Una oportunidad para negociar

Si alguna cosa ha sido elocuente en las dos ¨²ltimas semanas ha sido la clamorosa derrota de quienes durante dos a?os se han hartado de proclamar que ni existe ni puede existir ese derecho a decidir cuya pr¨¢ctica se propone en Catalu?a. Aunque justo es reconocer que ha habido y hay motivos para la confusi¨®n. Y el primero de ellos es que muy poco despu¨¦s de que el Parlamento catal¨¢n planteara el ejercicio de este derecho mediante una consulta a los ciudadanos los aliados independentistas del Gobierno de Artur Mas y una parte de CiU la convirtieron en sin¨®nimo de refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Y sus adversarios tambi¨¦n.

Lo que ha sucedido ahora es que, contra lo que todas las partes esperaban, un Tribunal Constitucional necesitado de legitimaci¨®n decidi¨® no atender la petici¨®n del Gobierno de Mariano Rajoy para que descalificara el derecho a decidir planteado por el Parlamento catal¨¢n. En su sentencia del 25 de marzo hizo lo contrario, lo puso en valor, se?al¨® que existen cauces legales para su ejercicio y que el m¨¦todo para hacerlo real es el di¨¢logo y la negociaci¨®n.

El presidente Artur Mas y su Gobierno tardaron mucho en darse cuenta de que esta sentencia era la primera buena noticia que recib¨ªan desde las instituciones centrales del Estado desde que hace cuatro a?os plantearon que la ciudadan¨ªa catalana se pronunciara sobre su futuro pol¨ªtico nacional. Al consejero Francesc Homs le cost¨® una semana admitir que el Tribunal Constitucional acababa de se?alar una v¨ªa pol¨ªtica ¡ª y legal, claro¡ª para convocar la consulta.

Al Gobierno de Rajoy le ocurri¨® algo parecido, sino lo mismo. Puso el acento en la primera parte de la sentencia del Tribunal, la relativa a la soberan¨ªa y sus sujetos, que s¨ª atiende la anulaci¨®n pedida por el Gobierno espa?ol. Lo mismo hicieron la casi totalidad de los medios de comunicaci¨®n, tanto en Madrid como en Barcelona.

La fortaleza del planteamiento catal¨¢n reside en que se ha formulado siempre, desde el primer momento, en base al principio democr¨¢tico

Se comprende que as¨ª haya sido, porque en un conflicto pol¨ªtico que, en el fondo, es una pugna entre nacionalidades, todo lo relativo a la soberan¨ªa es un aspecto ciertamente llamativo, pol¨ªticamente apetitoso. Adem¨¢s, esta parte de la sentencia permit¨ªa a las partes seguir en sus respectivos enrocamientos. Pero han pasado dos semanas y cada d¨ªa se ve con mayor claridad que la sustancia pol¨ªtica actual del conflicto no es la ret¨®rica sobre la soberan¨ªa sino la viabilidad pol¨ªtica, no la jur¨ªdica, que siempre ha existido, de una consulta a los ciudadanos de Catalu?a sobre su futuro pol¨ªtico.

Llegados a este punto, el calendario pol¨ªtico ofrece hoy a ambas partes una oportunidad para dialogar y negociar. El Gobierno espa?ol debiera tener en cuenta hoy que el debate en el Congreso de los Diputados es una ocasi¨®n solemne como pocas para aclarar o enrarecer m¨¢s la relaci¨®n pol¨ªtica entre Catalu?a y el resto de Espa?a. No ser¨ªa extra?o que prefiriera seguir complic¨¢ndola, porque el PP sabe que darle le?a a los catalanes es rentable en una amplia franja del electorado espa?ol, y m¨¢s a dos meses de unas elecciones en las que est¨¢ muy presente la tentaci¨®n de un voto de castigo a los partidos gobernantes de la crisis econ¨®mica.

Lo que se debate es una propuesta para la consulta que cuenta con el apoyo del 80% del Parlamento catal¨¢n y todo apunta a que va a ser rechazada por el 80% del Congreso. Un choque que convendr¨ªa ahorrarse.

La fortaleza del planteamiento catal¨¢n reside en que se ha formulado siempre, desde el primer momento, en base al principio democr¨¢tico. Frente a ¨¦l, el Gobierno del PP ha opuesto durante dos a?os largos el principio de legalidad y se ha escudado para ello, sobre todo, en la Constituci¨®n espa?ola. Sus portavoces, los del PP y los de los partidos del nacionalismo espa?olista que le secundan en esta cerrada posici¨®n, han repetido una y otra vez que no puede haber consulta porque las leyes no lo permiten y porque un refer¨¦ndum como el que solicita el Parlamento catal¨¢n afecta a la soberan¨ªa, algo de lo que solo puede disponer la totalidad del cuerpo electoral espa?ol. Pero desde que Rubio Llorente dijo, hace ya muchos meses, que si se quer¨ªa pod¨ªa haber v¨ªas jur¨ªdicas y constitucionales para encauzar el conflicto, el Gobierno estaba en falso en este aspecto.

El Tribunal Constitucional lo ha dejado en evidencia. Ahora todo el mundo sabe perfectamente que la invocaci¨®n a las leyes y la Constituci¨®n es una mera excusa pol¨ªtica. O una cosa peor: otro intento de interpretar la Constituci¨®n no solo a la baja, como se hizo en 2010 con el Estatuto de Autonom¨ªa, sino con una involuci¨®n democr¨¢tica. Ser¨ªa un desprop¨®sito, sino un insulto, que a un problema pol¨ªtico cuya esencia es el reconocimiento nacional de Catalu?a y lo que de ¨¦l deriva se respondiera hoy ofreciendo dialogar sobre dinero, con la idea de que al fin y al cabo se trata del viejo asunto de los catalanes y ya se sabe que eso es lo ¨²nico que les mueve.