El precio de exigir justicia
La familia de un c¨¢mara asesinado en 2007 en Tetu¨¢n tiene que pagar 4.000 euros en costas judiciales por demandar al Estado la responsabilidad civil
La vida de Carlos Ruiz y de su familia transcurr¨ªa con tranquilidad en 2007. Su hijo, Iv¨¢n, trabajaba como c¨¢mara para diversos medios y hab¨ªa logrado independizarse. ¡°En esa ¨¦poca mi empresa de eventos culturales empez¨® a crecer y le llam¨¦ para venir a trabajar conmigo. Antes de empezar, hizo un viaje a Brasil, en julio, para descansar¡±, recuerda Carlos. Todo iba bien. Hasta el 8 de noviembre de ese mismo a?o, cuando un hombre, que cumpl¨ªa un a?o de pena de tratamiento m¨¦dico vigilado, invadi¨® la casa de Iv¨¢n y le quit¨® la vida. Como si no fuera lo suficiente, su familia tiene hoy una deuda con el Estado: el Tribunal Supremo no reconoci¨® la responsabilidad del Estado por el asesinato de Iv¨¢n y oblig¨® el pago de 4.000 euros de costas del juicio.
Eran las nueve de la noche del 8 de noviembre de 2007 cuando Iv¨¢n Ruiz, de 31 a?os, lleg¨® con una amiga a su casa, en la calle de Carmen Montoya, cerca de la plaza de Castilla, en Madrid. En su garaje estaba Jes¨²s Borja, que hab¨ªa entrado para robar. Pistola en la mano, el hombre enca?on¨® a Iv¨¢n cuando este sali¨® de su coche. La v¨ªctima lleg¨® a ofrecer su cartera a Borja, que la rechaz¨®. Iv¨¢n entonces sali¨® a la calle y empez¨® a correr. Borja, a disparar. La ¨²ltima bala del arma le alcanz¨® a Iv¨¢n en la cabeza.
Borja fue condenado a 18 a?os de prisi¨®n por tenencia ilegal de armas y asesinato en 2009. Aquel d¨ªa ya hab¨ªa cumplido cuatro a?os de prisi¨®n por varios delitos de robo y, en 2007, cumpl¨ªa una pena de libertad vigilada y se encontraba bajo tratamiento m¨¦dico. ¡°Siempre se met¨ªa en conflictos en el barrio y, en ese mismo d¨ªa, ya hab¨ªa intentado atracar otros dos establecimientos. Ya era bastante conocido en esa zona¡±, narra Carlos. ¡°No deb¨ªa estar en la calle¡±.
Carlos Ruiz y su familia decidieron, a trav¨¦s de la Asociaci¨®n Nacional de V¨ªctimas de Delitos Violentos, interponer en 2010 una demanda en el Tribunal Supremo, argumentando que Jes¨²s Borja no cumpl¨ªa el tratamiento de ambulatorio previsto por su condena y se encontraba en la calle fuera de control. Reclamaron, entonces, que el Estado se responsabilizara del asesinato de Iv¨¢n y pagara una indemnizaci¨®n de 300.000 euros.
¡°Es una verg¨¹enza. Me niego a pagarlo¡±, dice el padre de la v¨ªctima
La sentencia reconoce que el asesino de Iv¨¢n ten¨ªa otros antecedentes penales y no cumpl¨ªa con el tratamiento externo. Pero concluye que, si lo estuviera cumpliendo, no estar¨ªa impedido de asesinar a alguien, ya que su sentencia ¡°no le privaba de su libertad¡±. La familia decidi¨® intentar un recurso de casaci¨®n para intentar anular la sentencia. En julio de 2013, el Supremo lo deneg¨® y conden¨® a la familia a pagar 4.000 euros por las costas del juicio.
Jos¨¦ Miguel Ayll¨®n Camacho, abogado y presidente de la Asociaci¨®n Nacional de V¨ªctimas de Delitos Violentos, argumenta que hay una discriminaci¨®n en el tratamiento de las v¨ªctimas en Espa?a. ¡°Cuando se trata de una v¨ªctima de terrorismo, el Estado paga una indemnizaci¨®n. En otros casos, sin embargo, se niega a reconocer los derechos de los afectados y, encima, condena a pagar las costas¡±. Ayll¨®n opina, adem¨¢s, que se trata de un problema econ¨®mico. ¡°Si no tuviera que pagar una indemnizaci¨®n, el Estado s¨ª asumir¨ªa la responsabilidad¡±.
No hay manera de anular la sentencia. ¡°Es normal, as¨ª es la ley. Siempre hay el riesgo de pagar las costas del juicio cuando se interpone un recurso de casaci¨®n¡±, reconocieron los letrados consultados por EL PA?S. Carlos Ruiz admite que su familia sab¨ªa de esta posibilidad. ¡°La asociaci¨®n nos avis¨®, pero decidimos intentar por pensar que era lo correcto¡±, asegura. ¡°No lo hicimos por la indemnizaci¨®n, que no nos va a traer nuestro hijo¡±.
La madre de Iv¨¢n ya pag¨® la mitad de los 4.000 euros porque quer¨ªa verse libre del problema, asegura Carlos. Los otros 2.000 euros todav¨ªa est¨¢n pendientes. ¡°No tengo este dinero ahora. Pero aunque lo tuviera, me niego a pagar¡±, sostiene. El riesgo es que le embarguen. Pero insiste: ¡°Es una verg¨¹enza. Matan a mi hijo y, encima, tengo que pagar 4.000 euros¡±.
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