La juez investiga presiones del PP de Ourense para callar al exgerente
Emilio Pascual relata a De Lara presuntas malversaciones en la Diputaci¨®n
La juez instructora del caso Pok¨¦mon, Pilar de Lara, ha abierto nuevas diligencias en relaci¨®n con el PP de Ourense ¡ªdel que investiga su supuesta financiaci¨®n ilegal¡ª para determinar si este partido pudiera estar cometiendo un delito de obstrucci¨®n a la justicia mediante presiones al exgerente Emilio Pascual, que en su d¨ªa denunci¨® ante ella, en calidad de testigo, la existencia de una caja b. Seg¨²n recoge en un auto fechado ayer, a la vista de una declaraci¨®n voluntaria de Pascual el pasado d¨ªa 19 manifestando ¡°sentirse presionado¡± por el partido para que se ¡°retracte¡± de sus declaraciones testificales sobre la financiaci¨®n, De Lara ha librado oficio al PP de Ourense para que informe si ha abierto, o est¨¢ en v¨ªas de hacerlo, expediente disciplinario, sancionador o de expulsi¨®n al exgerente, que en esta ¨²ltima comparecencia judicial se reafirm¨® en sus denuncias anteriores y realiz¨® otras nuevas que el auto no precisa.
?Pascual ¡ªque fue gerente provincial del partido durante 27 a?os¡ª denunci¨® ante la juez ¡°nuevos hechos delictivos cometidos por personal del PP y la Diputaci¨®n¡± Provincial que ¡°pudieran ser constitutivos de un presunto delito de malversaci¨®n sin perjuicio de ulteriores calificaciones jur¨ªdicas¡±, sostiene el auto. A este respecto, considerando que ¡°tales hechos no tendr¨ªan relaci¨®n¡± con los investigados en la causa actual, la juez acuerda la apertura de diligencias previas para su inhibici¨®n al ¨®rgano jurisdiccional correspondiente. Con la pr¨¢ctica de las nuevas diligencias abiertas respecto a la investigaci¨®n de la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP ourensano, la instructora pretende ¡°adoptar medidas de protecci¨®n necesarias al testigo¡±. En su oficio al PP, De Lara reclama datos relativos a la fecha de apertura del expediente sancionador anunciado por su presidente provincial, Jos¨¦ Manuel Baltar, a los ¨®rganos o personas que decidieron su incoaci¨®n y al estado actual del expediente.
Pide adem¨¢s la instructora copia ¨ªntegra de ese documento y reclama que se le informe sobre la existencia de otros expedientes disciplinarios, sancionadores o de expulsi¨®n de otros afiliados que figuren como imputados o que hayan sido condenados en causas judiciales. Asimismo, adem¨¢s de demandar que se le informe sobre la identidad de los trabajadores de la sede del PP de Ourense, la juez reclama que se le comunique si el partido ha entablado alguna acci¨®n judicial contra Pascual, ya sea en v¨ªa civil o penal, remitiendo en su caso copia de las mismas.
Tras la declaraci¨®n testifical inicial en la que Pascual denunci¨® la existencia de la supuesta caja b en el PP de Ourense durante la presidencia del primero de los Baltar, De Lara recab¨® documentaci¨®n de empresas de la provincia que, seg¨²n la denuncia, podr¨ªan haber colaborado en la financiaci¨®n ilegal del partido. En un auto fechado en diciembre, De Lara sosten¨ªa que, a partir de 2011, con el segundo de los Baltar ya al frente del PP de Ourense ¡°se ha podido seguir con id¨¦ntico sistema [de supuesta financiaci¨®n ilegal]¡± que el que la instructora sospecha que se llev¨® a cabo durante la presidencia de su antecesor.
Hasta el momento, Jos¨¦ Manuel Baltar se ha limitado a rechazar la financiaci¨®n ilegal y a cargar contra el exgerente. Expresando en todo caso su ¡°m¨¢xima colaboraci¨®n¡± con la justicia, el presidente del PP de Ourense ha descalificado el origen de la investigaci¨®n que, adem¨¢s de a ¨¦l, afecta a una veintena de cargos institucionales de este partido en la provincia.
¡°Solo conozco que [la investigaci¨®n judicial] tiene su ra¨ªz en las declaraciones de una persona contra la que ya se tomaron medidas, pues el comit¨¦ ejecutivo del PP decidi¨® apoyar un¨¢nimemente acciones contra ¨¦l¡±, argument¨® Baltar, tambi¨¦n presidente de la Diputaci¨®n, en una de sus ¨²ltimas valoraciones p¨²blicas sobre este asunto. Baltar advirti¨® que Pascual responder¨ªa de sus denuncias, ya que el PP estaba decidido a aplicar ¡°toda la contundencia de la ley¡± contra el exgerente por sus declaraciones ante De Lara y por la repercusi¨®n p¨²blica que estas tuvieron.
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