El gobierno municipal de Santiago ser¨¢ juzgado por prevaricaci¨®n

El gobierno municipal de Santiago quem¨® este mi¨¦rcoles el ¨²ltimo cartucho en su intento de evitar el juicio por prevaricaci¨®n contra siete de sus miembros, todos del Partido Popular. La Audiencia Provincial de A Coru?a desestim¨® el recurso de apelaci¨®n presentado por los siete concejales contra la decisi¨®n de una juez de la capital gallega que orden¨® sentarlos en el banquillo, acusados de tomar a sabiendas una resoluci¨®n ilegal cuando acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de otro edil del PP imputado en el caso Pok¨¦mon. Los miembros del ejecutivo local, entre los que no figura el alcalde, ?ngel Curr¨¢s, ausente de la sesi¨®n de la Junta de Gobierno en la que se tom¨® el acuerdo, el 30 de mayo de 2013, se enfrentan ahora a una solicitud del ministerio fiscal de nueve a?os de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos.

?El juicio se celebrar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 19 despu¨¦s de que la Audiencia haya avalado la mayor¨ªa de los argumentos esgrimidos en su d¨ªa por la juez del caso, Ana L¨®pez-Suevos, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Santiago. Tres magistrados de la Audiencia hicieron p¨²blico este mi¨¦rcoles un auto en el que ratifican que los ediles deben sentarse en el banquillo al considerar que ¡°existe la probabilidad, fundada en indicios racionales¡± de que tomasen un acuerdo ¡°injusto¡± cuando decidieron que las arcas municipales asumiesen de forma ¡°incondicionada¡± los gastos de defensa de su compa?ero Adri¨¢n Varela. El PP ya hab¨ªa anticipado en las ¨²ltimas semanas que no actuar¨¢ contra los concejales, m¨¢s all¨¢ de abrirles un expediente disciplinario. Tanto el l¨ªder de los populares gallegos, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, como el resto de la c¨²pula del partido han venido alegando que las acusaciones contra el gobierno compostelano no constituyen ning¨²n caso de corrupci¨®n, por lo que esperar¨¢n a la sentencia que se emita tras la celebraci¨®n del juicio. Los dos grupos de la oposici¨®n municipal, PSdeG y BNG, as¨ª como la agrupaci¨®n local de AGE se apresuraron a exigir de nuevo la dimisi¨®n inmediata de todos los procesados.

Hace ahora casi un a?o, la Junta de Gobierno acept¨® la petici¨®n de Adri¨¢n Varela, edil de Deportes, de sufragar las minutas de su abogado, Javier M¨ªguez Poza, defensor del concejal tras su imputaci¨®n en el caso Pok¨¦mon, que investiga una red de presunta corrupci¨®n en varios ayuntamientos gallegos. La decisi¨®n se ocult¨® en la referencia p¨²blica que hizo el Ayuntamiento de los acuerdos tomados ese 30 de mayo de 2013 por la Junta de Gobierno. Pero, semanas m¨¢s tarde, despu¨¦s de que este peri¨®dico y La Voz de Galicia publicasen lo acordado por el ejecutivo local, una ciudadana denunci¨® los hechos a la fiscal¨ªa. Varela renunci¨® entonces a que el Ayuntamiento sufragase su defensa legal, pero no logr¨® detener el procedimiento abierto en el juzgado a instancias del ministerio p¨²blico, que apreci¨® indicios de prevaricaci¨®n.

Tanto los concejales como la direcci¨®n del PP se han defendido alegando que tomaron el acuerdo tras conocer un informe del secretario municipal. Ese documento recordaba que, seg¨²n la doctrina del Tribunal Constitucional, la instituci¨®n p¨²blica podr¨ªa abonar los gastos de defensa del concejal siempre que los hechos de los que se le acusa fuesen cometidos estrictamente en el ejercicio de sus funciones y adem¨¢s resultase absuelto en el proceso judicial. La Audiencia, como anteriormente ya hab¨ªan argumentado tanto la juez como el fiscal, se?ala que, si bien la decisi¨®n de la Junta de Gobierno alude a ese informe del secretario, en el texto del acuerdo no se incluyen las condiciones legales que el asesor jur¨ªdico establec¨ªa para que el Ayuntamiento pudiese pagar el abogado a Varela. De ah¨ª que la Audiencia entienda que existe la ¡°probabilidad¡± de que los gastos de defensa del edil se asumiesen de forma ¡°incondicionada¡±, lo que constituir¨ªa una flagrante ilegalidad.