Alaya cree que Rivas influy¨® para ¡°regalar¡± fondos p¨²blicos a allegados

Cuando est¨¢n a punto de cumplirse tres a?os desde que Mercedes Alaya imputara en el caso de los ERE al ex delegado provincial de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas, el ex alto cargo ha conocido este viernes los delitos que le atribuye la juez: prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y tr¨¢fico de influencias. Rivas compareci¨® ante la juez, pero se acogi¨® a su derecho a no declarar. El exdelegado ha entregado a Alaya un escrito en el que ped¨ªa que se grabara su declaraci¨®n, que le informara de las pruebas de la Guardia Civil para atribuirle un enriquecimiento il¨ªcito y le entregara el ¨²ltimo atestado sobre el ERE de Mercasevilla, pero la juez no ha atendido ninguna de estas peticiones.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido para Rivas una fianza de responsabilidad civil de 5.579.696 euros, el equivalente al importe de las p¨®lizas pagadas por la Junta de Andaluc¨ªa en cinco expedientes en cuya autorizaci¨®n intervino como delegado de Empleo y que Alaya destaca en su escrito de imputaci¨®n: Mercasevilla, Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox. La juez deja fuera de la imputaci¨®n la acusaci¨®n de la Guardia Civil sobre el supuesto ¡°incremento patrimonial il¨ªcito¡± conseguido por el ex alto cargo durante los diez a?os que dirigi¨® la Delegaci¨®n de Empleo (de 2000 a 2010).

En el acta de la comparecencia de ayer, Alaya sostiene que Rivas autoriz¨® ¡°un considerable n¨²mero¡± de Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo de empresas que recibieron subvenciones sociolaborales de la Junta ¡°con total ausencia de procedimiento¡±. En algunos de ellos, seg¨²n la juez, el exdelegado favoreci¨® la inclusi¨®n de intrusos con los que manten¨ªa alguna relaci¨®n familiar o de amistad o que estaban vinculados al PSOE, UGT o CC OO.

Alaya asegura que Rivas conoc¨ªa esta falta de procedimiento y la aprovech¨® para ¡°influir¡± en la concesi¨®n de las ayudas ¡°regalando fondos p¨²blicos¡± a personas pr¨®ximas a ¨¦l, ¡°as¨ª como en la inclusi¨®n de ciertos intrusos¡±. La juez cree, adem¨¢s, que, en algunos casos, la Junta asumi¨® ¡°arbitrariamente¡± a trav¨¦s de Rivas obligaciones econ¨®micas que eran de la empresa que presentaba el ERE.

En la mayor¨ªa de estos expedientes, seg¨²n Alaya, Rivas actu¨® conjuntamente con Juan Lanzas, exsindicalista de UGT y considerado uno de los cerebros del supuesto fraude. Pero la juez sostiene que el exdelegado, ¡°como m¨¢xima autoridad laboral¡±, era el que ejerc¨ªa influencia sobre el Direcci¨®n General de Trabajo para que incluyera a intrusos o pasara por alto irregularidades.

El abogado de Rivas, Jon Ander S¨¢nchez, defiende que ninguno de los expedientes que autoriz¨® presentaba irregularidades, ni se ha constatado la existencia de intrusos. El letrado ha instado a la juez a distinguir entre los ERE y las p¨®lizas de prejubilaci¨®n. ¡°Ninguna irregularidad se ha producido en los primeros y la negociaci¨®n, tramitaci¨®n y aprobaci¨®n de las p¨®lizas no era en absoluto responsabilidad ni competencia del se?or Rivas¡±, alega el abogado.