Crisis constitucional

El pr¨®ximo viernes se celebrar¨¢ con suntuosidad y ostentaci¨®n el trig¨¦simo quinto aniversario de la Constituci¨®n Espa?ola de 1978. El espect¨¢culo de papanatismo constitucional est¨¢ garantizado: autoridades de todo pelaje cantando las virtudes de la Carta Magna y discursos oficiales presumiendo de todo lo que carece la aplicaci¨®n de la Constituci¨®n. Pero el mito contrasta con una realidad social que cotidianamente convierte en papel mojado los cinco principios constitucionales: Estado social, Estado democr¨¢tico, Estado de derecho, Estado auton¨®mico y monarqu¨ªa parlamentaria.

La combinaci¨®n entre crisis econ¨®mica profunda y gobierno de derechas es letal para mantener los pilares del Estado social. Los poderes p¨²blicos espa?oles no pueden ni quieren satisfacer las necesidades b¨¢sicas de la poblaci¨®n, limitan derechos sociales constitucionales ¡ªeducaci¨®n, salud, cultura, vivienda digna o trabajo¡ª y no promueven las condiciones necesarias para garantizar la igualdad de los individuos y de los grupos sociales. Los que se llenan la boca defendiendo la Constituci¨®n espa?ola, se olvidan sistem¨¢ticamente de respetar los preceptos dedicados a la econom¨ªa, como el art¨ªculo 128.1: ¡°Toda la riqueza del pa¨ªs en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad est¨¢ subordinada al inter¨¦s general¡±. ?Qui¨¦n se atreve a impedir la acumulaci¨®n de riqueza de unos pocos para mejorar el bienestar de otros muchos en situaci¨®n de pobreza extrema?

El Estado democr¨¢tico no goza de mejor salud. La enorme distancia entre sociedad y representantes pol¨ªticos cuestiona la operatividad de los canales de participaci¨®n ciudadana en los asuntos p¨²blicos y la misma naturaleza de la soberan¨ªa popular. Tampoco son buenos tiempos para los partidos pol¨ªticos. Seg¨²n el bar¨®metro del CIS de abril de 2013, sobre un total de diecis¨¦is instituciones, la que merece menos confianza entre los espa?oles son precisamente los partidos, con una puntuaci¨®n media de 1,83 sobre diez. Con esta valoraci¨®n social, es dif¨ªcil que los partidos pol¨ªticos formen y manifiesten la voluntad popular, como indica la Constituci¨®n, y se conviertan en firmes instrumentos para la participaci¨®n pol¨ªtica. Y no es menos preocupante que, en un Estado democr¨¢tico, las tres ¨²nicas instituciones que obtienen una valoraci¨®n superior a cinco sean, seg¨²n el mencionado bar¨®metro y por este orden, la guardia civil, la polic¨ªa y las fuerzas armadas.

El fundamentalismo en la defensa de la Carta Magna es una coartada para tapar la deslealtad de los poderes p¨²blicos

El respeto al Estado de derecho es la muletilla de los pol¨ªticos, pero todos saben que no se respetan los derechos de los ciudadanos, que la ley no es la expresi¨®n de la voluntad general y que los poderes p¨²blicos incumplen las leyes y siguen sin responsabilizarse por los da?os causados en el ejercicio de su actuaci¨®n. La Constituci¨®n consagra un poder judicial independiente, pero hay jueces y magistrados sumisos a las exigencias gubernamentales o a determinadas fuerzas pol¨ªticas, y otros que, con una soberbia ofensiva, perseveran con actitudes preconstitucionales.

El Estado auton¨®mico es todav¨ªa la principal asignatura pendiente de la Constituci¨®n. El Senado, te¨®rica c¨¢mara de representaci¨®n territorial, no solo es una mera amplificaci¨®n de las mayor¨ªas pol¨ªticas del Congreso, sino que adem¨¢s no sirve para nada. Actualmente, hay una evidente sensaci¨®n de fiasco de la organizaci¨®n territorial del Estado y de su evoluci¨®n. Las pretensiones independentistas en Catalu?a y en el Pa¨ªs Vasco, la defensa de un Estado federal o la creciente reivindicaci¨®n de un proceso de recentralizaci¨®n, son expresiones de un fracasado modelo constitucional de descentralizaci¨®n del poder pol¨ªtico.

La monarqu¨ªa parlamentaria es una forma de gobierno que enga?osamente trata de reconciliar los valores democr¨¢ticos con una Jefatura de Estado hereditaria y vitalicia. La monarqu¨ªa en Espa?a es una instituci¨®n decadente. La Casa Real est¨¢ bajo sospecha de corrupci¨®n y el Rey, desentonando entre las monarqu¨ªas europeas, ni gobierna ni reina, solo devanea. No es casualidad que, seg¨²n ese bar¨®metro, el grado de confianza que los espa?oles tienen en la monarqu¨ªa obtenga una hist¨®rica valoraci¨®n de 3,68. Por primera vez situada por debajo del cuatro. Con este panorama regio, no es extra?o que la rep¨²blica parlamentaria gane adeptos.

Finalmente, el Tribunal Constitucional, int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n, est¨¢ formado por juristas de reconocido prestigio ¡ªy algunos de reconocida militancia pol¨ªtica¡ª que se dividen entre conservadores y progresistas, que suelen utilizar criterios pol¨ªticos ¡ªo de oportunidad pol¨ªtica¡ª en sus sentencias y que mantienen una fidelidad perruna al partido pol¨ªtico que los propone. Para muestra, el bot¨®n de la sentencia del Estatut.

Estamos ante una grav¨ªsima crisis de la Constituci¨®n que deber¨ªa analizarse demosc¨®picamente y que convierte el fundamentalismo constitucional en una perversa coartada para tapar la deslealtad de los poderes p¨²blicos hacia la Carta Magna.

Jordi Matas es Catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la UB.