Dos nuevas sentencias agravan la crisis del gobierno local de Santiago

Con diez de los trece concejales imputados en distintos casos de corrupci¨®n, incluido el alcalde, ?ngel Curr¨¢s, que lo est¨¢ en dos, y la Junta de Gobierno a un paso de sentarse en el banquillo por cargar la defensa de uno de los ediles a las arcas municipales, al Ayuntamiento de Santiago llegaron ayer dos nuevas sentencias para enmara?ar todav¨ªa m¨¢s la vida pol¨ªtica municipal. Ambas son contrarias al gobierno local. La del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) amenaza incluso el trabajo ordinario de la instituci¨®n puesto que afecta a tres altos funcionarios responsables de la supervisi¨®n legal y administrativa de los acuerdos que aprueba la instituci¨®n y que fueron elegidos a dedo por el actual ejecutivo.

El Tribunal Superior establece que el gobierno local cometi¨® una ilegalidad al autorizar en febrero de 2012 el fichaje de un secretario municipal, un interventor y un tesorero para apartar a los anteriores responsables de esas tres ¨¢reas fiscalizadoras de su gesti¨®n. La sentencia coincide con otra dictada por un juez de Santiago que anula las sanciones a un mando de la polic¨ªa local que acab¨® denunciando a sus superiores pol¨ªticos por acoso, un caso que mantiene imputado al actual regidor de la ciudad. La sentencia firme del TSXG contra el nombramiento de los tres altos funcionarios ha sido dictada en respuesta a un recurso presentado en su momento por el PSOE local. Los jueces indican que cuando se aprob¨® el acuerdo ya hab¨ªa entrado en vigor una ley estatal que imped¨ªa a las administraciones p¨²blicas contratar nuevo personal. El fallo judicial habla de una ¡°injustificada premura¡± y concluye que ¡°resulta evidente que con la ampliaci¨®n de la plantilla aprobada se est¨¢ vulnerando dicha norma¡± que lo prohib¨ªa.

El trasfondo de la decisi¨®n municipal ahora anulada se remonta al momento en que a¨²n ocupaba la alcald¨ªa el popular Gerardo Conde Roa, dimitido despu¨¦s al ser imputado por delito fiscal. Escuchas policiales de aquella ¨¦poca incluidas en la Operaci¨®n Pok¨¦mon ¡ªun sumario que indaga adjudicaciones irregulares y cohecho en distintas instituciones p¨²blicas, entre ellas el Ayuntamiento de Santiago¡ª destaparon un plan para relevar a los t¨¦cnicos municipales y sustituirlos por funcionarios afines al nuevo gobierno. En esas conversaciones interceptadas por la polic¨ªa, distintos ediles aluden a una supuesta complicidad de la Xunta para llevar a cabo los cambios, puesto que algunos requer¨ªan de la autorizaci¨®n del Ejecutivo de Feij¨®o.

La sentencia dice que ¡°en contra de lo que entiende la Direcci¨®n Xeral de Administraci¨®n Local¡± del Gobierno gallego, lo fundamental no es que los funcionarios sean seleccionados por la Xunta sino que ¡°pertenecen a la plantilla del correspondiente Ayuntamiento, que es quien ha de abonar sus retribuciones¡±. La otra sentencia conocida ayer, de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Santiago y desvelada por Europa Press, anulas sanciones de un mes y dos d¨ªas de empleo y sueldo que el gobierno local impuso a un polic¨ªa municipal, quien a su vez denunci¨® al alcalde y a otros cargos del Ayuntamiento por acoso y prevaricaci¨®n.

El agente, Jos¨¦ Antonio Carril, fue sancionado por supuestamente ausentarse de forma reiterada de Santiago con un veh¨ªculo oficial en su horario de trabajo. La sentencia judicial se?ala que queda probado un desplazamiento de Carril, en horario de servicio, al lugar de Biduido, en Ames, un d¨ªa en que hab¨ªa ¡°un Pleno conflictivo¡±. El propio polic¨ªa reconoci¨® ese viaje para ¡°recoger una llave¡± por una ¡°urgencia familiar¡±. Sin embargo, el juez se?ala que ¡°¨²nicamente est¨¢ reconocido y acreditado¡± ese desplazamiento, ¡°no estando probados¡± los otros dos en los d¨ªas anterior y posterior, que tambi¨¦n le imputaba el gobierno local, por lo que ¡°no se dan todos los elementos¡± para que se pueda hablar de reiteraci¨®n. ¡°Ello quiere decir que no existe correspondencia entre la actuaci¨®n imputada y sancionada y la norma tipificadora aplicada por la administraci¨®n¡±, se?ala el juez. La sentencia sustituye la sanci¨®n econ¨®mica por uso indebido del veh¨ªculo oficial por un apercibimiento verbal. Los pinchazos telef¨®nicos incorporados al caso Pok¨¦mon tambi¨¦n sirvieron para a?adir luz sobre este episodio. Varios cargos del Ayuntamiento planearon una denuncia falsa con la colaboraci¨®n del exjefe de gabinete del alcalde para relegar a un mando policial que resultaba inc¨®modo al gobierno local.