Los agentes sociales cuestionan la utilidad del Consejo de Transparencia
Critican la duplicidad y consideran un error generar m¨¢s Administraci¨®n
Antes de que los tres grupos del Parlamento andaluz presenten el d¨ªa 10 de abril sus enmiendas parciales al proyecto de ley de Transparencia de Andaluc¨ªa, ya lo han hecho esta semana un total de 22 agentes sociales y organizaciones a modo de aportaciones en comisi¨®n parlamentaria, contribuciones que los grupos pueden o no asumir como propias. La primera ley del pacto de gobierno de PSOE e Izquierda Unida que se debate en la C¨¢mara ha recibido, salvo una excepci¨®n, el aplauso de los comparecientes, que han hecho dos peticiones gen¨¦ricas: que haya consenso pol¨ªtico y que sean valientes en la redacci¨®n final.
Tambi¨¦n con salvedades, hay una reclamaci¨®n muy amplia para que se elimine del proyecto de ley el Consejo de Transparencia y Protecci¨®n de Datos de Andaluc¨ªa, un ¨®rgano de nueva creaci¨®n que se constituye como autoridad independiente de control de la ley y que tendr¨¢ un presidente elegido por el Parlamento, al que ayudara una comisi¨®n consultiva.
Los agentes sociales cuestionan su utilidad, ya que entienden que hay duplicidades con otros entes. El Defensor del Pueblo Andaluz, aunque no lo pide expresamente, recuerda que en Canarias las funciones de garant¨ªa y control en transparencia las realiza el defensor de esa comunidad. Y resalta que el Estatuto de Autonom¨ªa para Andaluc¨ªa le otorga la correcci¨®n de las malas pr¨¢cticas administrativas. De hecho, el 15% de las quejas presentadas el a?o pasado afectan a esa materia.
El Defensor del Pueblo no es el ¨²nico que apuesta, m¨¢s o menos abiertamente, por la supresi¨®n del citado consejo. Tambi¨¦n lo suscribe la Confederaci¨®n de Empresarios de Andaluc¨ªa (CEA) que rechaza ¡°generar m¨¢s Administraci¨®n¡±. Y el sindicato CSIF, el mayoritario en la Administraci¨®n general de la Junta, considera un ¡°tremendo error crear el en¨¦simo ¨®rgano paralelo a la Administraci¨®n¡± andaluza.
Frente a estas posiciones, desde Transparencia Internacional se considera un ¡°avance important¨ªsimo¡± el Consejo de Transparencia, aunque reclama que dependa org¨¢nicamente el Parlamento y no del Gobierno y que su presidente se elija por mayor¨ªa cualificada ¡ªque obliga a un consenso mayor¡ª y no por mayor¨ªa absoluta.
A favor de este ¨®rgano, se expresa tambi¨¦n el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Emilio Guichot. Est¨¢ considerado como uno de los mayores expertos en transparencia y opina que la creaci¨®n del consejo es ¡°lo m¨¢s destacable¡± del proyecto, ya que ¡°vigilar¨¢ el cumplimiento de la ley y ante la que se podr¨¢ reclamar contra las denegaciones de informaci¨®n, obteniendo una respuesta r¨¢pida y sin coste, sin esperar a que el ciudadano quiera gastarse dinero en abogado, procurador, esperar unos a?os para una respuesta sobre una informaci¨®n que ya no tiene ninguna relevancia¡±. Guichot tiene dudas acerca de la idoneidad del Defensor del Pueblo para asumir esta tarea.
Tambi¨¦n hay divisi¨®n de opiniones sobre la obligatoriedad de la ley a la publicidad activa de todas las entidades que reciben dinero p¨²blico. CC OO apuesta por el deber de transparencia para las organizaciones sindicales respecto a la actividad vinculada a la recepci¨®n de subvenciones p¨²blicas, pero advierte que la fiscalizaci¨®n de las cuotas de sus afiliados no pueden estar sometidas a ¡°injerencias de los poderes p¨²blicos¡±. Tambi¨¦n la CEA, que hizo un exhaustivo an¨¢lisis del proyecto de ley y advirti¨® sobre cuestiones de seguridad jur¨ªdica, sostiene que ¡°no se puede asimilar¡± la publicidad activa de las administraciones con las de las organizaciones sindicales y empresariales, ya que debe quedar ¡°limitada a las subvenciones¡± que reciben. Por el contrario, Transparencia Internacional mantiene que ¡°no puede haber limitaciones para que la ciudadan¨ªa ejerza su derecho de acceso a la informaci¨®n y menos con la que est¨¢ cayendo¡±. En esta l¨ªnea, CSIF defiende que ¡°dada la gravedad de la situaci¨®n de descr¨¦dito que viven algunas fuerzas sindicales, la obligatoriedad de presentar cuentas no deber¨ªa tener ninguna excepci¨®n¡±.
El ¨²nico compareciente que desde?a la futura ley de Transparencia es la Asociaci¨®n Defiendo mi Derecho y la Gesti¨®n P¨²blica que la considera ¡°absolutamente prescindible¡± porque ¡°no aporta nada, salvo imprimir una marca totalitaria¡±.
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