La justicia asesta un nuevo golpe al gobierno socialista de Ourense
La concejal de Urbanismo, a juicio por una de las seis causas en las que est¨¢ imputada
El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Ourense, Leonardo ?lvarez, ha ordenado procesar a la teniente de alcalde y edil de Urbanismo de Ourense, ?urea Soto (PSdeG-PSOE), por un presunto delito de prevaricaci¨®n y otro de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, tras concluir la instrucci¨®n del caso de la plaza de San Antonio, una de las seis causas en las que la concejala est¨¢ imputada. En su auto, el juez tambi¨¦n ordena juzgar al abogado coru?¨¦s Carlos Hern¨¢ndez, por presunta cooperaci¨®n para prevaricaci¨®n. Este letrado, contratado por el gobierno ourensano de forma reiterada durante los ¨²ltimos a?os, particip¨® en el procedimiento como asistencia t¨¦cnica externa.
El magistrado considera ilegal el proceder de Soto y Hern¨¢ndez tras legalizar una operaci¨®n urban¨ªstica urdida en los a?os noventa que derrib¨® un antiguo convento de monjas del centro de la ciudad para levantar en su lugar viviendas, oficinas, una plaza y un aparcamiento subterr¨¢neo. Adem¨¢s, la edil acord¨® el pago de una indemnizaci¨®n de 358.000 euros a una vecina de la zona que hab¨ªa denunciado irregularidades en la obra. Si acata la normativa interna aprobada por los socialistas, Soto deber¨¢ dimitir del cargo que ocupa en el Ayuntamiento. En este mismo caso fue imputada toda la junta de gobierno bipartita PSdeG-BNG que aprob¨® la legalizaci¨®n, aunque esas imputaciones quedan ahora sobrese¨ªdas.
El auto de procedimiento abreviado ha sido comunicado a las partes el mismo d¨ªa en el que la concejala procesada, que tambi¨¦n es secretaria de la junta de gobierno, fue reprobada con los votos de PP y Democracia Ourensana (DO), en un pleno extraordinario celebrado hoy, en el que la oposici¨®n le exigi¨® explicaciones por las discrepancias entre el contenido de las actas que firmaba y los reparos manifestados durante por el interventor y el asesor jur¨ªdico durante el procedimiento de aprobaci¨®n de los presupuestos municipales del presente ejercicio. El interventor lleg¨® a acusar por escrito al gobierno local de manipular las actas.
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