Bildu revoca los acuerdos que exigen el euskera en los contratos p¨²blicos
Ayuntamientos de Gipuzkoa deciden aplicar la medida sin pasarla por el pleno
Los Ayuntamientos guipuzcoanos gobernados por Bildu que hace ahora un a?o anunciaron la aprobaci¨®n de unos requerimientos ling¨¹¨ªsticos para exigir el euskera en las contrataciones p¨²blicas han decidido revocar los acuerdos que aprobaron en sus plenos y optan por una v¨ªa que sortea el ¡°marcaje¡± que est¨¢ realizando la Abogac¨ªa del Estado con este asunto. Municipios como Zumaia, Orio, Soraluze, Errezil o Irura han decidido recientemente ¡°dejar sin efecto y derogar¡± los acuerdos plenarios que fijaban las ¡°cl¨¢usulas ling¨¹¨ªsticas a aplicar en los expedientes de contrataci¨®n¡±. Estas decisiones se producen tras los recursos interpuestos por la Abogac¨ªa del Estado a instancias de la Delegaci¨®n del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco, que consider¨® ¡°discriminatorios¡± dichos acuerdos municipales.
Los municipios han optado por aplicar la medida sin aprobarla en los plenos. Un total de 38 consistorios de Gipuzkoa, adem¨¢s de la Diputaci¨®n y la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes (UEMA), anunciaron en enero de 2013 que iban a ¡°aplicar requisitos ling¨¹¨ªsticos¡± en sus contrataciones p¨²blicas para reforzar la presencia del euskera. Todos los ayuntamientos que secundaron esta iniciativa est¨¢n controlados por Bildu, salvo Eibar y Elgoibar, en manos del PSE y del PNV, respectivamente. A lo largo del a?o pasado, apenas una docena de consistorios ¡ªErrezil, Lasarte-Oria, Getaria, Azkoitia, Zestoa, Orio, Zumaia, Deba, Albistur, Soraluze, Irura, Zarautz y Anoeta¡ª elevaron al pleno la exigencia del euskera en las contrataciones p¨²blicas. Otros, en cambio, optaron por aprobarla en la Junta de Gobierno Local.
Los recursos de la
Los primeros recibieron un oficio del delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, en el que les comunicaba que los acuerdos plenarios adoptados entraban ¡°en conflicto¡± con el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n, la legislaci¨®n en materia de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica y la Ley de Contratos del Sector P¨²blico ¡°al establecer requisitos adicionales de car¨¢cter idiom¨¢tico¡±. En la misma notificaci¨®n, les refer¨ªa su decisi¨®n de ordenar a la Abogac¨ªa del Estado la interposici¨®n de los correspondientes recursos contencioso-administrativos. La intervenci¨®n de Urquijo ante los tribunales ¡ªlos recursos arrancaron contra Lezo y Anoeta y han culminado en diciembre pasado contra Lasarte-Oria¡ª han logrado desactivar algunos de estos acuerdos municipales, como en el caso de Orio, Zumaia, Soraluze, Errezil e Irura, seg¨²n consta en los acuerdos que estas instituciones han publicado en el Bolet¨ªn Oficial de Gipuzkoa. Zestoa podr¨ªa hacerlo en breve.
En alg¨²n caso, como Orio, por ejemplo, el pleno municipal de noviembre pasado acord¨® ¡°anular¡± las cl¨¢usulas ling¨¹¨ªsticas. Como figura en el acta del pleno, se decidi¨® recular siguiendo ¡°la recomendaci¨®n de la Direcci¨®n de Euskera de la Diputaci¨®n de Gipuzkoa¡± a la vista de ¡°los recursos interpuestos por el abogado del Estado¡±. Para sortear el ¡°marcaje¡± de la Delegaci¨®n del Gobierno, la mayor¨ªa de los Ayuntamientos optaron por aprobar la exigencia del euskera en la Junta de Gobierno, sin sancionarla despu¨¦s en un pleno. ¡°De esta forma, se puede aplicar igualmente, pero no se recibe el recurso¡±, asegura un representante de los municipios euskaldunes. Este es el caso de Eibar, donde la iniciativa se aprob¨® por el Gobierno municipal. Una portavoz de la Alcald¨ªa de este consistorio asegur¨® que el acuerdo ¡°est¨¢ adaptado a la realidad del municipio¡± y persigue ¡°reforzar el biling¨¹ismo y favorecer el uso del euskera, pero sin imponerlo¡±.
