Interior y Xunta contratan a una empresa investigada por fraude

¡°Estimados monitores. Estamos haciendo gestiones para pedir un adelanto y poder asumir los gastos de las n¨®minas. No queremos dejar pasar m¨¢s tiempo sin transmitiros esa problem¨¢tica. Tan pronto se resuelva la operaci¨®n, se pagar¨¢n. Queremos pedir disculpas por los retrasos¡±.

Lo anterior es parte del escueto correo electr¨®nico enviado por el empresario coru?¨¦s Gerardo Crespo a unos 30 profesores que ¨¦l mismo contrat¨® hace apenas dos meses. Ese mismo empresario, famoso por ser un eficaz captador de fondos de administraciones p¨²blicas y estar bien relacionado con pol¨ªticos, en especial del PP, tiene abierta una investigaci¨®n en el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 6 de A Coru?a por posible fraude en cursos de formaci¨®n. A su vez, la Conseller¨ªa de Traballo puso en manos de la Fiscal¨ªa una serie de irregularidades en marzo de 2012 al comprobar que varias de sus empresas cobraron subvenciones por cursos que no se ejecutaban o cuyos alumnos aparec¨ªan por duplicado. Sin embargo, no ha sido imputado y las pesquisas est¨¢n, seg¨²n ¨¦l mismo, ¡°paradas¡±.

Pero todo lo anterior no fue un obst¨¢culo para que el pasado 28 de junio el Ministerio del Interior adjudicase un nuevo contrato a una empresa y una fundaci¨®n de Crespo, de nombres Gecreri y Fundefo , por un total de 224.700 euros, para impartir cursillos en c¨¢rceles de 13 comunidades aut¨®nomas. Por su parte, la Xunta, que en marzo de 2012 solicit¨® el reintegro de las ayudas concedidas en 2011 tras detectar las irregularidades, otorg¨® este a?o 114.000 euros a las empresas de Crespo, 48.000 por planes de empleo plurianuales que se comenzar¨¢n a abonar en diciembre y el resto adjudicaciones de cursos por concurrencia competitiva.

Tras estas adjudicaciones, a dos meses del inicio de los cursos Crespo no paga a sus empleados. La plantilla de monitores contratada para cumplir con la subvenci¨®n del ministerio, que parad¨®jicamente tiene el encargo de ense?ar a los reclusos a desenvolverse en el mundo laboral, est¨¢ atrapada: llevan casi dos meses sin ver un solo euro. Algunos ni siquiera han firmado su propio contrato: ¡°No sabemos bajo qu¨¦ condiciones laborales estamos. La explicaci¨®n que nos dan es que se han perdido en correos¡±, denuncian. El pasado viernes Instituciones Penitenciarias comunic¨® a los docentes que los cursos contratados con la empresa no continuar¨¢n a partir de enero, aunque no explic¨® si la decisi¨®n parte de la renuncia de la propia empresa.

Crespo reconoce que no tiene dinero para abonar sus n¨®minas, porque los bancos le dan ¡°la espalda¡±. Ha pedido cr¨¦ditos a cinco entidades y cuatro le han dicho que no. ¡°Estamos preocupados, los bancos no colaboran¡±, se escuda. Explica que hasta diciembre sus empresas no ingresar¨¢n el primero de los tres pagos de la subvenci¨®n ministerial, y ser¨¢ supuestamente en ese momento cuando tenga fondos para cumplir con la plantilla. ¡°Nuestra situaci¨®n de tesorer¨ªa es muy mala¡±, repite. Aunque no se plantea una suspensi¨®n de pagos, desliza que, incluso en ese caso, los profesores cobrar¨ªan por ser acreedores privilegiados. Preguntado por c¨®mo acredit¨® la solvencia econ¨®mica necesaria para ganar los concursos si no puede hacer frente a las n¨®minas, el empresario mantiene que ha cumplido ¡°todos los requisitos¡±. El Ministerio de Interior corrobora que cumpli¨® con los pliegos y est¨¢ al corriente de pagos en Hacienda y en la Seguridad Social. Aunque precisamente los monitores que trabajan con reclusos, para los que se solicitaba en la oferta de trabajo un nivel de diplomado o licenciado, fueron dados de alta por las empresas de Crespo en una categor¨ªa profesional de pe¨®n. Solo tras amenazar con una demanda por publicidad enga?osa, las firmas coru?esas reconocieron que se trat¨® de ¡°un error¡± y lo subsanaron.

Lo diab¨®lico del caso es que los profesores no pueden abandonar su puesto porque estar¨ªan renunciando a la prestaci¨®n del paro y a cobrar lo que les adeuda, pero a la vez necesitan hacer largos desplazamientos para acudir a las c¨¢rceles, algo que se pagan de su propio bolsillo. Ya se ha producido la primera renuncia de una docente que no pod¨ªa trabajar sin cobrar y que impart¨ªa clases en las c¨¢rceles de Herrera de La Mancha y Alc¨¢zar de San Juan (Ciudad Real).

El pliego de condiciones del contrato que firm¨® Interior obligaba a las empresas adjudicatarias a demostrar ¡°solvencia econ¨®mica y financiera¡± suficiente para impartir los cursos, algo que manifiestamente se ha incumplido. Aunque no sobre el papel. Interior se escuda en que el procedimiento fue correcto y que la empresa gan¨® el concurso porque present¨® la oferta m¨¢s favorable. En Instituciones Penitenciarias, la secretar¨ªa que dise?¨® los pliegos, dice a los docentes que pagar¨¢n el contrato mientras ¡°el curso se d¨¦ con normalidad¡±, y sigan en sus puestos de trabajo. Por su parte, Traballo alega que mientras no se sustancie el procedimiento judicial contra Crespo podr¨¢ seguir concedi¨¦ndole ayudas si sus empresas cumplen los requisitos legales.