Jurado popular contra la trama corrupta que restauraba arte sacro

Tras consumir 3.000 folios de sumario, cuatro a?os de instrucci¨®n de dos jueces y horas enteras de pinchazos telef¨®nicos, la Operaci¨®n Retablo ¡ªuna presunta trama de corrupci¨®n en la restauraci¨®n de arte sacro y construcci¨®n de albergues para peregrinos entre 2003 y 2009¡ª se encamina a un juicio con jurado popular. El pen¨²ltimo tr¨¢mite lo firm¨® el actual instructor de la causa, Luis Al¨¢ez, la v¨ªspera de Nochebuena con un auto que recopila la variopinta lista de imputados. Aparecen los dos funcionarios de la Xunta que la Brigada de Delitos Econ¨®micos del Cuerpo Nacional de Pol¨ªcia cita en su informe como cabecillas de la red: el ext¨¦cnico de la Conseller¨ªa de Cultura Carlos G¨®mez-Gil de Aizpur¨²a y el arquitecto del Xacobeo Jos¨¦ Manuel Pichel Pichel. Pero tambi¨¦n el anterior cura de la parroquia de Para?os en Covelo, Juan Sobrino, y hasta el exobispo de Tui Jos¨¦ Di¨¦guez Reboredo, que dimiti¨® en febrero de 2010 acuciado por las sospechas, junto a su compa?ero de Di¨®cesis y exresponsable de Econom¨ªa en el Obispado, Benito Est¨¦vez.

Tambi¨¦n est¨¢n citados como imputados el pr¨®ximo 16 de enero en el juzgado n¨²mero 3 de Santiago varios empresarios dedicados a la restauraci¨®n de iglesias y bienes de inter¨¦s cultural que supuestamente pagaban comisiones a la red a cambio de recibir encargos directamente de la Xunta o a trav¨¦s de la Iglesia, y otros trabajadores de la Administraci¨®n. El auto judicial cita la retah¨ªla de delitos de los que ha acumulado indicios durante el ¨²ltimo lustro: ¡°Fraudes y exacciones ilegales contra la Administraci¨®n P¨²blica, cohecho, tr¨¢fico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios p¨²blicos y/o abuso en el ejercicio de sus funciones¡±. Y concluye, como ya hab¨ªa hecho la fiscal¨ªa en septiembre de 2012, que ¡°procede la conversi¨®n del procedimiento abreviado para el juicio ante el Tribunal del Jurado¡±. En la vista del pr¨®ximo d¨ªa 16 ser¨¢n las partes que ejercen la acusaci¨®n ¡ªel ministerio fiscal; la asociaci¨®n de vecinos de Para?os como acusaci¨®n popular (que se considera perjudicada por la sospechosa venta de una casa rectoral restaurada con cuestaciones entre los parroquianos al funcionario Carlos G¨®mez-Gil, que influ¨ªa en las ayudas de la Conseller¨ªa de Cultura) y la Xunta, que se person¨® ante el presunto fraude de dinero p¨²blico¡ª quienes se?alen a los acusados e identifiquen los tipos delictivos que les atribuyen. La ¨²ltima palabra a la hora de decidir qui¨¦n se sienta en el banquillo le compete al juez, despu¨¦s de o¨ªr a todos.

A lo largo de la instrucci¨®n, el fiscal del caso, Antonio Roma, ha puesto la lupa sobre los dos personajes centrales de la trama: los funcionarios Carlos G¨®mez-Gil Aizpur¨²a y Jos¨¦ Manuel Pichel Pichel, que aparecen en numerosas conversaciones telef¨®nicas intentando ama?ar contratos para restaurar bienes de la Iglesia o construir albergues en el Camino de Santiago. En el sumario abunda la documentaci¨®n ¡ªentre movimientos de cuentas, y recibos de dinero negro¡ª que ha llevado a la polic¨ªa a concluir que ambos se lucraron durante a?os con las subvenciones que la Conseller¨ªa de Cultura otorg¨® a distintas ¨®rdenes religiosas para restaurar arte sacro y tambi¨¦n con los contratos para levantar residencias de peregrinos. Ambos est¨¢n acusados de los delitos de cohecho y tr¨¢fico de influencias. Seg¨²n el informe policial, G¨®mez Gil, un trabajador p¨²blico de la Xunta (luego desplazado a un museo de Cartagena) no pudo justificar ingresos al margen de su n¨®mina por valor de 122.471 euros entre 1998 y 2008.

