El juez exculpa al alcalde de Ourense por la adjudicaci¨®n de un contrato

La justicia levanta una de las espadas de Damocles que pesaba sobre el Gobierno de Ourense. El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 ha concluido la investigaci¨®n del caso Bedoya, en la que indag¨® supuestos delitos de prevaricaci¨®n, fraude o concertaci¨®n empresarial, tras adjudicar el gobierno bipartito de 2008 una obra de 593.000 euros mediante un procedimiento negociado urgente y sin publicidad, a una empresa de la que era director financiero un miembro de la ejecutiva local del PSdeG, que adem¨¢s ocup¨® el puesto 14? en la lista socialista. Antonio Pi?a, que ha sido nombrado nuevo presidente de la Audiencia de Ourense, ha decidido enviar a juicio al exedil del BNG Andr¨¦s Garc¨ªa Mata, al exasesor jur¨ªdico jefe del Ayuntamiento Luis Tros y a tres empresarios. Al mismo tiempo ha levantado la imputaci¨®n que pesaba sobre los restantes pol¨ªticos socialistas y nacionalistas de la Junta de Gobierno que adjudic¨® formalmente la obra.

Entre los pol¨ªticos exculpados se encuentran el actual alcalde, Agust¨ªn Fern¨¢ndez, su antecesor, Francisco Rodr¨ªguez, o las ediles socialistas Marga Mart¨ªn y ?urea Soto. Tambi¨¦n han sido desimputados cuatro exconcejales del Bloque. El juez explica que no puede encausar a toda la Junta de Gobierno porque sus integrantes ¡°carec¨ªan del conocimiento previo de esa omisi¨®n¡±. La pr¨¢ctica totalidad de los pol¨ªticos imputados hasta ahora explicaron en sus pruebas testificales que ese ¨®rgano se limitaba a aprobar los asuntos sin leer o repasar los expedientes. A pesar de ello, el juez cree ¡°dif¨ªcil de explicar¡± que ediles con formaci¨®n jur¨ªdica no se percatasen ¡°de la ilegalidad del procedimiento¡±. La investigaci¨®n del magistrado insiste en que la reforma de la c¨¦ntrica calle ourensana se debi¨® haber adjudicado mediante un procedimiento negociado urgente con publicidad, ya que superaba los 200.000 euros.

Pi?a cree que el extitular de Infraestructuras, Garc¨ªa Mata, era ¡°pleno conocedor de que el procedimiento elegido no era el adecuado¡± porque, seg¨²n ha quedado acreditado mediante las pruebas practicadas, fue advertido por funcionarios como el asesor jur¨ªdico o el interventor, lo que demuestra una ¡°actitud dolosa¡± en su presunto proceder ¡°prevaricador¡±. Adem¨¢s, se?ala que ¡°resulta notoria la concertaci¨®n de las empresas entre s¨ª¡± que fueron invitadas por el concejal al concurso. Seg¨²n el juez, ¡°hay relaci¨®n familiar entre sus gestores¡± y, adem¨¢s, presentaron el mismo pliego de condiciones en el registro con escasos minutos de diferencia. El juez concluye que dos de las tres empresas invitadas en secreto (Ocasa y Betunes) son la misma y que la tercera (Opain) est¨¢ presidida por el hijo del due?o de Ocasa y participada por esta.

El auto que pone fin a la investigaci¨®n no es firme y contra ¨¦l cabe recurso. Adem¨¢s todav¨ªa no ha sido notificado a las partes, lo que ha motivado que la defensa del exasesor jur¨ªdico jefe del Ayuntamiento encausad, haya presentado un escrito en el juzgado en el que pide que se ¡°aclare¡± por qu¨¦ han tenido conocimiento del fin de la instrucci¨®n a trav¨¦s de la prensa. El letrado reclama ¡°que se depuren responsabilidades con expresa reserva de toda clase de acciones de ¨ªndole penal¡±. Aquella misma Junta de Gobierno de 2008 acord¨® otra reforma ¨Cla c¨¦ntrica plaza de Paz N¨®voa¨C siguiendo un procedimiento administrativo id¨¦ntico que tambi¨¦n fue denunciado y que, seg¨²n fuentes judiciales, se mantiene paralizado porque la competencia para su investigaci¨®n ¡°est¨¢ sin resolver¡±.