La Generalitat rebajar¨¢ el sueldo a los funcionarios que menos rindan

El Gobierno catal¨¢n impondr¨¢ evaluaciones entre los funcionarios de la Generalitat. Ese es uno de los ejes sobre los que girar¨¢ el Plan de Reforma y Modernizaci¨®n de la Administraci¨®n que aprobar¨¢ hoy el Ejecutivo de Artur Mas. El objetivo, seg¨²n explic¨® ayer el secretario general de Gobernaci¨®n, Llu¨ªs Bertran, es mejorar la eficiencia y la productividad del cuerpo de trabajadores p¨²blicos. De los resultados de ese control sobre los funcionarios depender¨¢n diferentes condiciones laborales: desde la retribuci¨®n hasta la promoci¨®n interna, adem¨¢s de la detecci¨®n de carencias y sus necesidades formativas.

Pero la evaluaci¨®n podr¨¢ tener tambi¨¦n consecuencias contrarias a los intereses de los empleados analizados. "En casos de evaluaciones negativas reiteradas podr¨ªa llegar a comportar, en casos extremos, la desvinculaci¨®n o la remoci¨®n en el puesto de empleo que se ocupa", se?al¨® Bertran en la comisi¨®n parlamentaria. Posteriormente, la vicepresidenta Joana Ortega matiz¨® que no se tratar¨¢ de despidos, prohibidos por el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, sino de rebajas en el escalaf¨®n laboral.

La propuesta de la evaluaci¨®n que ahora propone el Gobierno catal¨¢n, y que tendr¨¢ que ser legislada en el Parlamento, surge de los diferentes informes que ha solicitado el departamento para encauzar una reforma que analiza desde hace al menos dos a?os. Seg¨²n las pretensiones con las que parte Gobernaci¨®n, est¨¢ previsto introducir cambios en el sistema de reclutamiento del personal, en los que se tendr¨¢n que acreditar conocimientos de idiomas para poder aspirar a determinados cargos, a los que se acceder¨¢ despu¨¦s de hacer pruebas espec¨ªficas. Ortega incidi¨® en la necesidad de impulsar la meritocracia y asegur¨® que el nuevo modelo deber¨¢ contribuir a aprovechar mejor el 40% de los empleados de la Generalitat que cuentan con una formaci¨®n superior a los empleos que cubren.

La otra gran novedad de la reforma que impulsa Ortega es la creaci¨®n de una nueva categor¨ªa laboral, que en el escalaf¨®n se situar¨¢ entre los cargos pol¨ªticos y los t¨¦cnicos y a la que el Gobierno se refiere como direcci¨®n p¨²blica profesional. La vicepresidenta se refiri¨® a esta como "un cuerpo intermedio" con el que "se trata de profesionalizar la Administraci¨®n". "Tendr¨¢n que tener tanto profesionalidad t¨¦cnica como confianza en el ¨¢mbito pol¨ªtico y, a la vez, capacidad de direcci¨®n, de liderazgo y de motivaci¨®n de sus equipos", se?al¨® Bertran, quien explic¨® que su retribuci¨®n estar¨¢ regida por objetivos determinados previamente. La creaci¨®n de este rango profesional en la Administraci¨®n es una de las primeras medidas que prev¨¦ impulsar el Gobierno: la memoria preliminar de la ley que la regir¨¢ se aprobar¨¢ de forma inmediata.

La otra gran novedad de es la creaci¨®n de una nueva categor¨ªa laboral, que en el escalaf¨®n se situar¨¢ entre los cargos pol¨ªticos y los t¨¦cnicos

Ortega tambi¨¦n subray¨® el inter¨¦s del Ejecutivo de extender la colaboraci¨®n p¨²blico-privada, a trav¨¦s del partenariado institucional. La vicepresidenta no concret¨® c¨®mo se impulsar¨¢ y tan solo afirm¨® que debe servir para "proveer servicios y las infraestructuras necesarias",

Ortega encarg¨® tres informes a expertos para lanzar la reforma de la Administraci¨®n. El m¨¢s pol¨¦mico de todos fue el del grupo que encabez¨® el catedr¨¢tico Guillem L¨®pez Casasnovas que abogaba por una Administraci¨®n p¨²blica con mayor¨ªa de personal laboral en la que solo sean funcionarios los profesionales con responsabilidades como la seguridad o la contrataci¨®n p¨²blica.

El informe, que avanz¨® este diario en mayo del a?o pasado, provoc¨® el rechazo de la oposici¨®n y los sindicatos de la funci¨®n p¨²blica, que a?ad¨ªan otro motivo de enfado a los recortes que sufren desde 2012. Ayer, la vicepresidenta reiter¨® que "el hecho de reformar la actual estructura no implica ning¨²n despido y nadie perder¨¢ su condici¨®n de funcionario".

El informe, que avanz¨® este diario en mayo del a?o pasado, provoc¨® el rechazo de la oposici¨®n y los sindicatos de la funci¨®n p¨²blica, que a?ad¨ªan otro motivo de enfado a los recortes que sufren desde 2012. Los 160.000 empleados de la Generalitat (230.000 si se cuenta todo el sector p¨²blico) afrontaron en 2012 por primera vez un recorte sin precedentes, con medidas como la eliminaci¨®n de una paga extra o la reducci¨®n de un 15% de jornada y sueldo de los interinos (unas 6.700 personas). Ambas medidas, todav¨ªa vigentes, fueron coyunturales, pero la administraci¨®n catalana aplic¨® tambi¨¦n recortes estructurales (como la reducci¨®n de d¨ªas de asuntos personales o la eliminaci¨®n de t¨ªckets comedor) se logr¨® un ahorro de 625 millones de euros.

En julio del a?o pasado, en su ¨²ltima comparecencia en el Parlament,, la m¨¢xima responsable de la administraci¨®n catalana, la vicepresidenta, Joana Ortega, defendi¨® los recortes aplicados sobre la administraci¨®n p¨²blica catalana en los dos ¨²ltimos a?os con el argumento de que se han hecho para evitar males mayores. Ortega asegur¨® que recortes como no pagar la extra o reducir la jornada y el sueldo un 15% a 6.800 interinos han evitado el despido de 24.000 empleados p¨²blicos. El c¨¢lculo sale de dividir los 730 millones de euros de recorte anual entre 30.000 euros de sueldo medio en la Administraci¨®n.