Garantizar que dos directores de obra tengan el EGA
La ofensiva de la Delegaci¨®n del Gobierno contra estos ayuntamientos fue interpretada por UEMA como ¡°un ataque al euskera¡±, seg¨²n declar¨® su presidenta Maren Belastegi, edil en Bergara. ¡°Aunque la ley recoja la oficialidad del euskera, cuando ponemos en pr¨¢ctica la propia ley, nos ponen obst¨¢culos¡±, manifest¨® para criticar a Urquijo. La espita la abri¨® a finales de 2012 el Departamento foral de Infraestructuras Viarias, dirigido por Larraitz Ugarte, cuando desvel¨® que se hab¨ªa expulsado a una empresa de un concurso p¨²blico para la construcci¨®n de la carretera Gi-632 (conecta los municipios de Beasain y Bergara) porque la compa?¨ªa no cumpl¨ªa una de las condiciones del pliego administrativo: ¡°Garantizar que dos personas de la direcci¨®n de la obra dispongan el t¨ªtulo EGA u otro equivalente¡±, seg¨²n explic¨® en octubre de ese a?o la diputada.
Entre las condiciones para adjudicar el contrato (ascend¨ªa a 2,2 millones de euros), la administraci¨®n gobernada por Bildu requer¨ªa a las empresas licitantes que presentaran en euskera y castellano ¡°los estudios, informes, proyectos u otros trabajos¡± referidos a la obra. En aquella ocasi¨®n, Ugarte manifest¨® que la Diputaci¨®n guipuzcoana estaba ¡°cumpliendo la ley m¨¢s que nadie¡± porque hasta entonces no se hab¨ªan ¡°respetado los derechos ling¨¹¨ªsticos de los euskaldunes¡±. No es la primera vez que el uso del euskera ha sido motivo de pol¨¦mica. Una sentencia del Tribunal Supremo declar¨® en 1999 ilegal una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Aizarnazabal (un peque?o municipio rural y euskaldun de 543 habitantes) que consideraba el euskera como ¨²nica lengua oficial en el trabajo del consistorio.
La "vigilancia" europea
La decisi¨®n de la Diputaci¨®n de Gipuzkoa de apartar a una empresa de un concurso p¨²blico porque no cumpl¨ªa las exigencias sobre el euskera llev¨® a UPyD a elevar hasta la Comisi¨®n Europea este caso de ¡°discriminaci¨®n ling¨¹¨ªstica en las licitaciones p¨²blicas¡±, seg¨²n esta formaci¨®n. Una pregunta de su europarlamentario Francisco Sosa Wagner puso en marcha una investigaci¨®n de las autoridades europeas, seg¨²n anunci¨® en febrero de 2013 el comisario de Mercado Interior, Michael Barnier: ¡°Se propone iniciar una investigaci¨®n con el fin de hacer una evoluci¨®n f¨¢ctica y jur¨ªdica de la pr¨¢ctica administrativa¡± denunciada. Barnier lleg¨® incluso a dejar la puerta abierta a ¡°adoptar medidas¡± en el caso de apreciar alguna irregularidad.
La iniciativa presentada por UPyD en Bruselas fue muy criticada por el director foral de Euskera, Zigor Etxeburua, quien acus¨® al citado partido pol¨ªtico de ¡°sembrar la discordia tomando como excusa el euskera¡±. La Diputaci¨®n aclar¨® entonces que en las contrataciones p¨²blicas ¡°habr¨¢ dos tipos de requerimientos ling¨¹¨ªsticos: euskera y castellano (r¨¦gimen de doble oficialidad ling¨¹¨ªstica que todos los contratos deben cumplir de manera ineludible) y ¨²nicamente euskera¡±. Para este ¨²ltimo supuesto, ¡°el contrato se ejecutar¨¢ necesariamente en euskera cuando las caracter¨ªsticas propias de la prestaci¨®n que se contrata as¨ª lo exijan, y que se determinar¨¢n y razonar¨¢n debidamente en el pliego de condiciones administrativas del contrato¡±.
El Gobierno foral considera que ¡°la administraci¨®n est¨¢ obligada a actuar en euskera¡± y que no hay ¡°ninguna actividad exenta del cumplimiento de esta obligaci¨®n, ni siquiera la contrataci¨®n p¨²blica¡±. Ante la falta de una resoluci¨®n o comunicaci¨®n de la Comisi¨®n, UPyD ha vuelto a registrar una nueva pregunta. En un escrito del pasado 13 de enero, Sosa Wagner interpela al Ejecutivo europeo si ¡°inici¨® la investigaci¨®n anunciada¡±, ¡°qu¨¦ tr¨¢mites se han realizado¡± y si ¡°ha propuesto la Comisi¨®n alguna medida concreta para garantizar que no se quiebre una m¨ªnima igualdad de los empresarios en los contratos p¨²blicos¡± de la Diputaci¨®n guipuzcoana.
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