El Gobierno denuncia ante el TC la ley catalana contra la pobreza energ¨¦tica
Considera que invade competencias en materia el¨¦ctrica
El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido denunciar ante el Tribunal Constitucional el decreto ley contra la pobreza energ¨¦tica aprobado por el Ejecutivo catal¨¢n en diciembre del pasado a?o, que permit¨ªa a un determinado colectivo de personas suspender el pago de las facturas de electricidad y gas durante los meses de noviembre a marzo con la garant¨ªa de que no se les cortar¨ªa el suministro. La norma, que tuvo un escaso impacto social en su primera convocatoria, permit¨ªa a los usuarios a aplazar el pago de las facturas hasta el periodo comprendido entre los meses de abril y octubre siguientes.?
El Consejo de Ministros aprob¨® el pasado viernes el recurso de inconstitucionalidad, al considerar que el decreto invade competencias de la normativa b¨¢sica estatal al introducir la definici¨®n de "personas en situaci¨®n de vulnerabilidad econ¨®mica". Seg¨²n la documentaci¨®n del Ejecutivo central, es la Ley estatal del Sector El¨¦ctrico la que determina qui¨¦n es un consumidor vulnerable, que es asimismo quien tiene derecho a un bono social. Las condiciones establecidas por la Generalitat son diferentes a las estatales.
Adem¨¢s de las condiciones catalanas para definir a una persona en situaci¨®n de vulnerabilidad econ¨®mica, el Gobierno tambi¨¦n est¨¢ en contra de que se postergue el pago de las facturas energ¨¦ticas, que la Generalitat fije mecanismos de intercambio de informaci¨®n y de precios sociales con las compa?¨ªas suministradoras y que no quede establecido qui¨¦n se ha de hacer cargo con la financiaci¨®n de las medidas adoptadas mientras los usuarios no pagan sus recibos.
El Gobierno considera que la Generalitat, con su propia norma, contraviene el sistema de tarifa de ¨²ltimo recurso fijada por el Estado para aquellas personas que no tienen suficientes recursos para pagar sus recibos de luz y gas. Respecto a la moratoria en el pago de las facturas, el Consejo de Ministros denuncia que la modificaci¨®n de las condiciones de pago altera "el pago por aplicaci¨®n de peajes de acceso y cargos", lo que tiene repercusiones sobre consumidores del resto de comunidades aut¨®nomas.
El recurso del Ejecutivo central llega justo cuando el Gobierno catal¨¢n y entidades sociales negocian las condiciones de la segunda convocatoria de lo que el a?o pasado se lleg¨® a denominar tregua invernal. Las entidades del tercer sector consideraban que la propuesta de la Generalitat, pactada con ERC, era poco ambiciosa y no solucionaba las necesidades de las personas sin recursos, ya que solo aplazaba el pago de las facturas.
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