Alaya cifra en 855 millones el desv¨ªo de fondos del ¡°caso ERE¡±
La magistrada insiste en que los expresidentes conoc¨ªan el fraude. Afirma que las subvenciones acabaron en el entorno de la Junta o del PSOE andaluz
La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, considera que la Junta de Andaluc¨ªa concedi¨® ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas entre 2000 y 2012 a trav¨¦s de una f¨®rmula administrativa ¡ªlas transferencias de financiaci¨®n¡ª que ¡°habr¨ªa supuesto la ilegal aplicaci¨®n de fondos p¨²blicos por importe de 855 millones de euros¡±. As¨ª lo explica la magistrada en la exposici¨®n razonada que ha enviado esta semana al Tribunal Supremo para que decida sobre el futuro del procedimiento, en el que hay implicados nueve aforados y 201 imputados.
La juez resume en su escrito la tesis que ha mantenido durante tres a?os y medio de instrucci¨®n: que los responsables de la Junta crearon un ¡°procedimiento espec¨ªfico¡± para la concesi¨®n de subvenciones a trav¨¦s de una ¡°partida presupuestaria claramente inadecuada¡±, que evitaba los controles. A los aforados a los que apunta no les acusa de haberse quedado con dinero p¨²blico, sino de crear y mantener el sistema a trav¨¦s del que otros pudieron acceder a esos fondos de forma fraudulenta. Alaya sostiene que se produjo ¡°una aut¨¦ntica subversi¨®n del ordenamiento jur¨ªdico¡± y esto ¡°determinaba presuntamente que las ayudas, en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas (...) pr¨®ximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz¡±.
La juez se?ala en su escrito a dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, y a siete exconsejeros de la Junta, entre ellos Gaspar Zarr¨ªas y Mar Moreno, a los que la magistrada no hab¨ªa apuntado hasta ahora. Todos ellos son aforados, de ah¨ª que la juez Alaya se haya visto obligada a mandar el caso al Supremo para que decida. A estos responsables pol¨ªticos la magistrada les acusa de haber concebido el sistema de ayudas con el fin de ¡°eludir el procedimiento legalmente previsto para el otorgamiento de subvenciones¡±, los controles de la Intervenci¨®n, y facilitar una ¡°clara y palmaria discrecionalidad¡± en el uso de los fondos p¨²blicos.
La magistrada incorpora ahora a Zarr¨ªas en el listado de posibles implicados por participar y conocer este procedimiento a trav¨¦s de ¡°una persona de su entera confianza, el jefe del gabinete jur¨ªdico de la Junta de Andaluc¨ªa, Francisco del R¨ªo Mu?oz¡±, a quien acusa de actuar a sus ¡°¨®rdenes¡±.
Mercedes Alaya centra sus reparos en la figura de las ¡°transferencias de financiaci¨®n¡±, que interpreta que se utiliz¨® de forma incorrecta para dar las subvenciones. Seg¨²n la instructora, esta f¨®rmula s¨®lo pod¨ªa destinarse a equilibrar la cuenta de resultados de las empresas p¨²blicas y no deber¨ªa haber sido utilizada por la Consejer¨ªa de Empleo para el pago de las ayudas. En resumen, Alaya mantiene que la Junta cre¨® un procedimiento de concesi¨®n de ayudas irregular con el fin de otorgarlas de forma discrecional y eludir los controles. De ¨¦l tuvieron conocimiento Chaves y Gri?¨¢n, as¨ª como todos los consejeros que participaron directa o indirectamente en los organismos que tramitaron las ayudas.
La magistrada cita los informes de la Intervenci¨®n en los que se cuestionaba la utilizaci¨®n de las transferencias. Dice la instructora que esos an¨¢lisis repet¨ªan ¡°hasta el hartazgo¡± que esas transferencias de financiaci¨®n no se pod¨ªan emplear para conceder subvenciones. Alaya resume que su instrucci¨®n ¡°conduce necesariamente a concluir que en el proceso de elaboraci¨®n se conoc¨ªa indiciariamente el uso il¨ªcito al que se iban a destinar las transferencias de financiaci¨®n presupuestadas¡±.
