Protecci¨®n de Datos investiga si Mossos guardan im¨¢genes m¨¢s all¨¢ del plazo legal

La Autoridad Catalana de Protecci¨®n de Datos ha abierto una investigaci¨®n para aclarar si la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa hace un uso inadecuado de las im¨¢genes tomadas por las c¨¢maras de videovigilancia en las comisar¨ªas. El caso arranca con una denuncia de M. C., un agente de la polic¨ªa, expedientado y suspendido de empleo y sueldo por utilizar para fines personas el coche oficial, durante una guardia, seg¨²n explica ¨¦l mismo. Para demostrar su implicaci¨®n, quien entonces ejerc¨ªa de jefe de la comisar¨ªa de Arenys de Mar, el subinspector J. B. pidi¨® las im¨¢genes que registraron las c¨¢maras del per¨ªmetro de la comisar¨ªa en las que aparec¨ªa M. C.

En un escrito, al que ha tenido acceso este diario, el subinspector pidi¨® las im¨¢genes del 27 y 28 de abril de 2013, el d¨ªa 4 de junio de ese mismo a?o, lo que supone un margen de 36 d¨ªas. La Ley de Protecci¨®n de Datos establece que las im¨¢genes deben mantenerse como m¨¢ximo en el sistema durante 30 d¨ªas, a no ser que sean objeto de una investigaci¨®n. Eso es lo que alega precisamente la Direcci¨®n de Polic¨ªa: que las im¨¢genes se mantuvieron en el sistema m¨¢s del tiempo previsto porque ya hab¨ªa una investigaci¨®n en curso contra M. C.

Pero el caso no est¨¢ tan meridianamente claro. El agente hace m¨¢s de un a?o que mantiene una guerra judicial con diversos flancos abiertos contra los mandos que le expedientaron. Adem¨¢s de la denuncia a Protecci¨®n de Datos, ha presentado tambi¨¦n una querella contra el que era su jefe (en la actualidad el agente est¨¢ cumpliendo la sanci¨®n de cuatro meses sin empleo y sueldo y ha perdido la especialidad que dispon¨ªa). El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 4 de Arenys ha admitido a tr¨¢mite la querella, y ha citado a declarar el 22 de septiembre, como imputado por un delito de revelaci¨®n de secretos al subinspector. Adem¨¢s, el juez ha dado traslado de la causa al ministerio fiscal para que se posicione.

En una tercera v¨ªa, M. C. ha acudido tambi¨¦n al juzgado contencioso-administrativo, en lo que considera una vulneraci¨®n de derechos fundamentales y de la intimidad, y que ha sido admitida a tr¨¢mite tambi¨¦n por el juzgado n¨²mero 8 de Barcelona.

La Direcci¨®n de Polic¨ªa sostiene que cuenta con un sistema autom¨¢tico de borrado de las im¨¢genes, que cumple con el requisito que marca la ley de un almacenaje m¨¢ximo de 30 d¨ªas. La Autoridad Catalana de Protecci¨®n de Datos declin¨® ofrecer cualquier explicaci¨®n sobre el caso, alegando que tiene una investigaci¨®n en curso. M. C. acusa a la polic¨ªa de utilizar de manera ¡°arbitraria¡± algo tan delicado como las im¨¢genes.