La Generalitat denuncia que el sistema castiga a Catalu?a, Madrid y Murcia
El Ejecutivo de Mas elabora un informe que eval¨²a el funcionamiento del modelo de financiaci¨®n entre 2009 y 2012
Catalu?a ha decidido mover ficha en la batalla de la financiaci¨®n auton¨®mica. Tras la publicaci¨®n de las balanzas por la Comunidad de Madrid y de un documento de agravios por la Junta de Extremadura, el Ejecutivo de Artur Mas ha elaborado un informe que eval¨²a el funcionamiento del modelo de financiaci¨®n auton¨®mica entre 2009 y 2012. Los datos en los que se basa eran ya conocidos: Catalu?a es la tercera comunidad que m¨¢s recauda y la d¨¦cima en recursos per c¨¢pita despu¨¦s de pasar por los fondos de solidaridad territorial. El informe denuncia que la evoluci¨®n del modelo ha supuesto que Catalu?a, Murcia y Madrid reciban menos recursos en 2012 que en 2009.
El informe, que se remitir¨¢ al grupo de trabajo del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF), viene a criticar el actual modelo por su complejidad, arbitrariedad y "sobrenivelaci¨®n". Por ejemplo, el documento expone la complejidad del fondo de competitividad, cuyo importe finalmente es el 80% inferior a lo previsto. El documento incide en varios criterios que a juicio de la Generalitat deber¨ªan ser corregidos. Para empezar, el documento, que hoy avanza La Vanguardia, se?ala que mientras los recursos del Gobierno central han aumentado un 7% en el periodo 2009-2012, mientras que los de las comunidades lo han hecho un 2,5%.
El documento tambi¨¦n critica la "falta de espacio para las pol¨ªticas fiscales" y la falta de "autonom¨ªa financiera" de las comunidades. La Generalitat recuerda que las comunidades reciben transferencias al margen del modelo de financiaci¨®n, del Fondo de Compensaci¨®n Interterritorial y los fondos europeos. Si se tienen en cuenta todos esos recursos Catalu?a ocupa el 11? lugar en euros por habitante. Por ¨²ltimo, el Ejecutivo catal¨¢n tambi¨¦n denuncia que el Estado haya "incumplido reiteradamente lo establecido en la ley de financiaci¨®n" en cuanto al principio de "lealtad institucional", es decir, una valoraci¨®n del impacto que las decisiones del Gobierno central "hayan podido tener sobre las comunidades aumentando los gastos o disminuyendo los ingresos".
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