Nuevas sombras para Delphi

Hace 180 d¨ªas que la sede de los sindicatos en C¨¢diz se llen¨® de carteles. Un grupo de exempleados de Delphi opt¨® por encerrarse en estas instalaciones despu¨¦s de ser advertidos de que si trataban de entrar en un edificio de la Junta ser¨ªan denunciados. Al cumplir los seis meses, los encerrados organizaron este viernes una concentraci¨®n. ¡°Es una manera de hacernos visibles, recordar que estamos aqu¨ª¡±, explica Antonio Real, uno de ellos. Su protesta ha coincidido con el auto de la juez Mercedes Alaya que imputa al exconsejero de Empleo Antonio Fern¨¢ndez. En ¨¦l la magistrada siembra las dudas sobre la legalidad no s¨®lo de la labor de Fern¨¢ndez sino de todo el dispositivo con el que la Junta invirti¨® m¨¢s de 300 millones de euros para tratar de recolocar a los 1.904 despedidos de la f¨¢brica de Puerto Real.

Fue el 4 de julio de 2007 cuando el Gobierno andaluz, la empresa y cuatro sindicatos (CC OO, UGT, USO y CGT) suscribieron lo que se conoce como protocolo de colaboraci¨®n de Delphi, que despu¨¦s tuvo varias revisiones. En ¨¦l se fijaron las bases de un acuerdo por el que el Gobierno andaluz se compromet¨ªa a buscar f¨®rmulas para implantar nuevas empresas que permitieran recolocar a estos trabajadores y por el que la Consejer¨ªa de Empleo activaba el llamado Dispositivo de Tratamiento singular. Era la plasmaci¨®n por escrito de una promesa que el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, hab¨ªa hecho en persona a los reci¨¦n despedidos por la multinacional: ¡°No os dejaremos tirados¡±.

Los actuales gestores de la Junta calculan que el dispositivo especial de Delphi ha costado m¨¢s de 300 millones de euros. Es la suma de los 120 millones de euros pagados por la empresa para las indemnizaciones por despido, los 140 millones de euros empleados en ayudas y cursos de formaci¨®n y los casi 100 millones que quedan por pagar de las prejubilaciones acordadas. Estas dos ¨²ltimas partidas con fondos p¨²blicos. En este recuento no se incluyen las inversiones e incentivos realizados para la llegada de empresas a esta comarca. Planes que, como el Bah¨ªa Competitiva, est¨¢n bajo sospecha judicial.

El exconsejero Fern¨¢ndez no firm¨® el acuerdo puesto ahora en cuesti¨®n

La Consejer¨ªa de Empleo se volc¨® con los ex de Delphi. Imparti¨®, seg¨²n sus datos, 26.250 horas de cursos sobre competencias generales; 32.100 horas de lecciones industriales; y 73.500 horas de programas espec¨ªficos. Algunos de estos programas permit¨ªan obtener t¨ªtulos universitarios. 256 trabajadores encontraron empleo por su cuenta, 294 se prejubilaron a los 50 a?os, 83 obtuvieron la invalidez permanente. Otros 350 fueron llamados para Alestis, aunque fueron apartados despu¨¦s en un expediente temporal de empleo. Los 100 que entraron en Gadir Solar terminaron tambi¨¦n en la calle porque la empresa cerr¨®. Unos 500 nunca obtuvieron un empleo en estos a?os. Hace dos a?os que dejaron percibir prestaciones por desempleo. ¡°No vivimos en la indigencia porque tenemos ayudas familiares¡±, dice Antonio Real, en nombre de los encerrados.

El dispositivo especial se mont¨® en v¨ªsperas de las municipales de 2007 en medio de una corriente ciudadana a favor del colectivo. Pero el desarrollo de los cursos, la ingente cantidad de dinero invertida y sus escasos resultados y la irrupci¨®n de la crisis provocaron un sentimiento contrario en gran parte de la sociedad, que empez¨® a ver a los ex de Delphi como unos ¡°privilegiados¡±. Fue cuando empez¨® a difundirse que algunos cursos en ingl¨¦s consist¨ªa en ver pel¨ªculas en versi¨®n original. Y cuando algunos afectados, como Isidro Jim¨¦nez, empezaron a difundir algunas irregularidades: incumplimiento en la diversificaci¨®n de la formaci¨®n, cuestionarios para valorar a lo alto algunos cursos o amiguismo en el reparto de las empresas que impart¨ªan esos cursos.

Lo que investiga ahora Alaya no es nuevo. Los juzgados de C¨¢diz llevan meses indagando el papel del exconsejero ?ngel Ojeda y la empresa Natura, una de las seleccionadas para impartir los cursos. Alaya s¨ª incide en su auto en algunas irregularidades generales: becas por encima de lo legalmente estipulado o la subcontrataci¨®n de la formaci¨®n sin previa autorizaci¨®n. Lo que llama la atenci¨®n es que el primero al que ha llamado en declarar haya sido a Fern¨¢ndez, quien, aunque era el m¨¢ximo dirigente de Empleo, no rubric¨® con su nombre el dispositivo especial puesto ahora en cuesti¨®n. En aquel documento aparec¨ªan una veintena de cargos medios de la Junta y representantes sindicales.

Los encerrados saludaron este viernes la investigaci¨®n abierta por Alaya aunque tambi¨¦n reclaman que ese dispositivo especial aprobado se cumpla y vuelva a acogerles. Es lo que han reclamado junto a UGT y USO en un triple contencioso en el TSJA. Mientras Alaya aclara si todo aquello fue legal, el alto tribunal andaluz deber¨¢ decidir si condena a la Junta por haber incumplido aquella promesa.