Tambi¨¦n cree la juez que ¡°resulta imposible¡± que ni Chaves ni Gri?¨¢n ¡°trataran el importante menoscabo de fondos p¨²blicos¡± que se estaba produciendo a la luz de las cantidades que la Consejer¨ªa de Empleo lleg¨® a deber al Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (posteriormente agencia Idea), encargado de pagar las ayudas, no de otorgarlas, mantiene la magistrada. Seg¨²n el Interventor General de la Junta, la cantidad adeudada fue creciendo a?o tras a?o hasta alcanzar los 95 millones de euros en 2005.
La juez responsabiliza a los cargos de la Junta de Andaluc¨ªa que elaboraban los Presupuestos andaluces, pero exonera de culpa al Parlamento auton¨®mico. Interpreta la magistrada que los diputados, quienes analizaban y aprobaban las cuentas cada ejercicio, no conoc¨ªan la utilizaci¨®n de las transferencias de financiaci¨®n como una f¨®rmula para otorgar subvenciones. Alaya sostiene que la Consejer¨ªa de Empleo ¡ªque era la que conced¨ªa las ayudas a trav¨¦s de la agencia Idea¡ª habr¨ªa utilizado, ¡°probablemente de manera intencionada¡±, un ¡°lenguaje oscuro, ambiguo y difuso¡± en este asunto. Por lo tanto, no se expon¨ªa con claridad en los presupuestos que esas transferencias acababan convertidas en subvenciones.
Chaves: ¡°No ha sido una instrucci¨®n objetiva¡±
Manuel Chaves, expresidente de la Junta y uno de los se?alados por la juez Mercedes Alaya, ha descalificado la instrucci¨®n del caso de los ERE. Alaya habr¨ªa actuado de una forma ¡°subjetiva y muy discutible¡±, concluye Chaves en una entrevista concedida a la Cadena SER.
El expresidente ha dicho que ha estado en un ¡°limbo jur¨ªdico¡± en el ¨²ltimo a?o, desde que la magistrada le se?al¨® por primera vez como posible responsable del fraude. Pero no pod¨ªa ser imputado por ella al ser aforado. Ha celebrado que ahora pueda salir de ese ¡°limbo¡± y defenderse en el Supremo. ¡°No tengo confianza en c¨®mo se estaba instruyendo la causa. Creo que no ha sido una instrucci¨®n objetiva¡±, ha a?adido. En su opini¨®n, ha habido ¡°interferencias pol¨ªticas¡± que pretend¨ªan ¡°ensuciar la imagen¡± del PSOE andaluz. Y ha recordado que ¡°muchas de las decisiones¡± de la juez han coincidido ¡°casualmente¡± con acontecimientos pol¨ªticos de los socialistas andaluces.
En este sentido, puso como ejemplo el auto en el que la magistrada le se?al¨® a ¨¦l, al tambi¨¦n expresidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y a otros cinco exconsejeros, que fue difundido el mismo d¨ªa de la toma de posesi¨®n de Susana D¨ªaz. ¡°La lista es bastante larga¡±, ha dicho Chaves. ¡°Ha sido una especie de proceso pol¨ªtico y proceso judicial, en el que se ha intentado manchar la imagen de un partido que levant¨® Andaluc¨ªa durante a?os¡±, ha a?adido.
¡°Nunca ha existido ni conspiraci¨®n ni confabulaci¨®n para formar una trama para que otros pudieran delinquir¡±, ha sostenido respecto al caso. Ha reconocido que ¡°alg¨²n colaborador¡± ha podido defraudar dinero p¨²blico, algo que dijo que ser¨¢ una ¡°losa¡± que tendr¨¢ que ¡°soportar durante mucho tiempo¡±. Pero ha recalcado que su Gobierno no tom¨® decisiones pol¨ªticas ilegales. ¡°No se han tomado decisiones pol¨ªticas ilegales. Todas las decisiones han sido escrupulosamente respetuosas con las leyes y con todos los tr¨¢mites exigidos por las leyes, incluidos los presupuestos y las transferencias de financiaci¨®n¡±.
Por otro lado, fuentes pr¨®ximas a los aforados se?alados por la juez han indicado a Efe que barajan pedir al Consejo General del Poder Judicial que investigue el origen de las ¡°filtraciones¡± del documento de elevaci¨®n del caso al Tribunal Supremo.
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