Los funcionarios hunden la versi¨®n de Blasco que sostuvo el Consell
La Generalitat rectific¨® varias veces informaciones sobre el saqueo de la cooperaci¨®n
Los funcionarios que en 2008 intentaron evitar el saqueo de las ayudas valencianas al Tercer Mundo volvieron a arrasar ayer en el juicio la defensa del exconsejero de Solidaridad y Ciudadan¨ªa Rafael Blasco, al que acusaron de presionarles para conceder irregularmente las ayudas que acabaron siendo desviadas. La Abogac¨ªa de la Generalitat pide ahora 11 a?os de prisi¨®n para el entonces consejero por los hechos en el caso Cooperaci¨®n. Pero durante casi dos a?os el Gobierno auton¨®mico lo ampar¨® e incluso lo defendi¨® con su servicio jur¨ªdico ante las informaciones que denunciaban lo ocurrido.
¡°Me presion¨® pero me mantuve firme¡±
La exjefa de servicio de Cooperaci¨®n, Teresa Clemente, y el ext¨¦cnico del mismo departamento Manuel Forn¨¢s confirmaron ayer el gran inter¨¦s personal que el exconsejero Rafael Blasco mostr¨® por que se concediesen 1,6 millones de euros en subvenciones a la Fundaci¨®n Cyes a pesar de que no cumpl¨ªa el requisito de la experiencia previa. "Lleg¨® a preguntarnos si no hab¨ªamos cometido nunca ninguna irregularidad", relat¨® Forn¨¢s. "En el sentido de: 'Est¨¢is siendo muy escrupulosos en este expediente. ?En otros tambi¨¦n lo hab¨¦is sido? Y nos dijo que iba a hacer que le subieran nuestros expedientes anteriores para revisarlos", declar¨® en el juicio del caso Cooperaci¨®n.
Los escr¨²pulos estaban justificados. Seg¨²n la investigaci¨®n que ha sentado a Blasco y a su gabinete en el banquillo la Fundaci¨®n Cyes desv¨ªo los fondos de los proyectos agr¨ªcolas en Totogalpa (Nicaragua) hacia inversiones inmobiliarias en Valencia.
Ambos funcionarios coincidieron con la versi¨®n ofrecida el jueves por el ex jefe de ¨¢rea de Cooperaci¨®n Sergio Fern¨¢ndez Aguado de que Blasco los convoc¨® a una reuni¨®n, a las siete de la tarde del d¨ªa anterior a las vacaciones de verano (31 de agosto) de 2008 en la que "insisti¨® e insisti¨®" para que firmasen el acta que permit¨ªa entregar los fondos a la fundaci¨®n. "Le dec¨ªamos que no y se enfadaba", record¨® Clemente; "me sent¨ª presionada pero me mantuve firme".
La ex jefa de servicio explic¨® que los proyectos de Cyes estaban redactados para dar a entender que se iba a adquirir una ¡°oficina t¨¦cnica¡± en Nicaragua. ¡°Pensar que eran pisos en Valencia era un disparate¡±, a?adi¨®.
Blasco, aseguraron ambos, repiti¨® que ¨¦l garantizaba que la fundaci¨®n ten¨ªa experiencia y que deb¨ªan ¡°confiar¡± en ¨¦l. Una implicaci¨®n personal que, seg¨²n Clemente, le confirm¨® el presidente de la entidad y tambi¨¦n acusado, Marcial L¨®pez: ¡°Me dijo que no le pidiera m¨¢s papeles porque eso ya lo ten¨ªa hablado y resuelto con el consejero¡±.
Los cuatro funcionarios que se opusieron al plan del consejero en el verano de 2008 fueron destituidos o pidieron el traslado ante el ambiente irrespirable de la consejer¨ªa. Todos, sin embargo, se mantuvieron en departamentos de la Generalitat al ser funcionarios de carrera. Los hechos fueron publicados y denunciados a la fiscal¨ªa por las diputadas Clara Tirado (PSPV-PSOE) y Mireia Moll¨¤ (Comprom¨ªs) en octubre de 2010. El Ejecutivo presidido primero por Francisco Camps y despu¨¦s por Alberto Fabra nunca pregunt¨® por lo sucedido, sin embargo, a sus funcionarios, ni abri¨® una investigaci¨®n interna al respecto.
Al contrario: el 8 de octubre de 2010, Blasco compareci¨® en la sala de prensa de la Generalitat y esgrimi¨® una documentaci¨®n que se ha revelado falsa para negar la informaci¨®n publicada por este peri¨®dico de que una fundaci¨®n hab¨ªa comprado inmuebles en Valencia con 1,6 millones concedidos para proyectos en Nicaragua. Esto es, los hechos por los que ahora se sientan en el banquillo Blasco y su c¨²pula en la Consejer¨ªa de Solidaridad y Ciudadan¨ªa. Con el lugar elegido, Blasco, experto en representaciones pol¨ªticas, escenificaba el total apoyo de la Generalitat, entonces presidida por Camps, a su versi¨®n. La Abogac¨ªa del Consell ejercer¨ªa reiteradamente acciones judiciales de rectificaci¨®n contra cada una de las informaciones sobre el caso publicadas por medios como EL PA?S.
En marzo de 2012, despu¨¦s de la oleada de detenciones ordenada por la juez Nieves Molina, que incluy¨® a varios altos cargos de la etapa de Blasco, la Generalitat se person¨® en la causa. En agosto, despu¨¦s de que la magistrada pidiera la imputaci¨®n de Blasco, el Consell se sum¨® a la petici¨®n. Aunque todav¨ªa manten¨ªa que lo hac¨ªa solo para que pudiese ¡°explicarse con todas las garant¨ªas procesales¡±. Blasco dej¨® por entonces el cargo de portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas. Pero no fue forzado a dejar el grupo hasta un a?o despu¨¦s, cuando la Abogac¨ªa de la Generalitat anunci¨® la elevada petici¨®n de pena contra ¨¦l.
El vicepresidente Jos¨¦ Ciscar, preguntado ayer tras el pleno del Consell sobre por qu¨¦ no se escuch¨® en su momento a los funcionarios que ahora declaran en el tribunal, respondi¨®: ¡°?Cu¨¢ndo dice que fue eso?¡±; ¡°yo no estaba entonces y desconozco los motivos¡±. Pero declin¨® hacer autocr¨ªtica sobre la trayectoria de la Generalitat en el caso. ¡°Haremos las valoraciones que haya que hacer cuando termine el proceso¡±, se limit¨® a afirmar.
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