La Generalitat intentar¨¢ apartar a los funcionarios del conflicto pol¨ªtico

Despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la consulta soberanista, la Generalitat quiere apartar del foco de la pol¨¦mica a los funcionarios que trabajan para hacer posible la celebraci¨®n del refer¨¦ndum sobre la independencia del 9 de noviembre.

El dispositivo de personal previsto el departamento de Gobernaci¨®n y que fue presentado el domingo por la vicepresidenta del Gobierno catal¨¢n, Joana Ortega, queda, por tanto, suspendido. ¡°No vamos a poner en riesgo a nadie¡±, explicaron ayer fuentes de la Generalitat, en referencia al delito de desobediencia en el que podr¨ªan incurrir los empleados p¨²blicos que siguieran colaborando a partir de hoy en la organizaci¨®n de la consulta soberanista.

El Gobierno catal¨¢n debatir¨¢ en su reuni¨®n de hoy la estrategia pol¨ªtica a seguir tras la suspensi¨®n del Constitucional, pero se da por seguro que echar¨¢ el freno con los funcionarios de la Generalitat que hasta ahora est¨¢n ocupados en los preparativos de la consulta. ¡°A nadie se le va a pedir que infrinja la ley¡±, aseguraron ayer fuentes del Departamento del Gobernaci¨®n.

Los n¨²meros de la Generalitat preve¨ªan la movilizaci¨®n de 4.834 empleados p¨²blicos, sumando los que trabajan en los ayuntamientos catalanes y en la Administraci¨®n auton¨®mica, adem¨¢s de 6.200 agentes de los Mossos d'Esquadra y tres mil polic¨ªas locales. A todos ellos hay que sumar un millar de secretarios municipales de los 947 ayuntamientos que hay en Catalu?a para levantar las actas del resultado de la votaci¨®n.

Los alcaldes prevaricar¨¢n si adoptan acuerdos en favor de la consulta

Al margen del delito de desobediencia en el que podr¨ªan incurrir los funcionarios, tambi¨¦n podr¨ªan se les podr¨ªa exigir responsabilidad penal los alcaldes y concejales de Catalu?a que a partir de este martes acuerden actos administrativos para hacer posible el 9-N, as¨ª como a los secretarios municipales que participen en esas reuniones. El ex fiscal superior de Catalu?a, Jos¨¦ Mar¨ªa Mena, entiende que en este caso se les podr¨ªa acusar de delito de prevaricaci¨®n, porque estar¨ªan acordando una resoluci¨®n injusta a sabiendas de que lo es, ya que es de sobras conocido que el Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta soberanista del 9 de noviembre. ¡°Esos alcaldes y concejales no son aforados, como sucede con Artur Mas y los consejeros de la Generalitat. Por tanto, tendr¨ªan sus juicios r¨¢pidos, sus condenas y sus condenas de inhabilitaci¨®n¡±, asegura Mena. ¡°Para un alcalde la inhabilitaci¨®n ser¨ªa un mal menor, pero para un secretario municipal de carrera las consecuencias podr¨ªan ser peores¡±, a?ade.

La Generalitat conf¨ªa tambi¨¦n que el Gobierno de Mariano Rajoy no act¨²e contra los funcionarios catalanes que iban a participar en la realizaci¨®n de la consulta, a los que hay que a?adir 24.390 miembros de las meses electorales y 48.780 suplentes. Fuentes judiciales explicaron que en la reuni¨®n que celebr¨® hace unos d¨ªas el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, con los cuatro fiscales provinciales de Catalu?a, se les impartieron instrucciones sobre la forma con la que deber¨¢n actuar en sus territorios, en caso de que se realicen actividades para favorecer la participaci¨®n en la consulta.