Las defensas de los ERE recurren a los 6.000 prejubilados en su estrategia

Hay un mel¨®n que nadie abre en el caso ERE. Los protagonistas del esc¨¢ndalo hablan sotto vocede este peliagudo aspecto, porque a casi nadie beneficia que se airee. Sin embargo, trasciende poco a poco, puesto que representa la punta de lanza de las numerosas contradicciones que encierra este caso: si existe una supuesta malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, ?no deber¨ªa reclamarse ese dinero a los 6.096 prejubilados que lo cobraron para restituirlo a las arcas de la Junta?

La cuesti¨®n es espinosa, pero sobre todo tremendamente impopular. La Junta ya dej¨® claro que considera a estos extrabajadores terceros de buena fe, ya que al margen de los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas), estima que los miles de prejubilados han percibido pagas sin ning¨²n v¨ªnculo con el fraude detectado. Pero no solo la Junta, que sigue pagando hoy d¨ªa 38 p¨®lizas para que los exempleados sigan cobrando. Tampoco la juez instructora Mercedes Alaya ni la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n estiman, de momento, necesario reclamar ese dinero a los prejubilados, pese a que consideran que ha sido malversado. ?Es posible mantener esa aparente contradicci¨®n?

En casos medi¨¢ticos como los papeles de B¨¢rcenas o N¨®os, la instrucci¨®n ha estimado que se debe requerir el dinero a los terceros beneficiados, aunque ignoraran la comisi¨®n del delito. En esta ¨²ltima causa, la fiscal¨ªa comparte el criterio del juez Jos¨¦ Castro sobre la aplicaci¨®n preceptiva del art¨ªculo 122 del C¨®digo Penal, que obligar¨ªa a la infanta Cristina a devolver el dinero que supuestamente ha malversado su marido.

Asimismo, el juez Javier G¨®mez Berm¨²dez entendi¨® que el PP podr¨ªa resultar responsable civil de los manejos de su exsecretario Luis B¨¢rcenas al beneficiarse de los donativos de empresas adjudicatarias de contratos p¨²blicos, como tercer part¨ªcipe. ¡°El que por t¨ªtulo lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta est¨¢ obligado a la restituci¨®n de la cosa o al resarcimiento del da?o hasta la cuant¨ªa de su participaci¨®n¡±, reza el art¨ªculo. El Supremo ha fijado que aprovecharse de los efectos de un delito, aunque se desconozca su procedencia, debe implicar su devoluci¨®n. Anticorrupci¨®n solo ha subrayado el 122 en una ocasi¨®n: 42.376 euros percibidos por la federaci¨®n de cooperativas Faecta.

La Junta ya dej¨® claro

La pregunta es cu¨¢ndo, porque la petici¨®n del reintegro a los 6.096 prejubilados puede venir por parte de la fiscal¨ªa o de la juez en la fase de instrucci¨®n, pero tambi¨¦n ambos pueden dejar de lado esta patata caliente y pasarla al tribunal, siempre en caso de que exista condena por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. De momento, varias defensas han llamado la atenci¨®n sobre el asunto. ¡°Si a estas alturas de la instrucci¨®n no ha optado por tan dr¨¢stica medida solo puede deberse a que no asume que las ayudas sociolaborales incluyan el delito de malversaci¨®n¡±, se queja la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena ?lvarez, en su recurso a la fianza civil impuesta por Alaya de 29,5 millones.

La dirigente protesta porque considera la medida ¡°punitiva¡±, ya que ella asegura con sus bienes la devoluci¨®n de una supuesta malversaci¨®n, pero el grifo de los pagos sigue abierto para los prejubilados. Cuando hace dos a?os se produjo un retraso de varios meses en estos pagos, los prejubilados protestaron en varias provincias y a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. El atasco en los pagos se solucion¨®.

El Gobierno andaluz

No hay duda de que la petici¨®n de reintegro es muy peliaguda: ¡°Un juez no se atreve a dictar una medida cautelar que perjudique a 6.000 personas. Lo c¨®modo es quedarse quieto (¡­) Si es condenado por malversaci¨®n, el pol¨ªtico puede poner una demanda civil contra los prejubilados al alegar que ¨¦l no se ha quedado con el dinero, sino que fue para ayudas sociolaborales¡±, dice el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Borja Mapelli.

De fondo late la naturaleza de las ayudas sociolaborales, que la instrucci¨®n considera ayudas para las empresas y la Junta defiende que son para los trabajadores. Bajo esta ¨²ltima premisa, el Gobierno andaluz ha evitado las reclamaciones de los fondos desde Bruselas por intervencionismo en el libre mercado, al alegar que los beneficiarios eran los trabajadores, indemnizados con una suma que equivale a 80 d¨ªas por a?o trabajado, un extra que la Junta abon¨® con extrema generosidad.

500 millones de los fondos se destinaron a compa?¨ªas que

¡°Cada situaci¨®n f¨¢ctica es un mundo¡±, resumen fuentes del caso sobre la disparidad de criterios que la instrucci¨®n aplica a las empresas, cuyos expedientes analiza la Guardia Civil. ¡°?Por qu¨¦ las p¨®lizas son un paquete completo que incluye las indemnizaciones que paga la empresa a los trabajadores y el pago a la Seguridad Social? Me hace sospechar que las empresas no pagaban su parte y finalmente la Junta lo pagaba todo¡±, se pregunta el catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla Jes¨²s Cruz Villal¨®n.

En ese contexto Alaya reclam¨® el pago completo del ERE a la firma Surcolor. ¡°?Por qu¨¦ los agentes no abordan el expediente de Altadis o Heineken, dos multinacionales solventes, para asegurarse la devoluci¨®n?¡±, interrogan estas fuentes. La gran paradoja es que del fondo de los ERE que abarca 721 millones, m¨¢s de 500 millones corresponden a empresas ya desaparecidas como Delphi, Santana Motor o Faja Pir¨ªtica. Esto es, en caso de que existiera condena y prosperaran las reclamaciones dirigidas contra las compa?¨ªas, muchas no servir¨ªan para nada porque se ha extinguido la personalidad jur¨ªdica y no habr¨¢ a quien reclamar lo malversado.

Por otra parte, mientras la Junta legitim¨® los pagos de las ayudas mediante un decreto de 2012, su servicio jur¨ªdico que ejerce la acusaci¨®n ha pedido declarar como responsable civil subsidiaria a algunas de estas empresas como Mercasevilla en el ERE de 2003. ¡°La Junta en cuestiones pol¨ªticas hace lo contrario que sus letrados, y el ejemplo m¨¢s claro es el expediente de revisi¨®n de Hitemasa con los pagos reclamados de Juan Lanzas¡±, censura el letrado que ejerce la acusaci¨®n del PP, Luis Garc¨ªa Navarro.