Calatrava no acude a declarar por el Centro de Convenciones de Castell¨®n

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava no ha acudido finalmente a su cita con la justicia. El juzgado de Instrucci¨®n 5 de Castell¨®n le hab¨ªa citado a declarar este martes en calidad de imputado en la investigaci¨®n abierta sobre presuntas irregularidades en la contrataci¨®n del t¨¦cnico para la construcci¨®n del Centro de Convenciones de Castell¨®n, un megaedificio que no pas¨® del proyecto en maqueta pero por el que la Generalitat pag¨® 2,7 millones en estudios y honorarios a su arquitecto estrella. La no comparecencia era previsible despu¨¦s de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano explicara ayer que el juez no hab¨ªa podido localizar a Calatrava para comunicarle su citaci¨®n.

El juzgado, no obstante, lo ten¨ªa todo preparado para el interrogatorio por si optaba por presentarse al haberse enterado por otros medios no oficiales. Tampoco ha acudido a declarar Nicol¨¢s Figueres, quien fue director general de la empresa p¨²blica que contrat¨® con Calatrava. El Tribunal Superior de Justicia valenciano tampoco hab¨ªa logrado entregarle su citaci¨®n. Figueres sustituy¨® en el cargo a Eusebio Monz¨® (que ya ha declarado ante el juez) y fue bajo su nombramiento cuando el Consell pag¨® al arquitecto y se acept¨® finalmente un dise?o que implicaba un sobrecoste de cuarenta millones despu¨¦s de meses de negativas y rechazos.

El TSJ no hab¨ªa podido localizar al arquitecto para darle su citaci¨®n

El abogado del arquitecto se ha puesto en contacto telef¨®nico con el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Castell¨®n para comunicarle que se van a personar en la causa y, por tanto, las comunicaciones se realizar¨¢n a trav¨¦s de procurador, seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Las principales inc¨®gnitas que el tribunal quiere esclarecer son varias. La primera, por qu¨¦ la Generalitat cerr¨® un contrato con el arquitecto para una obra tan importante y sin un concurso abierto. De hecho, el juzgado ha solicitado al gobierno valenciano que presente el informe t¨¦cnico o la motivaci¨®n que acredite la especificidad art¨ªstica del proyecto que motiv¨® esta contrataci¨®n sin publicidad arguyendo un supuesto fin art¨ªstico.

La segunda, por qu¨¦ raz¨®n y en base a qu¨¦ requisitos (si de la Generalitat o del Ayuntamiento de Castell¨®n), Santiago Calatrava present¨® un proyecto que exced¨ªa considerablemente lo que exig¨ªa el contrato y conllevaba importantes sobrecostes. El arquitecto present¨® y un proyecto de tres edificios en una parcela de 48.240 metros cuadrados (y no de los 17.000 previstos) con un coste de cien millones de euros solo en la primera fase. El presupuesto era de 60 millones. En una nota interna entre cargos de la empresa p¨²blica Sociedad de Proyectos Tem¨¢ticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) de noviembre de 2008 se lleg¨® a hacer una previsi¨®n sobre el coste final del dise?o presentado, que se fij¨® en 180 millones, seg¨²n consta en la denuncia que el grupo Esquerra Unida ha presentado para personarse en la causa.

El juzgado lo ten¨ªa todo preparado

Los directivos de la empresa de la Generalitat se negaron durante meses a pagar los honorarios al arquitecto y le exigieron que rectificara su proyecto para adecuarlo a los requisitos iniciales. En noviembre de 2009, con la directiva de la SPTCV renovada y tras una amenaza de acudir a los tribunales realizada por el despacho de Calatrava, se acepta saldar la deuda de 2,7 millones por los estudios y se opta por dar el visto bueno al nuevo proyecto siempre que no se superara los 89,9 millones m¨¢s IVA para todo el complejo.

Es este ¨²ltimo extremo el tercer interrogante que el juez quiere aclarar. Para ello, reclam¨® al gobierno valenciano que aportara el acta de reuni¨®n por la que el consejo de administraci¨®n de la SPTCV autoriz¨® de forma oficial el aumento del presupuesto inicial fijado en 60 millones.

La ¨²ltima inc¨®gnita relevante se centra en averiguar los pormenores de la ubicaci¨®n del Centro de Convenciones. El complejo se proyect¨® sobre unos terrenos que el Ayuntamiento de Castell¨®n deb¨ªa ceder. Las parcelas las iba a obtener mediante el desarrollo del PAI Mestrets pero nunca pudo disponer de ellas porque el proyecto urban¨ªstico fue anulado por los tribunales. El juzgado le pide por ello al consistorio que presente el t¨ªtulo jur¨ªdico que le habilitaba para disponer de aquella superficie en la que se proyect¨® y contrat¨® una obra que, a¨²n a d¨ªa de hoy, no se puede ejecutar porque no se dispone de los terrenos que propusieron para el contrato. El Consell, adem¨¢s, hace tiempo que descart¨® continuar con el complejo por motivos econ¨®micos.