La directora del centro de maltratadas de Santiago se elegir¨¢ ¡®a dedo¡¯

El centro de recuperaci¨®n de v¨ªctimas de violencia machista que la Xunta abrir¨¢ en Santiago en un mes podr¨¢ ser dirigido por una mujer no funcionaria, lo que permitir¨¢ al Gobierno gallego designar a dedo a la elegida. Para la CIG, ¡°la Xunta aprovecha la violencia de g¨¦nero para repartir favores¡±. El decreto de creaci¨®n del centro aprobado el jueves por el Consello de la Xunta, que se refiere en todo momento al cargo en femenino, establece que ¡°podr¨¢ ser desempe?ado por personal funcionario o en r¨¦gimen de contrataci¨®n laboral¡±, con unas retribuciones que la CIG cuantifica en ¡°m¨¢s de 52.000 euros, gastos sociales incluidos, y una equivalencia de jefatura de servicio¡±.

La ley auton¨®mica, reformada por el PP en 2010, permite fichar externamente y a dedo a directivos de agencias u organismos aut¨®nomos, pero no a jefes de servicio. La Xunta argumenta que la ley contempla una excepci¨®n para ¡°actividades que requieran conocimientos t¨¦cnicos especializados¡± inexistentes entre los funcionarios y para la ¡°prestaci¨®n directa de servicios sociales¡±, supuestos que en este caso coincidir¨ªan. La nueva directora deber¨¢ estar nombrada antes de un mes. Con un margen tan escaso, el proceso de selecci¨®n se presenta para la CIG como un parip¨¦ para acabar nombrando a alguien af¨ªn al PP.

Aprovechando el mismo decreto, que deber¨ªa limitarse a organizar el nuevo centro asistencial, el Gobierno gallego reforma, a trav¨¦s de una disposici¨®n final, el reglamento de la Asesor¨ªa Xur¨ªdica de toda la Xunta. Y lo hace para consolidar el nivel salarial de todos sus letrados entre el 28 y el 30, los m¨¢s elevados. Seg¨²n la CIG, los letrados se convertir¨ªan as¨ª en ¡°la ¨²nica escala de la Administraci¨®n a la que le reconocen v¨ªa decreto un nivel concreto, algo que habr¨ªa que abordar en todos los cuerpos de la Xunta¡±.

El Gobierno gallego argumenta que el cambio se debe a su propia decisi¨®n de actuar como acusaci¨®n popular en todas las muertes por violencia machista, lo que implica una especial responsabilidad o especializaci¨®n de los letrados que participen en esos procesos. Pero la CIG critica que en vez de reforzar solo a los letrados encargados de ese cometido se quiere ¡°premiar¡± a todo un cuerpo ¡°con unas implicaciones pol¨ªticas claras, porque son los que defienden a la Xunta en cualquier proceso, incluso en defensa de este decreto, en el que ser¨ªan juez y parte¡±.