El gobierno de Ourense carga contra los jueces ante otra inminente imputaci¨®n

El juez de instrucci¨®n ¡°no est¨¢ actuando correctamente¡±, el fiscal jefe se ha instalado en la ¡°desidia¡± y tres magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ¡°no tienen un aura que les protege del delito¡±. El gobierno socialista de Ourense, ante otra inminente imputaci¨®n de la Junta de Gobierno de la anterior legislatura por legalizar una urbanizaci¨®n con orden de derribo y pagar una indemnizaci¨®n de 358.000 euros de forma presuntamente irregular, arremete contra jueces y fiscales que permanecen impasibles, dice, ante una ¡°concertaci¨®n [de querellas injustificadas] contra este centro de poder¡±. De hecho, exige al juez que ¡°no permita¡± que se le imputen ¡°delitos inexistentes con la ¨²nica finalidad de mantener abiertas diligencias hasta las elecciones¡±.

Hace unos d¨ªas, el titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Ourense, Leonardo ?lvarez, reclam¨® al Ayuntamiento la identificaci¨®n formal de los ediles de la Junta de Gobierno bipartita de 2007. Es el paso previo a una imputaci¨®n que, seg¨²n fuentes judiciales, podr¨ªa derivar en la apertura de juicio, poniendo fin a una investigaci¨®n iniciada hace un a?o. En este caso ya est¨¢n imputados la edil de Urbanismo, ?urea Soto, y su abogado, Carlos Hern¨¢ndez, contratado de forma habitual para asesorar al gobierno local. Y ayer, en el sal¨®n de plenos, arremetieron juntos contra casi todos los estamentos judiciales, tras reclamar el archivo de la instrucci¨®n mediante un escrito.

¡°Los jueces no tienen un aura que les protege de delinquir¡±, afirmaron, tras cuestionar la investigaci¨®n del juez de instrucci¨®n. ¡°No est¨¢ actuando de forma correcta y va a tener muy dif¨ªcil explicar c¨®mo est¨¢ instruyendo¡±, asever¨® el abogado junto a la concejala. Ambos acusan al fiscal jefe de Ourense de no hacer nada ¡°por desidia y burocracia¡±. ¡°Deber¨ªa haberse tomado m¨¢s en serio esta sobreactuaci¨®n contra el gobierno tras el ataque desmesurado contra esta instituci¨®n¡±, afirman. ¡°El fiscal deber¨ªa ser el primer interesado en seguir la causa y no est¨¢ en ninguna¡±, insisti¨® Hern¨¢ndez. El letrado y la edil defienden que la inejecuci¨®n del derribo de la urbanizaci¨®n acordada por el TSXG aval¨® el proceder del Ayuntamiento. Y si la Junta de Gobierno es encausada, solicitan la ¡°obligada imputaci¨®n de los tres magistrados¡± del Superior que determinaron la inejecuci¨®n. ¡°Los ¨²nicos que prevarican no son los pol¨ªticos¡±, insisten.

Aquella junta legaliz¨®, en pleno centro de la ciudad, una gran promoci¨®n de viviendas y un p¨¢rking con sentencia firme de derribo del Supremo y otorg¨® una indemnizaci¨®n de 358.000 euros a una vecina de la zona que hab¨ªa denunciado ilegalidades en la urbanizaci¨®n. El gobierno municipal defiende que actu¨® as¨ª ¡°por el inter¨¦s general¡± y la acusaci¨®n asegura que ¡°compr¨®¡± a la vecina. Tras recibir el dinero, cuya entrega se fundament¨® en un informe elaborado por el abogado imputado y no por los t¨¦cnicos municipales, la mujer retir¨® la denuncia. El proceder de la Junta de Gobierno fue llevado a los tribunales por Democracia Ourensana, un partido de la oposici¨®n.

El PP califica lo sucedido en el sal¨®n de plenos de ¡°infame y abominable¡± y la acusaci¨®n particular tacha el proceder de ¡°nauseabundo ataque a la independencia del poder judicial¡±. Y es que no es la primera vez que el gobierno socialista, por boca de ?urea Soto, arremete contra la justicia. Hace exactamente un a?o, la edil y teniente de alcalde acus¨® a los jueces ourensanos de ¡°quebrar el Estado de derecho e intentar enga?ar y confundir el investigar con el condenar¡±. Aquellas duras palabras provocaron que la Junta Sectorial de Jueces, por primera vez, emitiese un comunicado denunciando un ¡°ataque a la independencia judicial¡±.