La Generalitat re¨²ne a Panrico y los trabajadores para recuperar el di¨¢logo

La Generalitat ha sentado hoy en una misma mesa a representantes de Panrico y de los trabajadores, que llevan casi 90 d¨ªas en huelga. La reuni¨®n, convocada por el secretario de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre, se suspendi¨® en diciembre pasado tras los altercados de madrugada que se produjeron entre huelguistas y distribuidores en los almacenes de Barcelona.

Con la direcci¨®n en Madrid, el ERE presentado y ya en ejecuci¨®n --las primeras 20 personas despedidas de la f¨¢brica de Santa Perp¨¨tua ya est¨¢n fuera de la empresa--, la administraci¨®n catalana sabe que tiene poco margen de maniobra. Pero sigue preocupada por el futuro de la planta del Vall¨¨s: los 300 despidos previstos hasta 2016 suponen su cierre t¨¦cnico y la administraci¨®n ya ha dicho que est¨¢ dispuesta a "hacer lo que sea" para impedirlo. Tambi¨¦n preocupan las agresiones que se han producido algunos d¨ªas entre huelguistas y los aut¨®nomos que distribuyen los productos que han sido fabricados en otras plantas. Las partes han aceptado hoy volverse a sentar la pr¨®xima semana.?

La reuni¨®n celebrada en la ma?ana de hoy se produce solo dos d¨ªas despu¨¦s de que trascendiera que la Inspecci¨®n de Trabajo considera que Panrico vulnera el derecho de huelga de los trabajadores de la f¨¢brica de Santa Perp¨¨tua de Mogoda por distribuir en Catalu?a producci¨®n fabricada en otras plantas espa?olas mientras la plantilla del Vall¨¨s permanece en huelga indefinida desde el pasado 13 de octubre. La resoluci¨®n, que afirma que Panrico ser¨¢ sancionada sin especificar la cuant¨ªa, obedece a una denuncia del Comit¨¦ de Empresa de la f¨¢brica.

La imposici¨®n de la sanci¨®n depende de un proceso paralelo en los juzgados: son las dos denuncias que la direcci¨®n ha presentado contra los huelguistas por supuesta huelga ilegal. Solo en la segunda de las denuncias presentadas les pide cuatro millones en concepto de da?os y prejuicios.

Tras sucesivas crisis en Panrico, ¨¦sta ¨²ltima se precipit¨® en septiembre pasado tras el relevo por parte del fondo Oaktree del consejero delegado, Joan Casaponsa, por Carlos Gila. En apenas una semana, Gila suspendi¨® el pago de n¨®minas para poder pagar a los proveedores, anunci¨® un millar de despidos y una rebaja salarial y se acogi¨® al preconcurso de acreedores para renegociar su deuda. Desde 2008 el fabricante de Donuts y Bollycao acumula unas p¨¦rdidas de 700 millones de euros.