Los inquilinos de los pisos sociales privatizados denuncian abusos

Cuando los vecinos volvieron de vacaciones de verano y leyeron la carta que les comunicaba que su piso de protecci¨®n oficial depend¨ªa a partir de ahora de una empresa privada empezaron a preocuparse. En teor¨ªa, nada ten¨ªa que cambiar, puesto que la propiedad est¨¢ obligada a mantener las mismas condiciones a los inquilinos. Pero pocos meses m¨¢s tarde, cuando su contrato caduc¨® y tuvieron que renovarlo, empezaron las sorpresas.

El precio del alquiler se ha mantenido ¡ªsolo se le aplica la actualizaci¨®n del IPC¡ª pero el resto de partidas incluidas en el recibo de fin de mes han crecido notablemente y han aparecido otras de nuevas. Seg¨²n los vecinos, adem¨¢s de dispararse un 50% la cuota de mantenimiento de la escalera, tambi¨¦n tienen que abonar unos 200 euros m¨¢s de dep¨®sito para realizar el nuevo contrato, pagar un seguro y adem¨¢s se obliga a los inquilinos de las fincas que tienen plaza de garaje a alquilar tambi¨¦n una por de 120 euros, aunque no tengan ning¨²n veh¨ªculo. Tambi¨¦n denuncian que hay una cl¨¢usula del contrato que les obliga a autorizar a la propiedad a comercializar sus datos personales, donde figura incluso sus ingresos.

¡°Se ha llegado al punto que el metro cuadrado de estos pisos est¨¢ al mismo nivel que los de obra nueva en Nou Barris¡±, denuncia Pep Ortiz, el representante de la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que desde hace semanas est¨¢ ayudando a los vecinos afectados. Los pisos miden unos 40 metros cuadrados y entre todas las cuotas pueden llegar a costar m¨¢s 400 euros al mes.

El calendario aprieta, ya que la mayor¨ªa de contratos ¡ªque son de cinco a?os¡ª empiezan a caducar estos d¨ªas y en los pr¨®ximos meses se tendr¨¢n que volver a negociar. Los vecinos afectados se est¨¢n organizando y de momento han conseguido el apoyo de la FAVB y de la asociaci¨®n 500x20 y tambi¨¦n el compromiso de reunirse, a principios de marzo, con el delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Sorolla. La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona son los responsables de garantizar que los nuevos propietarios cumplen con sus compromisos. En declaraciones a este diario, Sorolla explic¨® que el Ayuntamiento todav¨ªa no tiene toda la informaci¨®n pero avanz¨® que ya han encargado un ¡°informe jur¨ªdico¡± para detectar si se est¨¢ produciendo irregularidades. Sorolla asegur¨® que ¡°si el dictamen jur¨ªdico confirma que hay alguna iregularidad, por descontado que se actuar¨¢¡±.

El cambio de propiedad se produjo el a?o pasado, cuando Col¨®n Viviendas, empresa filial de Azora Gesti¨®n ¡ª la inmobiliaria que gestiona los fondos de Goldman Sachs¡ª adquiri¨® cuatro promociones de protecci¨®n social que hab¨ªan sido construidas por REGESA y que estaban en manos de la Fundaci¨®n Privada Pisos de Alquiler, que tambi¨¦n depende del Consell Comarcal del Barcelon¨¨s. Las promociones est¨¢n repartidas por Nou Barris, Les Corts y Sant Andreu.

Col¨®n Viviendas compr¨® los 298 pisos tras ganar un concurso p¨²blico y pagar 11,4 millones de euros. Seg¨²n los pliegues del concurso, la inmobiliaria debe mantener las condiciones actuales a todos los inquilinos.

La empresa Azora Gesti¨®n, propietaria ahora de las viviendas de protecci¨®n, reconoci¨® a este diario que ¡°en algunos edificios solo hay disponibles pisos con una plaza de garaje vinculada¡±, de manera que los inquilinos est¨¢n obligados a alquilarla tambi¨¦n. Las plazas se deben alquilar adem¨¢s por valor de 120 euros mensuales, un precio superior incluso al que se paga en barrios como el Eixample. Todas las preguntas que la empresa respondi¨® fueron a trav¨¦s del correo electr¨®nico.

