªa la declaraci¨®n de Luque, y otro para las partes, que carec¨ªa de la misma.

Tras estos hechos, ahora los ex altos cargos de la Junta alegan que durante su declaraci¨®n su defensa se ha visto mermada al no disponer del informe que aport¨® Duque hace ya un a?o y medio.

¡°La juez continu¨® realizando diligencias sin entregar dicha documentaci¨®n a las partes (...) A los se?ores Lozano y Aguilera les produjo una grave indefensi¨®n (...) se les priv¨® de la posibilidad de preguntar sobre dicha documentaci¨®n (...) tambi¨¦n de la posibilidad de utilizar el contenido de dicho documento en sus alegaciones¡±. La defensa de ambos imputados estima que adem¨¢s de sus declaraciones, la juez deber¨ªa anular asimismo la comparecencia del ex interventor general Manuel G¨®mez, dado que el letrado de los dos altos cargos ¡°no pudo hacerle [al exinterventor] ninguna pregunta¡±, seg¨²n el escrito del abogado Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano.

Los ex directores generales de Presupuestos defienden que la juez ha vulnerado de manera ¡°grave¡± el art¨ªculo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al impedirles conocer las actuaciones ¡°e intervenir en todas las diligencias del procedimiento¡±, ya que sobre el informe no pesaba ning¨²n secreto de actuaciones.

La importancia del informe aportado por Luque reside en que est¨¢ firmado por dos ex interventores generales como G¨®mez y Roc¨ªo Marcos, adem¨¢s del interventor adjunto Luis Hijonosa y el propio Luque. El informe juzga el uso de las transferencias de financiaci¨®n como ¡°una cuesti¨®n t¨¦cnicamente, no pac¨ªfica, muy controvertida, y en todo caso, te¨®rica puesto que es la ley de Presupuestos la que define el mecanismo de financiaci¨®n, lo que excluye cualquier decisi¨®n sobre la correcci¨®n del mismo¡±.

?Qu¨¦ supone esta tesis firmada por cuatro cargos destacados de la Intervenci¨®n General? En cierto modo, un respaldo a los argumentos de la Junta, que frente al criterio de Alaya defiende que el uso de las transferencias de financiaci¨®n no pudo ser ilegal ya que estaban amparadas por la Ley de Presupuestos, aprobada cada a?o por el Parlamento.

Al tratarse de una cuesti¨®n tan t¨¦cnica que probablemente dilucidar¨¢ el Tribunal Supremo tras la instrucci¨®n, los argumentos de los interventores sobre las transferencias de financiaci¨®n tienen su peso en oro. De ah¨ª que Lozano y Aguilera reclamen la repetici¨®n de sus declaraciones y la de G¨®mez, lo que supondr¨ªa un retraso a?adido en una instrucci¨®n, la que ata?e a la financiaci¨®n de los ERE, ya muy prolongada. Ambos ex altos cargos recuerdan que el mecanismo de pago de los ERE supone la columna vertebral de la imputaci¨®n de los 20 altos cargos de la Junta entre los que ellos se encuentran.