Un juzgado pide a la Polit¨¦cnica el contrato de un curso de inform¨¢tica

El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 32 ha pedido a la Universidad Polit¨¦cnica que le entregue la documentaci¨®n relativa a la contrataci¨®n en 2007 de una empresa para impartir cursos de iniciaci¨®n a la inform¨¢tica. Una adjudicaci¨®n que, seg¨²n la Fiscal¨ªa, pudo haberse realizado sin justificar la f¨®rmula elegida para contratar. El auto, con fecha de 28 de julio, da diez d¨ªas a la universidad para presentar los documentos "que le han sido requeridos en reiteradas ocasiones". De lo contrario, advierte de que podr¨ªa incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

El auto de la juez Rosa Mar¨ªa Freire P¨¦rez responde a la petici¨®n de la fiscal, que hab¨ªa solicitado "reiteradamente" los documentos sobre esa gesti¨®n. En concreto, pide los pliegos administrativos y t¨¦cnicos, as¨ª como las memorias del expediente de contrataci¨®n, haciendo especial hincapi¨¦ en "la motivaci¨®n espec¨ªfica para la contrataci¨®n mediante negociado sin publicidad". Ello, afirma el escrito de la Fiscal¨ªa, "por cuanto examinada la documentaci¨®n remitida resulta que se adjudic¨® un negociado sin publicidad a una empresa, pero no se justificaron los motivos del procedimiento administrativo". Contin¨²a diciendo que "en esta larga instrucci¨®n, se ha solicitado reiteradamente la justificaci¨®n sin que hasta el momento se haya incorporado a la causa".

El procedimiento de diligencias previas se abri¨® a ra¨ªz de una denuncia particular por supuesta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos presentada en noviembre de 2011. La Universidad Polit¨¦cnica reconoce su existencia y asegura que "est¨¢ a disposici¨®n del juzgado correspondiente y cumplir¨¢ sus requerimientos". Seg¨²n el centro, la causa se refiere a una subvenci¨®n que el Ministerio de Industria concedi¨® en 2007 para un proyecto dirigido por Manuel L¨®pez Quero, doctor ingeniero de Montes y profesor de la universidad. "La subvenci¨®n fue justificada en su d¨ªa al ministerio. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas dio por correcto el procedimiento utilizado", se?al¨® este mi¨¦rcoles la universidad en una respuesta por escrito.

La adjudicaci¨®n se produjo por el procedimiento de concurso negociado sin publicidad, seg¨²n un informe de la C¨¢mara de Cuentas de la Comunidad que analiz¨® las finanzas correspondientes al ejercicio de 2008 de la Polit¨¦cnica y de sus entidades dependientes. "No consta que se consultara a m¨¢s empresas. Se elige a la adjudicataria por ser 'la ¨²nica empresa en el mercado con total experiencia en este tipo de trabajos". La normativa de contratos con la Administraci¨®n p¨²blica establece que ese procedimiento sin publicidad puede utilizarse, por ejemplo, cuando en concurso abierto nadie ha presentado su oferta o cuando, por razones t¨¦cnicas, la tarea solo se puede encomendar a un ¨²nico empresario.

La empresa en cuesti¨®n, con sede en Almer¨ªa y vinculada al sector inmobiliario, seg¨²n indica el informe de la C¨¢mara, fue contratada para impartir cursos de iniciaci¨®n a la inform¨¢tica. El presupuesto de licitaci¨®n fijado en el pliego administrativo y en el contrato que ahora pide la juez fue de 491.260 euros. "Es inimaginable que la universidad p¨²blica con m¨¢s catedr¨¢ticos y profesores titulares en ciencias de la computaci¨®n de Espa?a pague esa cantidad a una empresa de un grupo inmobiliario por cursos de iniciaci¨®n a la inform¨¢tica", argumentaba el denunciante en su escrito de 2011.

La propia C¨¢mara de Cuentas se?al¨® en un informe hecho p¨²blico la semana pasada que la Fundaci¨®n General de la Universidad Polit¨¦cnica, encargada tambi¨¦n de gestionar proyectos de investigaci¨®n, hab¨ªa hecho pagos a familiares de profesores responsables de esos proyectos. Al menos 310.000 euros fueron a parar a los bolsillos de esposas e hijos de coordinadores. Los familiares cobraron entre 10.000 y 40.000 euros por tareas de colaboraci¨®n, como copiar textos de Power Point o traducir documentos t¨¦cnicos. El informe revelaba tambi¨¦n gastos por valor de 50.000 euros "sin justificar y en ocasiones privados", como viajes en ¨¦poca de vacaciones, que la universidad justific¨® por la imposibilidad de algunos profesores de realizar esos desplazamientos, necesarios para los proyectos de investigaci¨®n, en per¨ªodo lectivo.

La fundaci¨®n de la Polit¨¦cnica, que en sus alegaciones hab¨ªa calificado de "sensacionalistas" algunas de las observaciones del ¨®rgano fiscalizador, anunci¨® el pasado martes la apertura de un expediente informativo para aclarar lo ocurrido. Puntualiz¨®, sin embargo, que los casos de pagos a familiares eran "un n¨²mero reducido" ¡ªla C¨¢mara analiz¨® 29 convenios de 519, m¨¢s 39 operaciones de otros acuerdos, y encontr¨® este tipo de pagos en seis de ellos¡ª y que la responsabilidad de justificarlos debidamente no reca¨ªa en la fundaci¨®n, sino en los profesores encargados de dirigir los proyectos de investigaci¨®n.