La Intervenci¨®n General exculpa al Parlamento en el ¡®caso ERE¡¯

La Intervenci¨®n General del Estado ha determinado que el Parlamento desconoc¨ªa las supuestas irregularidades en la tramitaci¨®n del fondo de los ERE, que la juez Mercedes Alaya considera ilegal. Los peritos del Ministerio de Hacienda descartan de este modo que los diputados de la Comisi¨®n de Hacienda conocieran, a partir de la documentaci¨®n que manejaron, las inconveniencias de la partida 31L, que ya hab¨ªa censurado la Intervenci¨®n de la Junta. ¡°De la documentaci¨®n analizada no se obtiene evidencia de la existencia de irregularidades en la presupuestaci¨®n, o en su caso, la tramitaci¨®n de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L¡±, subrayan los interventores en su informe.

El dictamen supone un alivio para los 51 diputados del PSOE, PP e IU que fueron se?alados hace tres meses, pero un alivio relativo, ya que Alaya hab¨ªa adelantado que indiciariamente, no estimaba delictivo su conocimiento del fondo. Los peritos subrayan que en la documentaci¨®n que manejaron los diputados se utiliza una terminolog¨ªa ¡°cr¨ªptica, imprecisa, generalista y a menudo equ¨ªvoca¡±. El dictamen destaca la ¡°indeterminaci¨®n¡± sobre el ¨®rgano otorgante (si Empleo o la agencia Idea), ¡°lo que impedir¨ªa conocer (...) las irregularidades que se estaban produciendo¡± al margen del control de la Intervenci¨®n de la Junta.

Los peritos matizan que el hecho de que la agencia Idea percibiera transferencias de financiaci¨®n (cuyo uso inadecuado censura Alaya como ilegal) desde programas de la Consejer¨ªa de Empleo ¡°no supone evidencia suficiente de la existencia por ello de irregularidades en el proceso de concesi¨®n de subvenciones sociolaborales¡±.

La juez encarg¨® a la Intervenci¨®n General del Estado dos informes t¨¦cnicos sobre el fondo, el primero de los cuales analiz¨® la concesi¨®n de subvenciones sociolaborales y el segundo las funciones de la C¨¢mara de Cuentas. M¨¢s adelante, la magistrada a?adi¨® el an¨¢lisis de la Cuenta General y modificaciones presupuestarias relativas al fondo de los ERE. El motivo de esta ¨²ltima petici¨®n era ¡°determinar qu¨¦ pudo haber hecho la C¨¢mara de Cuentas a la luz de dicha informaci¨®n [la incluida en la Cuenta General y los expedientes de modificaciones presupuestarias que mencionaban las partidas de los ERE]¡±. Y la conclusi¨®n lleg¨® a las partes del caso ayer, tres meses despu¨¦s de la petici¨®n de la juez.

En paralelo, la juez ha requerido al Parlamento en un nuevo auto que le aporte ¡°a la mayor brevedad posible¡± todas las enmiendas formuladas por los grupos pol¨ªticos (PSOE, PP e IU) en relaci¨®n a las leyes de Presupuestos y al fondo de los ERE, entre 2002 y 2009. Hace tres meses, Alaya incorpor¨® a la C¨¢mara andaluza entre las instituciones bajo su lupa, al igual que la C¨¢mara de Cuentas, los sindicatos, Ayuntamientos o universidades, y comenz¨® a pedir informaci¨®n para precisar el grado de conocimiento de los diputados andaluces sobre el fondo de los ERE.

La resoluci¨®n de la juez Alaya responde a un escrito del abogado Juan Carlos Alf¨¦rez, para precisar el grado de conocimiento de los diputados sobre el fondo, cuyo presupuesto se debati¨® en la Comisi¨®n de Hacienda. Alaya se pronuncia al respecto y da parcialmente la raz¨®n al letrado, pese a las quejas de la C¨¢mara por el aforamiento de sus diputados, expresadas esta primavera a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la contundente oposici¨®n de la fiscal¨ªa, que present¨® un recurso para oponerse a Alaya.