Los ¡®para¨ªsos fiscales¡¯ pujolistas

Esta vez no se libran. El pasado 18 de diciembre el juez Ruz acord¨® abrir la fase procesal hacia el juicio oral de los implicados en el caso Pretoria, abierto por Garz¨®n hace cinco a?os. Contra 11 imputados, entre los que se encuentran el exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Mu?oz, y los que fueron destacados dirigentes de CiU y consejeros de Jordi Pujol, Llu¨ªs Prenafeta y Maci¨¤ Alavedra. Todos, en diverso grado de responsabilidad, por los delitos propios de corrupci¨®n, tr¨¢fico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Durante el ejercicio de sus cargos p¨²blicos, gracias al apoyo de los fiscales generales del Estado, del PSOE, la fiscal¨ªa no pudo emprender acciones penales contra ellos. Fue particularmente grave el manto de impunidad que cubri¨® la presunta malversaci¨®n de los fondos p¨²blicos de la CARIC (Comisi¨®n de Ayuda a la Reconversi¨®n Industrial de Catalu?a) que justificaba la persecuci¨®n penal de Alavedra y 11 consejeros m¨¢s. La realidad era m¨¢s que evidente. Una parte de los fondos de dicha entidad¡ªlos llamados avales¡ª se destin¨®, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que finalmente no fueron reintegrados causando un grave perjuicio al erario p¨²blico auton¨®mico.

Una primera consideraci¨®n sobre la resoluci¨®n del juez Ruz: por s¨ª sola descalifica la pretendida reforma del proceso penal del Partido Popular, que trata de abreviar, mediante un sistema de plazos, la investigaci¨®n judicial, especialmente ante esta clase de delitos. Por ejemplo, el auto judicial que comentamos no pod¨ªa haberse dictado antes, pues las dos ¨²ltimas respuestas de las comisiones rogatorias a Andorra y Suiza se produjeron en octubre del a?o pasado. Lo que pretende el PP es, sobre todo, la impunidad de los corruptos.

Asimismo, cuando estamos pendientes de que declaren como imputados Jordi Pujol, su esposa y tres de sus hijos por fraude fiscal y blanqueo de capitales, el auto del Juzgado Central n¨²mero 5 describe el funcionamiento presuntamente delictivo del clan pujolista, el de la familia propiamente dicha y la otra e inseparable ¡°familia¡±, sin la que es imposible entender el pujolismo y su funcionamiento, como ha dicho un autor, en clave de ¡°hampa barcelonesa¡±.

El auto del juez Ruz describe los hechos, situ¨¢ndolos en la pasada d¨¦cada, como ¡°una trama dirigida a la realizaci¨®n de labores de intermediaci¨®n o influencia en adjudicaciones p¨²blicas vinculadas a operaciones urban¨ªsticas (¡­) a cambio de la percepci¨®n de cuantiosas comisiones, que se proceder¨ªa ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvincul¨¢ndolas de su origen mediante la utilizaci¨®n de complejos entramados societarios y financieros¡±.

El Gobierno del PP? no hace absolutamente nada para dar cumplimiento a un acuerdo del Congreso? que instaba al Ejecutivo a la ¡°supresi¨®n de los para¨ªsos fiscales¡±

?stos eran los objetivos y modos de proceder de los miembros de la trama, como hicieron en la Operaci¨®n Niesma, en la que Prenafeta y Alavedra consiguieron, por su mediaci¨®n, sustanciosos beneficios econ¨®micos gracias ¡°al ascendiente (¡­.) que ejerc¨ªan sobre cargos p¨²blicos derivado de los altos cargos que ocuparon en el Gobierno catal¨¢n durante los a?os ochenta a noventa¡±.

Tan grave o m¨¢s que lo anterior fueron las ganancias obtenidas, a veces de procedencia desconocida o de otras labores de intermediaci¨®n, que ocultaron a la Hacienda p¨²blica mediante la canalizaci¨®n de las mismas a trav¨¦s de entidades fiduciarias domiciliadas en para¨ªsos fiscales.

El juzgado del caso Pretoria ha dirigido 13 comisiones rogatorias, cinco a Suiza y otras tantas a Andorra y una a Portugal, Reino Unido, Costa Rica y EE?UU. La colaboraci¨®n de estos Estados ha resultado indispensable para conocer el patrimonio oculto y el alcance de lo defraudado por ambos exdirigentes de CiU. El Gobierno del PP, por contra, no hace absolutamente nada para dar cumplimiento a un acuerdo del Congreso de los Diputados, de 12 de julio de 2011, que instaba al Gobierno a la ¡°supresi¨®n de los para¨ªsos fiscales¡±.

Gracias a la colaboraci¨®n de otros pa¨ªses, ha podido saberse que la cantidad defraudada por Alavedra en los ejercicios 1997, 1998, 2000 y 2006 fue de 2.605.000 euros. Para eso dispuso, como ya ven¨ªa haciendo su jefe de Gobierno desde 1980, de sociedades domiciliadas en Andorra y las islas Caim¨¢n. Lo mismo hizo el ex secretario de Presidencia, Llu¨ªs Prenafeta. Quien, seg¨²n la resoluci¨®n judicial, durante los ejercicios 2000 a 2007 obtuvo 14.984.000 euros de ganancias ¡°procedentes de labores de intermediaci¨®n en adjudicaciones p¨²blicas¡±, cuyo origen no siempre ha podido determinarse, sirvi¨¦ndose de la sociedad BUIC y de otros mecanismos para ocultar y defraudar a la Hacienda p¨²blica una cantidad superior a los cinco millones entre los a?os 2000 a 2003, tambi¨¦n a trav¨¦s de cuentas abiertas en Suiza y Andorra.

Los hechos descritos no solo merecen un reproche penal, sino que, asociados al gran fraude de la familia Pujol, expresan la total ausencia de ¨¦tica p¨²blica de una parte importante de quienes han gobernado Catalu?a durante 23 a?os y de quienes, aqu¨ª y en Espa?a, han sido sus c¨®mplices o encubridores, penales y pol¨ªticos.

Carlos Jim¨¦nez Villarejo es jurista y exeurodiputado de Podemos