El consejero delegado de REGESA y vicepresidente de la Fundaci¨®n Pisos de Alquiler Jaume Vendrell, es una de las personas que mejor conoce la operaci¨®n. Seg¨²n consider¨® es ¡°inadmisible¡± que se obligue a alquilar tambi¨¦n el aparcamiento ya que en ninguna de las promociones afectadas ¡°el piso y la plaza de garaje figuran como la misma unidad cadastral¡±.

Otro punto que preocupa a las Administraciones y a los vecinos es si la nueva empresa est¨¢ respetando la lista ¨²nica del registro de solicintantes del Ayuntamiento de Barcelona. Nadie que no est¨¦ inscrito en esta lista tiene derecho a alquilar un piso de protecci¨®n pero, adem¨¢s, la empresa tiene que respetar el orden de los solicitantes. Para alquilar el m¨¢ximo de pisos posibles en poco tiempo, y as¨ª conseguir m¨¢s beneficios, la nueva empresa propietaria ofrece los pisos por Internet y cuando encuentra un interesado, le pide que se apunte al registro. ¡°Sabemos que no respetan el orden de la lista y estamos comprobando si podemos tomar medidas y multarles¡±, avanz¨® Antoni Sorolla, delegado de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Adem¨¢s, al tratarse de pisos sociales, solo pueden acceder las personas que cumplan unos requisitos determinados, como ser j¨®venes, no tener ninguna vivienda en propiedad y tener pocos ingresos.

El Ayuntamiento investiga si el fondo vulnera las listas de acceso a los pisos

Todos los nuevos contratos que se firmen en cualquiera de estas promociones tendr¨¢n que pasar por las manos de la Generalitat, que comprobar¨¢ que la empresa privada sigue cobrando los mismos precios de alquiler. Pero el resto de partidas, como el mantenimiento de la escalera, s¨ª que se pueden encarecer, siempre que la empresa justifique el coste del servicio. Hasta ahora los inquilinos pagaban entre 38 i 45 euros al mes, en funci¨®n de cada piso, y seg¨²n lo vecinos consultados, ahora el precio puede llegar a los 65 euros. Seg¨²n defienden, nunca han recibido ninguna factura que justifique el coste del servicio. Los vecinos consultados, que quieren mantenerse en el anonimato porque temen represalias, aseguran que ¡°el mantenimiento de la finca es nefasto¡±.

La empresa Azora Gesti¨®n tambi¨¦n adquiri¨® el a?o pasado 3.000 viviendas de protecci¨®n de la Comunidad de Madrid. Este tipo de operaciones en las que fondos de inversi¨®n compran pisos p¨²blicos para gestionarlos durante un tiempo todav¨ªa no se hab¨ªan producido en Barcelona. En las promociones que la empresa ha adquirido en la capital catalana, la propiedad volver¨¢ a manos del Ayuntamiento de Barcelona pasados 75 a?os. Es durante todo este tiempo que la firma espera amortizar su inversi¨®n y obtener beneficios. ¡°Estas empresas son mucho m¨¢s ¨¢giles que la administraciones p¨²blicas a la hora de encontrar nuevos inquilinos o de echar a los que no pagan sus mensualidades, de manera que consiguen m¨¢s dinero¡±, explic¨® una de las personas que particip¨® en la privatizaci¨®n de las cuatro promociones.

Por contra, los beneficios que consigue la administraci¨®n p¨²blica con esta operaci¨®n, es el ingreso de una gran suma de dinero que puede destinar a la construcci¨®n de otros pisos de protecci¨®n. El riesgo, seg¨²n se est¨¢ demostrando en este caso, es que la gesti¨®n de las viviendas de protecci¨®n por parte de una empresa privada puede perjudicar a los inquilinos.