El fiscal investiga el presunto enchufe de una exedil del PSdeG en Ourense

Sobre el gobierno socialista de Ourense pesa una nueva investigaci¨®n de los tribunales. La fiscal¨ªa ha abierto diligencias penales para dilucidar si la Junta de Gobierno delinqui¨® al nombrar directora general de Personal a Carmen Rodr¨ªguez Dacosta, secretaria de la agrupaci¨®n local del PSdeG y exedil no electa hasta que, en abril de 2013, el Tribunal Constitucional tumb¨® esa figura pol¨ªtica en todos los ayuntamientos del Estado. Semanas despu¨¦s de aquel fallo, el gobierno local recoloc¨® a Rodr¨ªguez Dacosta en la jefatura de Personal, pero el sindicato USO llev¨® la decisi¨®n ante la justicia y gan¨®. A finales de septiembre del a?o pasado, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo anul¨® el nombramiento con una sentencia en la que dictamin¨® la existencia de desviaci¨®n de poder para ¡°mantenerla en n¨®mina¡±.

El 5 de noviembre de 2014, un particular present¨® una denuncia ante el fiscal para ¡°depurar las responsabilidades penales y civiles contra las personas que pueden resultar responsables de la tramitaci¨®n¡±. Y es que la Junta de Gobierno que acord¨® el nombramiento estuvo rodeada de pol¨¦mica. Las tres concejales del sector af¨ªn al exsecretario general del PSdeG, Pachi V¨¢zquez, que formaban parte de este ¨®rgano, no asistieron a la sesi¨®n porque no estaban de acuerdo con lo que se iba a votar. Votaron a favor el alcalde, Agust¨ªn Fern¨¢ndez, la teniente de alcalde, Marga Mart¨ªn, la extitular de Urbanismo, ?urea Soto, y los ediles Jos¨¦ ?ngel V¨¢zquez Barquero, Ana Garrido y Jos¨¦ Carlos Mart¨ªnez-Pedrayo, todos afines al regidor.

Fuentes de la investigaci¨®n afirman que se trata de un caso ¡°claro¡± de ¡°nepotismo¡±. La sentencia de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa, recurrida por el Ayuntamiento, dictamin¨® la existencia de ¡°desviaci¨®n de poder¡± en el proceder de las personas que participaron en la ¡°actuaci¨®n municipal¡± que permiti¨® el nombramiento con el ¡°¨²nico prop¨®sito de mantenerla en el desempe?o de las funciones de direcci¨®n pol¨ªtica que ven¨ªa desempe?ando como concejala no electa¡±. El denunciante entiende que el gobierno de Ourense ¡°hizo un uso injusto del poder de superioridad del que goza para imponer o reponer de forma arbitraria a Carmen Rodr¨ªguez Dacosta en un puesto para el que no cumple los requisitos establecidos y que son ser funcionaria de carrera y ser aprobado en pleno¡±.