Sin voluntarios para probar una ley

Cuando una ley se realiza a espaldas de la sociedad y de los sectores afectados, ponerla en marcha puede convertirse en toda una odisea. Es lo que est¨¢ ocurriendo con la aplicaci¨®n de la reforma de la Ley de Garant¨ªa de Ingresos y para la Inclusi¨®n Social, una pol¨¦mica modificaci¨®n del a?o 2011 pactada por PSE y PP cuando sumaban mayor¨ªa parlamentaria. Entre otras cuestiones, como un endurecimiento de los requisitos de acceso a la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI), la reforma inclu¨ªa que los perceptores realizaran trabajos para la comunidad.

La ley en vigor obliga a los perceptores a estar ¡°disponibles para la realizaci¨®n de trabajos en beneficio de la comunidad, cuando de forma extraordinaria sea requerido por la Administraci¨®n a trav¨¦s de organizaciones de acci¨®n voluntaria del territorio¡±. Es, en definitiva, lo que ven¨ªa reclamando el alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto. En noviembre de 2012, este lament¨® en las redes sociales que ¡°el Gobierno vasco del PSE se va sin desarrollar el reglamento para que determinados perceptores de ayudas puedan colaborar en las nevadas¡±.

El PSE vot¨® a favor de esta cuesti¨®n, pero lo dej¨® para ¨¦pocas mejores. Y el nuevo responsable de Pol¨ªticas Sociales, Juan Mar¨ªa Aburto, se ha visto en la tesitura de estar incumpliendo ¡ªo no desarrollando¡ª una previsi¨®n legal que no genera ninguna euforia en su equipo. El Gobierno encarg¨® un informe a una de las asociaciones del sector, Sartu, que critic¨® la forma en que se hab¨ªa redactado la ley en lo que a este punto se refiere y a los conceptos que utiliza para denominar los trabajos, que se relacionan con el ¨¢mbito judicial.

Aburto plantea que esas tareas sean voluntarias y compensadas

Este colectivo recomend¨® interpretar la ley de manera m¨¢s amplia: pasar de las nevadas y de situaciones de emergencia a actividades de car¨¢cter m¨¢s social ¡ªde apoyo a asociaciones en situaciones excepcionales en las que tengan mayores necesidades o realicen una actuaci¨®n fuera de su ¨¢mbito normal¡ª y la realizaci¨®n obligatoria de este tipo de trabajos, pero solo si estos est¨¢n dentro del convenio de inclusi¨®n activa que todo perceptor tiene que firmar y previamente negociar. Dicho de otro modo, que estas actividades pasen a ser voluntarias.

El Departamento ha asumido todas estas conclusiones y ha encargado a otra organizaci¨®n la planificaci¨®n de una experiencia piloto sobre la obligaci¨®n legal para poner en marcha en las tres provincias con asociaciones del tercer sector durante el primer semestre del a?o. Una vez concluido este, el Ejecutivo reconoce retrasos. La raz¨®n, la previsible: la asociaci¨®n a la que han encargado el impulso de la iniciativa no encuentra organizaciones con las que testar la iniciativa, ampliamente contestada en el sector. Hay ¡°problemas¡± para captar asociaciones, indican desde el Ejecutivo, porque estas no terminan de participar de la idea.

El Gobierno quiere que esos trabajos para la comunidad sean de car¨¢cter voluntario y tengan alg¨²n tipo de compensaci¨®n econ¨®mica, y as¨ª se lo ha hecho saber a las asociaciones del sector. Pero, seg¨²n fuentes directamente implicadas en la puesta en marcha de la iniciativa, las asociaciones han dado el no por respuesta.

Siete pa¨ªses europeos piden a los beneficiarios que realicen tareas

Las dificultades pasan por mezclar a trabajadores o voluntarios con personas perceptoras que, en una medida u otra, est¨¢n obligadas a sumarse a esos trabajos. Algunas de las asociaciones comparecieron hace una semana en el Parlamento, donde se?alaron que incluir un perceptor de ayudas sociales en esas condiciones ser¨ªa negativo para las propias organizaciones, adem¨¢s de su rechazo a dar ese tratamiento y establecer esas obligaciones a quienes reciben ayudas.

Euskadi tiene 65.200 familias como perceptoras de la RGI y el complemento de vivienda, las dos ayudas que gestiona Lanbide y a las que afecta la previsi¨®n de los trabajos para la comunidad. De ellas 17.300 tienen como titular a un pensionista que complementa su baja renta con este apoyo p¨²blico y no se les aplicar¨ªan los trabajos a la comunidad. El Gobierno tampoco es partidario de que los en torno a 11.000 que reciben la RGI para alcanzar unos ingresos dignos que no logran pese a tener trabajo entren a realizar estos trabajos. Quedar¨ªan por tanto en torno a 37.000 familias a las que s¨ª se les aplicar¨ªa. Pero no solo al titular de la ayuda, sino tambi¨¦n a las personas mayores de edad que se beneficien de la prestaci¨®n, porque estas tambi¨¦n est¨¢n obligadas a firmar convenios de inclusi¨®n sociolaboral. Existen excepciones, como los menores de 23 a?os de esas familias.

La extensi¨®n de la iniciativa de los trabajos de participaci¨®n social generan tambi¨¦n las dudas en el seno del Gobierno, que en diciembre ya advirti¨® que extender esta nueva arista en Lanbide, organismo con un importante volumen de trabajo y a¨²n con problemas en la gesti¨®n de las ayudas sociales, conllevar¨ªa el "colapso" del Servicio vasco de Empleo. ¡°Ser¨ªa dif¨ªcil de asumir¡±, resalt¨® Aburto.

Ideas como esta ya se aplican en siete pa¨ªses europeos: Dinamarca, Francia, Irlanda, Holanda, Reino Unido y Suecia. En Francia e Irlanda realizan una remuneraci¨®n adicional a la ayuda social que se sigue percibiendo. El resto pagan los gastos que conlleva. El Gobierno vasco tambi¨¦n plantea esta idea, por lo que tambi¨¦n espera con la prueba piloto calcular los costes que tendr¨ªa la generalizaci¨®n.