El Tribunal Superior procesa a Pachi V¨¢zquez por 37 supuestos enchufes

Una d¨¦cada despu¨¦s de abandonar la alcald¨ªa de su pueblo, decenas de contratos temporales formalizados, seg¨²n el juez, ¡°al margen de todo procedimiento administrativo¡± que, en algunos casos, fueron convertidos en indefinidos, ponen a Pachi V¨¢zquez contra las cuerdas. El diputado auton¨®mico y exsecretario general del PSdeG ha sido procesado por, supuestamente, enchufar a 37 personas ¡°sin una m¨ªnima acreditaci¨®n del m¨¦rito y la capacidad y sin publicidad alguna¡± en el Ayuntamiento de O Carballi?o (Ourense), donde fue regidor entre 1995 y 2005. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) notific¨® ayer un auto con el que acuerda su procesamiento, tras la querella del fiscal por un presunto delito de prevaricaci¨®n continuada. V¨¢zquez deber¨¢ declarar por segunda vez la semana pr¨®xima, ya que la instrucci¨®n no finaliza con este auto. De ah¨ª que la direcci¨®n del PSdeG esperar¨¢ a conocer si V¨¢zquez va a juicio antes de pedirle que abandone su esca?o en el Parlamento gallego

?El juez asume la teor¨ªa del ministerio p¨²blico y centra su argumentaci¨®n en dos decretos de 2004 y 2005 que considera ¡°m¨¢ximo exponente¡± de las supuestas ilegalidades. Con el primero, convirti¨® en indefinidos a seis empleados ¡°sin ning¨²n procedimiento o justificaci¨®n amparada leg¨ªtimamente en el ordenamiento jur¨ªdico¡± tras haberlos contratado de forma temporal ¡°sin ning¨²n amparo legal¡±. Con la segunda resoluci¨®n, a propuesta del edil de personal, acord¨® la contrataci¨®n de 31 trabajadores durante un a?o, tambi¨¦n sin justificaci¨®n y al margen de la ley, seg¨²n el TSXG.

V¨¢zquez, en declaraciones a EL PA?S, asegura ¡°respetar¡± a la justicia aunque no ¡°comparte¡± las acusaciones del juez porque ¡°solo dan p¨¢bulo a la teor¨ªa de la fiscal¨ªa¡±. El diputado, que hoy asistir¨¢ a un pleno monogr¨¢fico sobre corrupci¨®n en el Parlamento, va a recurrir ¡°a todos los sistemas posibles¡± para demostrar que no hay ilegalidad alguna. ¡°Voy a dar la batalla ma?ana mismo para demostrar mi inocencia¡±, insiste. Adem¨¢s, se?ala al Ayuntamiento de O Carballi?o, ahora en manos del PP, como inductor de su delicada situaci¨®n judicial: ¡°Alguien del consistorio no est¨¢ enviando la documentaci¨®n que certifica la absoluta legalidad de los contratos. Es incre¨ªble porque yo ya encontr¨¦ 12 expedientes que la secretaria municipal dice no encontrar¡±.

La defensa del diputado socialista argument¨® que los expedientes de esos procesos selectivos hab¨ªan desaparecido del archivo municipal, pero el magistrado concluye que no existe ¡°ning¨²n indicio con la m¨ªnima solidez necesaria de sustracci¨®n, extrav¨ªo o destrucci¨®n por incendio, inundaci¨®n o cualquier otra calamidad de fuerza mayor o caso fortuito¡±. Tambi¨¦n destac¨® el abogado de V¨¢zquez la inexistencia de reparos de legalidad a los contratos por parte del interventor y del secretario municipales. Sin embargo, el tribunal afirma que ¡°es solo parcialmente cierto¡± porque existen dos dict¨¢menes desfavorables y porque ¡°no pidi¨® ning¨²n asesoramiento legal en cuanto a la contrataci¨®n de personal¡± para ¡°colocarse deliberada e inexcusablemente en tal situaci¨®n de ignorancia¡±, a pesar de su ¡°superior cualificaci¨®n profesional y su dilatada experiencia en cargos de alta responsabilidad pol¨ªtica¡±.

El juez instructor entiende que el procedimiento empleado para contratar a 37 personas puede ser constitutivo de un delito de prevaricaci¨®n porque ¡°las afirmaciones contenidas en la querella del ministerio p¨²blico, apoyadas en la documental pertinente, han ido adquiriendo visos de verosimilitud¡±. Entre los supuestos enchufados hay un capataz, un conserje para el polideportivo, una conserje-limpiadora, cinco auxiliares de ayuda a domicilio, cuatro peones de limpieza y residuos, un mec¨¢nico, tres alba?iles, un electricista, un pintor, dos peones, un carpintero, dos polic¨ªas y dos auxiliares de polic¨ªa, dos limpiadoras, un licenciado en matem¨¢ticas y otra en empresariales, un monitor deportivo, un psic¨®logo, una educadora social, un chofer, un locutor-redactor que tambi¨¦n era encargado de instalaciones deportivas, una monitora de turismo e incluso una mujer contratada con categor¨ªa profesional de auxiliar de cl¨ªnica, que luego fue recontratada como auxiliar administrativo y que ahora es personal indefinido. El auto concluye la existencia de un ¡°sistem¨¢tico proceder" que ha provocado una an¨®mala situaci¨®n en la plantilla municipal.