Junto a los dos trabajadores p¨²blicos, el fiscal tambi¨¦n ha venido acusando durante el proceso a los empresarios de restauraci¨®n que presuntamente pagaban mordidas a cambio de recibir contratos: Ignacio M¨¢rquez Vieira, Olga Quintela L¨®pez, Carmen Acu?a Rey y Manuel L¨®pez Carballa. Este ¨²ltimo, ¡°arruinado y aburrido de los chanchullos¡± seg¨²n ¨¦l mismo confes¨® a la polic¨ªa, tir¨® de la manta en diciembre de 2009. Cont¨® a los agentes con pelos y se?ales los procedimientos de la red. Cit¨®, por ejemplo, una obra en la que fue contratado para restaurar patrimonio del Obispado de Tui: la Di¨®cesis encarg¨® el trabajo al estudio privado de arquitectura que Pichel ten¨ªa en Pontevedra y ¨¦ste, ¡°como forma de agradecer el favor¡±, logr¨® que la empresa p¨²blica Xacobeo (donde trabajaba como t¨¦cnico) habilitase una partida de dinero p¨²blico para subvencionar a la Iglesia. ¡°De esta forma todo el mundo sale beneficiado: el Obispado hace su obrita subvencionada, Pichel se lleva su parte por los proyectos y Carlos [G¨®mez-Gil Aizpur¨²a] hace de intermediario en todo¡±, declar¨®.

La polic¨ªa concluy¨® que ese tipo de ama?os se repitieron en decenas de contratos para rehabilitar patrimonio eclesi¨¢stico de Ourense y Pontevedra. Seg¨²n han constatado informes periciales de t¨¦cnicos de la Xunta, en muchos casos el patrimonio acab¨® arruinado, v¨ªctima de las chapuzas.

Las escuchas tambi¨¦n involucran a varios curas del Obispado de Tui, que sin saber que estaban siendo grabados, reconocieron haber enga?ado a la polic¨ªa para tapar la trama. El cura de L¨¦rez, por ejemplo, a quien en el sumario se identifica como don Crisanto, corri¨® a llamar al imputado Carlos G¨®mez-Gil en cuanto recibi¨® la visita de los agentes. A trav¨¦s de su m¨®vil lo puso sobre aviso de las pesquisas y se confes¨®: ¡°Preguntaron por el nombre suyo y yo trat¨¦ de ser parco y prudente, no dije mentira, pero no dije toda la verdad ni mucho menos¡±.

El fiscal de momento ha evitado acusar a los representantes de la Iglesia. Pese a ello, la anterior c¨²pula de la Di¨®cesis de Tui permanece imputada. Lo est¨¢ el exobispo Jos¨¦ Di¨¦guez Reboredo y su mano derecha y responsable de los asuntos econ¨®micos, Benito Est¨¦vez. Los dos est¨¢n involucrados en la rocambolesca venta de una casa rectoral en la aldea de Para?os al funcionario de la Xunta Carlos G¨®mez-Gil. Esa operaci¨®n fue la que destap¨® los manejos de la trama y la que permite ahora a la asociaci¨®n vecinal de esa aldea de Covelo ejercer la acusaci¨®n popular tras abonar una fianza de 200 euros en el juzgado. Fueron los fieles de la parroquia los que denunciaron en 2009 que el cura de Para?os, Juan Sobrino, hab¨ªa decidido vender por 60.000 euros al funcionario de la Xunta la vivienda (con sus 4.500 metros cuadrados de finca) que el vecindario hab¨ªa contribuido a mantener con donaciones voluntarias.

La indignaci¨®n corri¨® de boca en boca cuando en el vecindario se supo meses despu¨¦s que tras restaurar la casa y construir una piscina su nuevo propietario la hab¨ªa sacado a la venta en Internet por 680.000 euros. En el momento de poner el anuncio inmobiliario, su comprador no hab¨ªa abonado un c¨¦ntimo al Obispado. El informe policial concluye que fue un regalo de la Iglesia ¡°a cambio de los favores prestados¡± por C¨¢rlos G¨®mez-Gil desde la Conseller¨ªa de Cultura en forma de ayudas a la Di¨®cesis. La brigada de delitos econ¨®micos sospecha algo m¨¢s: que parte de la rehabilitaci¨®n del inmueble la acometieron gratis empresas a las que la trama adjudicaba obras. En cuanto estall¨® el caso, el funcionario devolvi¨® la casa al Obispado en 2012. Los vecinos no se conforman y quieren a los cargos eclesi¨¢sticos sentados en el banquillo. La decisi¨®n compete al juez.