Alaya imputa de nuevo a dos excargos tras la correcci¨®n de la Audiencia

Segunda toma con diferentes protagonistas. La juez Mercedes Alaya ha imputado por segunda vez a los dos ex altos cargos de la Junta de Andaluc¨ªa Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, despu¨¦s de que la Audiencia de Sevilla le pidiera que detallara su primera acusaci¨®n, al igual que ocurri¨® con la exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Magdalena ?lvarez. Despu¨¦s de su inicial imputaci¨®n en el caso ERE, que los jueces tumbaron por falta de motivaci¨®n, Alaya? ha puntualizado en un nuevo auto sus acusaciones sobre una supuesta actuaci¨®n negligente como exdirectores generales de Presupuestos de la Consejer¨ªa de Hacienda.

La magistrada achaca a ambos su papel en el dise?o presupuestario de los ERE por el que se pag¨® el fondo, un procedimiento que Alaya considera ilegal.

La Audiencia hab¨ªa anulado su imputaci¨®n tras pedir ¡°mayor precisi¨®n¡± en los indicios penales. Y la juez ha detallado sus acusaciones: ¡°La fase de elaboraci¨®n presupuestaria origin¨® indiciariamente consecuencias de alarmante ilegalidad (...) degener¨® en una absoluta falta de control sobre los beneficiarios, sobre las cantidades dispuestas [721 millones] y su destino, adem¨¢s de un oscurantismo total para el com¨²n de la ciudadan¨ªa, pues no exist¨ªa publicidad de tales subvenciones, no exist¨ªan bases reguladoras¡±.

La juez considera que las subvenciones de la Consejer¨ªa de Empleo no se tramitaron por el procedimiento legal y no fueron fiscalizadas como ayudas p¨²blicas, sino como simples transferencias de financiaci¨®n [el mecanismo de pago elegido]. Mientras, el Gobierno andaluz defiende que el sistema empleado se inclu¨ªa cada a?o en la Ley de Presupuestos, aprobada por el Parlamento, lo que la convert¨ªa en ley e imposibilitaba su ilegalidad.

Alaya imputa a Lozano y Aguilera la responsabilidad para ¡°reflejar indebidamente gastos¡± y as¨ª ocultar informaci¨®n al Parlamento, que aprob¨® a?o tras a?o la Ley de Presupuestos, con una sola intenci¨®n, seg¨²n la magistrada: ¡°Otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal¡±. La juez apoya sus tesis en los informes de la Intervenci¨®n General del Estado y la C¨¢mara de Cuentas andaluza, que censuran el m¨¦todo, aunque sin tildarlo de ilegal.

Alaya achaca a Lozano que permitiera ¡°el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones¡± y acudiera a la reuni¨®n anual de t¨¦cnicos para elaborar cada a?o el anteproyecto del Presupuesto, cuyo contenido era ¡°analizar la eficacia de los programas¡± que se inclu¨ªan en el dicho Presupuesto. En ese contexto, la acusaci¨®n de Alaya concreta que Lozano, ¡°en connivencia con otros, pretend¨ªa conseguir un sistema f¨¢cil para la concesi¨®n de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social, se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervenci¨®n y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminaci¨®n¡±.

Seg¨²n su tesis, el ex alto cargo ¡°alter¨®¡± la realidad presupuestaria, concretamente en el presupuesto del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA) ¡°simulando la existencia de unos gastos¡± para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiaci¨®n.

Mientras, ante Alaya compareci¨® ayer como imputado el n¨²mero dos de Industria de CC OO, Jos¨¦ Luis Montesinos, a quien la juez imputa haber mantenido ¡°un negocio bilateral¡± con la consultora Vitalia por el que el sindicato percibi¨® comisiones a cambio de facilitar informaci¨®n para los ERE. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® para el dirigente sindical, que se neg¨® a declarar, una fianza civil de 12.234 euros, inform¨® Europa Press.

Por otra parte, tras la pol¨¦mica por enviar Alaya al Congreso y al Senado a la Guardia Civil para que notificara imputaciones a varios cargos aforados, hace 10 d¨ªas el Senado solicit¨® a Alaya el auto con la preimputaci¨®n del senador y expresidente de la Junta Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. Esta petici¨®n contraven¨ªa al presidente del Congreso, Jes¨²s Posada, cuando aclar¨® que las C¨¢maras solo se comunicaban con los jueces de instrucci¨®n a trav¨¦s del Tribunal Supremo.

Tras el error que cometi¨® Alaya al dirigirse directamente a las C¨¢maras y evitar al alto tribunal como veh¨ªculo de transmisi¨®n, ahora la juez subraya en una providencia c¨®mo la directora de documentaci¨®n del Senado le solicit¨® los dos autos de preimputaci¨®n de Gri?¨¢n, as¨ª como el auto de la Audiencia al respecto. Ante la pregunta de la secretaria del juzgado sobre si el conducto no deb¨ªa ser el Supremo, la directora de documentaci¨®n respondi¨® que no era necesario ¡°al tratarse de una comunicaci¨®n ordinaria¡±.

En paralelo, la Guardia Civil se ha personado en el Ayuntamiento de Algeciras (C¨¢diz) para llevarse documentaci¨®n relacionada con la Operaci¨®n Madeja, dirigida por Alaya y en la que se investiga las contratas y supuestos sobornos de la empresa Fitonovo en diferentes Ayuntamientos andaluces y canarios. El alcalde de Algeciras, Jos¨¦ Ignacio Landaluce (PP), confirm¨® la petici¨®n de los agentes sobre una supuesta adjudicaci¨®n irregular del anterior Gobierno (PSOE-IU) de obras en un polideportivo de la localidad.