Otro excargo del PP culpa al ¨¢rea de Presidencia de contratar con G¨¹rtel
El exdirector de la entidad achaca a una de sus secretarias la gesti¨®n del contrato
El exsubdirector de Castell¨® Cultural, Vicente Farn¨®s, pag¨® m¨¢s de 200.000 euros a la trama G¨¹rtel en contratos. Sin publicidad. Sin concurso. Sin transparencia. Y con un objetivo, seg¨²n la fiscal¨ªa: desterrar a la competencia para premiar a la constelaci¨®n empresarial pilotada por el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. Y todo fue posible gracias al visto bueno que imprimi¨® en forma de autorizaci¨®n la exdirectora general de Promoci¨®n Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, seg¨²n dijo este lunes Farn¨®s al juez.
¡°Todo fue legal¡±, remarc¨® el exsubdirector de Castell¨® Cultural durante las dos horas que declar¨® como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) ante el juez Jos¨¦ Ceres, que indaga la legalidad de 70 contratos que la Generalitat otorg¨® al entramado G¨¹rtel durante el mandato de Francisco Camps (2003-2011).
Farn¨®s, que fue destituido del cargo el pasado mes tras su imputaci¨®n y que es miembro del Consell Valenci¨¤ de Cultura, dijo que confi¨® la organizaci¨®n del segundo Congreso de Software Libre en 2005 siguiendo las instrucciones de otra imputada, la exdirectora general de Archivos e Innovaci¨®n Tecnol¨®gica Silvia Caballer. Ella fraccion¨® ¡ªseg¨²n la investigaci¨®n¡ª cuatro contratos menores de 12.020 euros con Orange Market, franquicia valenciana de la trama dirigida por ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. ¡°El encargo ya me vino dado¡±, espet¨® Farn¨®s, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a su declaraci¨®n.
El juez sospecha que maniobr¨® para adjudicar a dedo a la trama
El imputado indic¨® que recurri¨® a la red corrupta para la campa?a de publicidad del d¨¦cimo aniversario de Castell¨® Cultural, en 2007, ¡°porque se lo recomend¨® su secretaria¡±. El trabajo cost¨® 140.674 euros. ¡°Ella me dijo que hab¨ªa una empresa, Orange Market, que estaba interesada y le hice caso¡±. Una afirmaci¨®n que choca con la expresada ante el juez por la aludida, que atribuy¨® durante su declaraci¨®n como testigo la contrataci¨®n con G¨¹rtel a su jefe.
En un intento de defender la higiene del proceso de adjudicaci¨®n, Farn¨®s argument¨® que llam¨® a ¡°dos empresas¡± para que concurrieran a los contratos del d¨¦cimo aniversario de Castell¨® Cultural. No existe prueba alguna de que esto fuera as¨ª. Ni informe que acredite que otras firmas participaron en un concurso. Solo la sospecha de una ficci¨®n para simular la higiene en una adjudicaci¨®n que acab¨® en manos del entramado de Correa.
En esta l¨ªnea de defensa, Farn¨®s insisti¨® en que pidi¨® tres presupuestos. Y que Orange Market le entreg¨® su ¡°oferta en mano¡± el 15 de enero de 2007. Un dato que, de nuevo, se estrella con la informaci¨®n que maneja la investigaci¨®n. Un informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (Udef) de la Polic¨ªa Nacional recoge que el documento inform¨¢tico del presupuesto fue creado un mes despu¨¦s, en febrero, a posteri. Entonces, el contrato fue remitido para su aprobaci¨®n a la exdirectora general de Promoci¨®n Institucional de la Generalitat Dora Ibars.
El imputado achaca a Silvia Caballer el fraccionamiento de un contrato
El juez Jos¨¦ Ceres sospecha que Farn¨®s maniobr¨® para adjudicar a dedo m¨¢s de 200.000 euros al entramado empresarial del cabecilla de G¨¹rtel, Francisco Correa. Y que sigui¨® el modus operandi de la trama ¡ªfraccionamiento en contratos menores¡ª para eludir la publicidad y garantizar dos suculentos negocios a la red: la organizaci¨®n del segundo Congreso de Software Libre en 2005 y la campa?a de publicidad del d¨¦cimo aniversario de Castell¨® Cultural, en 2007. La firma Orange Market, sat¨¦lite de G¨¹rtel en tierras valencianas, recibi¨® una adjudicaci¨®n directa de 140.674 por este ¨²ltimo trabajo. Una decisi¨®n que impidi¨® la competencia de otras empresas, seg¨²n un informe de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado que maneja el magistrado.
La ¡®f¨¢brica¡¯ de facturas de la red
El juez de la rama valenciana del caso G¨¹rtel, Jos¨¦ Ceres, se interes¨® por el trasfondo de varios correos electr¨®nicos que el exconsejero delegado de Orange Market, C¨¢ndido Herrero, remiti¨® a la administradora de las empresas de la red pilotada por Francisco Correa, Isabel Jord¨¢n. ¡°Fabrica literatura¡±, instaba Herrero a su compa?era en una misiva que deslizaba la elaboraci¨®n de facturas y presupuestos ficticios para las constructoras Facsa, Cyes, Llanera, Sedesa y Lubasa.
Jord¨¢n, que como su compa?ero est¨¢ imputada en la causa, neg¨® que el Grupo Correa prestase trabajo alguno a las dos ¨²ltimas empresas. Rechaz¨® que la red se encargara de unos trabajos para cambiar la imagen corporativa de Sedesa y de la elaboraci¨®n de lonas y carteles de Lubasa. ¡°No recuerdo que se hicieran esos trabajos¡±, admiti¨® la extrabajadora de Orange Market. Insisti¨® en que, de haber realizado el servicio, hubiera quedado constancia en el sistema inform¨¢tico de las oficinas de la firma de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes. ¡°No abr¨ª ninguna carpeta en el ordenador al respecto¡±, dijo.
Jord¨¢n declar¨® por videoconferencia junto con la administradora de Orange Market, M¨®nica Magari?os. Las dos imputadas se mostraron esquivas en su comparecencia ante el juez Jos¨¦ Ceres en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que investiga la adjudicaci¨®n de decenas de contratos a la red durante el mandato de Francisco Camps.
Entre los 175 imputados del caso G¨¹rtel figuran los responsables de las constructoras nombradas por Jord¨¢n: el representante de Cyes Felipe Almenar, y el propietario de Sedesa y sobrino del presidente de las Cortes, Vicente Cotino.
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