Rodr¨ªguez reconoce que habr¨¢ que pagar algunos gastos a las concesionarias

El consejero de Sanidad, Javier Rodr¨ªguez, ha reconocido hoy durante el pleno de la Asamblea que el Gobierno regional tendr¨¢ que pagar alguno de los gastos en los que incurrieron las tres concesionarias que ganaron el concurso p¨²blico para gestionar seis hospitales. Rodr¨ªguez ha anunciado tambi¨¦n que dos de esas empresas han acordado con la Consejer¨ªa no reclamar. Se trata de Sanitas y Ribera Salud. Sanitas ha firmado ya un documento con el acuerdo, mientras que Ribera Salud a¨²n no ha trasladado su intenci¨®n al papel, seg¨²n ha explicado una portavoz. Rodr¨ªguez anunci¨® a finales de febrero que las concesionarias renunciaban a reclamar a la Administraci¨®n despu¨¦s de que esta paralizara el proceso de privatizaci¨®n. Horas despu¨¦s las empresas le desment¨ªan. Las negociaciones de d¨ªas posteriores acaban de dar sus frutos.

Rodr¨ªguez ha explicado durante el pleno que la tercera empresa adjudicataria, la puertorrique?a Hima San Pablo, a¨²n est¨¢ negociando con la Consejer¨ªa. El consejero ha insistido en que la Administraci¨®n no va a pagar lucro cesante, puesto que los contratos de gesti¨®n nunca llegaron a firmarse. Eso es lo que los expertos en derecho administrativo han estado afirmando desde que el Gobierno regional renunci¨® a seguir adelante con su plan privatizador. Sin embargo, estos mismos expertos aseguran que las empresas s¨ª tienen derecho a reclamar gastos en los que hayan incurrido durante el concurso, puesto que la Administraci¨®n lo convoc¨® y lleg¨® a adjudicar los seis hospitales. La decisi¨®n de paralizar el proceso la tom¨® el Gobierno regional, no los juzgados, que ¨²nicamente lo mantienen suspendido cautelarmente hasta que estudien las denuncias y dicten sentencia. La Comunidad de Madrid sigue sin publicar en el Bolet¨ªn Oficial que renuncia al concurso y tampoco ha enviado una comunicaci¨®n al juzgado.

"La posici¨®n de Ribera Salud es no reclamar a la Administraci¨®n, y as¨ª se lo hemos comunicado. No hemos firmado ning¨²n documento porque esta posici¨®n tiene que ser ratificada por el consorcio en los pr¨®ximos d¨ªas", ha asegurado una portavoz de la empresa. "L¨®gicamente los intereses habr¨¢ que pagarlos", ha dicho Rodr¨ªguez en el pleno, refiri¨¦ndose a la tercera empresa, Hima San Pablo. "Nos han dicho que probablemente nos pasar¨ªan unos gastos que han tenido; cuando los veamos los podremos analizar", ha a?adido. "Si no hay acuerdo lo que tendr¨¢n que hacer ser¨¢ reclamarlo por v¨ªa judicial", ha concluido.

El portavoz de Sanidad del grupo socialista, Jos¨¦ Manuel Freire, ha preguntado al consejero qu¨¦ ha prometido a las empresas a cambio de que estas renuncien a reclamar da?os y perjuicios. "?Ha habido alg¨²n quid pro quo?", ha cuestionado, y ha a?adido que "no hay nada gratis" y que es necesario que haya transparencia en el proceso. Los partidos de la oposici¨®n han pedido a la Consejer¨ªa de Sanidad que haga p¨²blicos los acuerdos con las empresas para comprobar en qu¨¦ t¨¦rminos se han firmado. El portavoz de UPyD, Enrique Normand, ha calificado de "nuevo ejemplo de la gesti¨®n temeraria de la sanidad madrile?a" el proceso de privatizaci¨®n. Por su parte, el portavoz de IU, Rub¨¦n Bejarano, ha pedido al Gobierno regional que "no vuelva a repetir este desastroso proceso".

Un negocio considerable

El plan del Gobierno regional supon¨ªa un negocio considerable para las concesionarias. La gesti¨®n sanitaria de seis hospitales durante 10 a?os se sac¨® a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los d¨ªas 6, 9 y 19 de agosto pasado, un mes considerado inh¨¢bil para muchos actos administrativos, pero que la Comunidad aprovech¨® para acelerar el proceso.

Los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales, pero el Gobierno regional sigui¨® adelante sin esperar a sus decisiones. El 3 de septiembre un primer juzgado ordinario dict¨® la suspensi¨®n cautelar. El 11 de septiembre hizo lo propio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No dio tiempo a que el Gobierno regional formalizara los contratos con las empresas. No llegaron a firmar.

Una de las irregularidades que Afem denunci¨® al TSJM fue la modificaci¨®n que hizo la Comunidad de Madrid en las condiciones del concurso solo cuatro d¨ªas antes de que se cerrara el plazo. Public¨® en el Bolet¨ªn Oficial, como correcci¨®n de errores, un cambio sustancial en la garant¨ªa que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Incluy¨® la palabra ¡°anual¡± en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la pr¨¢ctica en una reducci¨®n del 90% del aval, puesto que el contrato de concesi¨®n es por 10 a?os. El TSJM considera que ese cambio ¡°podr¨ªa haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva¡±. Es una de las razones por las que suspendi¨® cautelarmente el plan.