Instituciones y Progreso

La dimisi¨®n del fiscal general Torres-Dulce propiciada, seg¨²n los medios de comunicaci¨®n que he le¨ªdo, por acoso y presiones del Gobierno, es una mala noticia. No podemos permitir que se produzcan quiebras en el sistema de justicia cuando est¨¢ probado que forma parte de las instituciones vitales para el desarrollo econ¨®mico y social. De hecho es indispensable para vivir en una sociedad civilizada, donde las personas, atendiendo a valores y creencias, nos conducimos de forma respetuosa con las reglas y las instituciones. La visi¨®n que tenemos los economistas acerca del papel que las instituciones juegan en el devenir econ¨®mico y en el progreso de una sociedad est¨¢ basada, aunque no exclusivamente, en trabajos como los que desarrollaron Douglas C. North, Premio Nobel de Econom¨ªa en 1993 y Ronald O. Coase cuya aportaci¨®n pionera en el "Journal of Law and Economics" (La revista de Derecho y Econom¨ªa) se cita todav¨ªa de forma profusa.

D. North nos ense?¨® que para decir cosas sensatas acerca del crecimiento econ¨®mico de los pa¨ªses es fundamental analizar, junto con variables como la tecnolog¨ªa, su desarrollo, la innovaci¨®n y el capital humano, otras como las instituciones y la dimensi¨®n temporal utilizada en los an¨¢lisis. Las instituciones constituyen limitaciones que los humanos hemos construido para estructurar las relaciones entre nosotros, es decir para definir la estructura de incentivos de las sociedades en general y de las econom¨ªas en particular. Si nos fijamos en las mismas observamos que algunas son formales, leyes, reglas, constituciones, mientras que otras, como los c¨®digos de conducta, normas de comportamiento pueden ser consideradas como informales. No cabe duda de que el sistema de justicia es una de las incluidas entre las que se denominan limitaciones formales. Nuestras sociedades est¨¢n, adem¨¢s, repletas de organizaciones, definidas como grupos de individuos unidos por objetivos comunes. Los ejemplos que se citan en la literatura van desde las organizaciones educativas (universidades, escuelas) hasta las pol¨ªticas (ayuntamientos, organismos reguladores) pasando por las econ¨®micas, (sindicatos, empresas).

Una administraci¨®n de justicia eficaz consigue que los incentivos funcionen en la direcci¨®n correcta"

Podr¨ªa decirse que mientras las instituciones representan "las reglas del juego" las organizaciones y los agentes que toman las decisiones representan a los "jugadores". El cambio econ¨®mico constituye un proceso que es consecuencia de las elecciones de los emprendedores y los agentes que act¨²an en las organizaciones y el entorno institucional en el que esta actividad acontece, al condicionar de forma muy determinante los incentivos, puede explicar los impulsos o estancamientos que se producen en el desarrollo y cambio de las econom¨ªas. El trabajo de R. Coase se centra, precisamente, en esta cuesti¨®n. La tecnolog¨ªa y las instituciones, entre ellas, el sistema de justicia determinan los costes de realizar las transacciones, costes que sumados a los de transformaci¨®n, de producci¨®n y a los financieros condicionan el progreso de los pa¨ªses. Cuando las transacciones son costosas, explica este autor, las instituciones importan mucho a la hora de encontrar la forma en la que maximizar la renta agregada de una econom¨ªa. Un sistema de administraci¨®n de justicia eficaz consigue que los incentivos funcionen en la direcci¨®n correcta si el incumplimiento es sancionado de forma r¨¢pida y el coste del proceso recae en quien incumple el contrato.

En la vida real pr¨¢cticamente todos los compromisos de negocios, comerciales e incluso los compromisos m¨¢s personales son formas de "contrato" basados en la confianza de los agentes econ¨®micos entre s¨ª. Si el poder judicial interviene y consigue fortalecer esta confianza los contratos ser¨¢n m¨¢s fluidos y por tanto m¨¢s din¨¢micos. Sin ella el progreso resulta ser mucho m¨¢s problem¨¢tico. Importa, por tanto, determinar cu¨¢l es la forma de conseguir un sistema judicial capaz de consolidar las relaciones comerciales, econ¨®micas, personales. Un sistema capaz de minimizar los riesgos y los costes de transacci¨®n y capaz de estabilizar las reglas constitucionales y el cumplimiento de los contratos. Las condiciones para alcanzar este objetivo exigen independencia, eficiencia y transparencia. Se precisa de autonom¨ªa institucional y de la independencia de los jueces en el ejercicio de su funci¨®n. Todo esto, y m¨¢s que podr¨ªa a?adirse, es lo que justifica que califique como mala la noticia con la que he comenzado este art¨ªculo