Alaya imputa a un abogado de la Junta y a 19 nuevos intrusos en el ¡®caso ERE¡¯

La juez Mercedes Alaya ha imputado en el caso ERE a un abogado de la Junta de Andaluc¨ªa y a 19 intrusos incluidos en cuatro expedientes de las empresas Hitemasa, Samec, Primayor e Inverja¨¦n. De este modo, la magistrada eleva el n¨²mero de imputados a las 227 personas y prosigue con la instrucci¨®n del sumario a pesar de que elev¨® el caso al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la supuesta implicaci¨®n de nueve aforados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.

Alaya acusa al jefe de la asesor¨ªa jur¨ªdica de la antigua Consejer¨ªa de Empleo Antonio Lamela de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n por haber redactado un informe que sustent¨® una subvenci¨®n a los Astilleros de Huelva en noviembre de 2011, cuando el diputado socialista Manuel Recio era consejero de Empleo. La juez achaca al abogado que actu¨® siguiendo ¡°de manera indiciaria las instrucciones pol¨ªticas¡± del viceconsejero de entonces Justo Ma?as, para sustentar una ayuda concedida al margen de la orden de la Junta que regulaba ¡°la concesi¨®n de subvenciones sociolaborales¡±, seg¨²n el auto de Alaya del pasado jueves.

La instructora critica con dureza al abogado por utilizar el ¡°peregrino argumento¡± de que las subvenciones s¨®lo pod¨ªan pedirlas los trabajadores y no las empresas, como suced¨ªa en el caso de Astilleros, para que pudiera indemnizar los despidos que estaba ejecutando. Alaya insiste en su censura y acusa a Empleo a trav¨¦s de una ayuda ¡°que fue aprobada por el Consejo de Gobierno¡±: ¡°El razonamiento era cuanto menos parad¨®jico, pues resultaba que la Consejer¨ªa de Empleo hab¨ªa estado m¨¢s de diez a?os negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrim¨ªa ese argumento para negar la aplicaci¨®n de la normativa reguladora¡±, concluye la instructora. ¡°Se omiti¨® deliberadamente el procedimiento aplicable¡±, a?ade.

Mientras, despu¨¦s de que la Guardia Civil entregara hace una semana los atestados de cuatro empresas, Alaya ha imputado a 19 intrusos en funci¨®n de los indicios recabados por los agentes.

Por el ERE de Hitemasa de 2004 para 191 trabajadores y que cost¨® 32 millones, Alaya ha imputado a cinco personas, entre ellas los presidentes del Consejo de Administraci¨®n Manuel M¨¢rquez y Antonio Moreno. Adem¨¢s, la juez acusa a los consejeros Francisco Naranjo del R¨ªo, Juan Gonz¨¢lez Gonz¨¢lez, Amparo Alarc¨®n L¨®pez y Guillermo Valderrama, adem¨¢s de cuatro intrusos que elevaron de manera supuestamente artificial el ERE hasta las 195 personas. Alaya subraya que como presidente, M¨¢rquez recibiera ¡°un trato especial y diferenciado¡± junto a sus consejeros respecto al colectivo de trabajadores de la firma por una suma de 167.398 euros. La juez destaca c¨®mo los directivos fueron los m¨¢s beneficiados por las indemnizaciones del ERE. Asimismo, la juez ampl¨ªa la imputaci¨®n que recae sobre cinco ex altos cargos de las consejer¨ªas de Empleo, Innovaci¨®n y la agencia Idea, adem¨¢s de la consultora Vitalia, que recibi¨® seis millones por su gesti¨®n en el ERE. Alaya ha imputado asimismo a los directivos de la empresa Samec, Marcos Guerra y Rodolfo Verginella, y a los tres exdirectivos de Primayor Luis Sobrino, Felipe Monforte, Ram¨®n Portal.

Por ¨²ltimo, en otro auto la instructora ha comunicado a los parlamentarios y exconsejeros Gaspar Zarr¨ªas y Mar Moreno su se?alamiento en el caso y les comunica el art¨ªculo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El auto dictado el pasado jueves llega tres semanas despu¨¦s de la exposici¨®n razonada que Alaya remiti¨® al Supremo, en el que ya ambos cargos estaban se?alados.