Las asociaciones acogen con dudas la pr¨®xima ley de memoria democr¨¢tica
Los grupos reclaman la protecci¨®n como BIC de fosas y centros de represi¨®n
Cuando la Junta ultima la Ley para la Recuperaci¨®n de la Memoria Democr¨¢tica, un sentimiento de pesadumbre y cansancio inunda el esp¨ªritu de parte de las asociaciones de ciudadanos que luchan por sacar del olvido a las v¨ªctimas del franquismo. Tras a?os de encuentros, reuniones, debates, avances y retrocesos, algunos colectivos se muestran desconfiados del resultado final de una ley que todav¨ªa desconocen.
¡°Esper¨¢bamos que para la redacci¨®n final del documento hubiese m¨¢s consenso con las asociaciones. Pero creo que va a ser m¨¢s una ley que la Junta nos va a presentar a los colectivos de manera unilateral. Y si nos gusta bien y si no, tambi¨¦n¡±, se lamentaba ayer Cecilio Gordillo, del grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andaluc¨ªa (Rmhsa), de la Confederaci¨®n General de Trabajadores.
Cecilio Gordillo es tambi¨¦n el impulsor de la p¨¢gina web Todos los nombres (www.todoslosnombres.org). All¨ª est¨¢ alojado el ¨²ltimo borrador de la ley para la Recuperaci¨®n de la Memoria Democr¨¢tica de la que las asociaciones tienen noticia. Un texto que fue muy discutido por su falta de concreci¨®n e incluso de utilidad. El documento fue presentado por la Junta hace un a?o a las asociaciones y estas aportaron una serie de recomendaciones que reclaman que sean tenidas en cuenta.
¡°Una ley tiene que tener una aplicaci¨®n pr¨¢ctica, tiene que servir para algo. Y dudamos de la utilidad final que tiene la actual proposici¨®n de ley que conocemos¡±, se lamenta Gonzalo Acosta. Su compa?ero en Rmhsa, Cecilio Gordillo, dice que los precedentes inmediatos con los que cuenta no invitan a la esperanza. ¡°Por ejemplo, tenemos ya 14 lugares designados como Lugares de Memoria Democr¨¢tica de Andaluc¨ªa pero no hay nada f¨ªsicamente que nos indique d¨®nde est¨¢n, no est¨¢n se?alizados ni catalogados todav¨ªa¡±.
La declaraci¨®n de Lugares de Memoria Democr¨¢tica de Andaluc¨ªa es un punto clave que preocupa a las asociaciones. ¡°Queremos que estos espacios se declaren directamente como Bienes de Inter¨¦s Cultural (BIC), una f¨®rmula que ya est¨¢ en vigor en otros campos y que ha demostrado que funciona a la hora de preservar lugares, asevera Gonzalo Acosta, de Rmhsa. ¡°Ya hemos pedido que se aplique para el espacio de Casas Viejas [actual Benalup, en C¨¢diz, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a numerosos jornaleros durante la Rep¨²blica] o el Canal de los Presos, en Sevilla¡±, prosigue Acosta. La f¨®rmula del BIC, defiende, evitar¨ªa las interpretaciones abiertas que en su opini¨®n deja el actual proyecto de ley y cerrar¨ªa mucho m¨¢s la cobertura de lugares emblem¨¢ticos.
La falta de concreci¨®n es lo que m¨¢s preocupa a Rafael Espino, de Aremehisa, (Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica de Aguilar de la Frontera, en C¨®rdoba). Su organizaci¨®n no ha hecho comentarios al borrador de la ley pero tampoco disimula su pesimismo ante el nuevo documento. Y ¨¦ste se resume en ¡°el riesgo de que queden gran cantidad de flecos sueltos y que no cambie en nada la situaci¨®n actual en los Ayuntamientos o los juzgados. Con lo cual, los jueces pueden seguir interpretado los art¨ªculos como quieran¡±, se?ala.
¡°Y estamos viendo que al final, por mucha ley que haya, la falta de arraigo de algunos magistrados y secretarios judiciales o municipales hace que muchas veces no muevan un pelo por estos temas. Lo vemos todos los d¨ªas cuando planteamos excavar en las fosas de los pueblos¡±, se queja Espino.
Las asociaciones tambi¨¦n esperan que se concrete de una vez un cat¨¢logo como el censo de v¨ªctimas que reconozca legalmente a las personas que fueron fusiladas o desaparecidas por las fuerzas franquistas. ¡°Esto es en una reivindicaci¨®n muy importante con unas consecuencias legales claras, pues permitir¨ªa reflejar en el Registro Civil la suerte que muchos de ellos corrieron¡±, se?ala Acosta. De ah¨ª, se derivar¨ªan consecuencias pr¨¢cticas enormes en litigios sobre propiedades de tierras o t¨ªtulos de propiedad de inmuebles que fueron arrebatados. O, directamente, en la filiaci¨®n de muchos descendientes de represaliados. Las asociaciones son conscientes de que muchas de esas cuestiones dependen de una legislaci¨®n estatal, pero consideran que una ley andaluza clara reforzar¨ªa sus demandas.
De la misma manera, las asociaciones exigen la finalizaci¨®n de un completo cat¨¢logo de fosas y que ¨¦ste se recoja en el mismo ordenamiento auton¨®mico. ¡°No renunciamos a esto porque una relaci¨®n total de los lugares de enterramiento permitir¨ªa conocer fielmente la magnitud, extensi¨®n y procedimiento que se sigui¨® con la represi¨®n franquista. Una actuaci¨®n que sol¨ªa desplazar de unos pueblos a otros a los represaliados para desarraigar incluso los cad¨¢veres de sus lugares de origen¡±, concluye Acosta.
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