¡®Que mori lo mal govern¡¯

Hace unos d¨ªas el consejero de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell, presentaba los Presupuestos del Gobierno catal¨¢n y como buen trilero (tiene una experiencia acumulada de cuatro a?os) nos despist¨® 2.300 millones de euros: cuando los presenta en Catalu?a los destina a d¨¦ficit y cuando los entrega en Madrid los hace desaparecer para cumplir con la tasa de d¨¦ficit. ?Bravo! ?D¨®nde est¨¢ la bolita? ?D¨®nde han ido a parar los millones de euros? ?Estar¨¢n al servicio del victimismo nacionalista?

</CS>La segunda informaci¨®n que nos da el siempre despierto consejero suena a m¨²sica celestial: Aumentar¨¢ una partida de su departamento el 25% y se contrataran 170 nuevos funcionarios p¨²blicos. ?Incre¨ªble!, el Gobierno, campe¨®n mundial de los recortes, empieza a reconsiderar su triste figura. Uno empieza a pensar que el apoyo de ERC durante dos a?os a los Presupuestos del Gobierno de derechas empieza a dar sus frutos.

?Mi gozo en un pozo! La partida que ha aumentado sirve para crear estructuras de Estado, como la Agencia Tributaria de Catalu?a, y los 170, son los nuevos espartanos que poblaran la nacional instituci¨®n. Para el Gobierno catal¨¢n lo prioritario es potenciar su ideolog¨ªa, lo secundario, la ciudadan¨ªa. Las partidas sociales se congelan despu¨¦s de a?os de recortes, las partidas para paliar las emergencias sociales (destinadas a las familias que no pueden pagar el recibo del agua, gas o electricidad) son lamentablemente insuficientes. La privatizaci¨®n de los sectores p¨²blicos avanza sin pausa y el copago en los servicios sociales hace que las personas necesitadas de atenci¨®n a la dependencia no puedan asumir el servicio.

Es sobre estas personas y su situaci¨®n de lo que quiero hablar m¨¢s extensamente. Estoy pensando en las personas, independientemente de la edad, que no pueden valerse por s¨ª mismas para poder desarrollar las actividades b¨¢sicas de su vida diaria (higiene, vestirse, comida, compra¡­), seg¨²n un baremo especificado en la Ley de la Dependencia del 2006.

Desde su aprobaci¨®n, el Estado nunca ha pagado el porcentaje a que le obligaba la ley

Estas personas m¨¢s vulnerables tambi¨¦n han sufrido severos recortes en Espa?a y Catalu?a. Adem¨¢s, la reforma de la Ley, en el 2012, ha provocado una severa disminuci¨®n del n¨²mero de personas a proteger. Mientras que Suecia destina un 3,6% de su PIB en cuidados de larga duraci¨®n y la media de los pa¨ªses de la OCDE es del 1,6%, Espa?a no llega ni a la mitad de esa cifra (0,7%), siendo uno de los m¨¢s bajos de la UE, por delante solo de Portugal y Grecia.

Esta prestaci¨®n, seg¨²n la ley del 2006, se financiaba al 50% entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas. Desde su aprobaci¨®n, el Estado nunca ha pagado el porcentaje que le obligaba la ley (lleg¨® hasta un 37%) y en los Gobiernos de Rajoy y Mas las partidas han disminuido dr¨¢sticamente.

El Gobierno de la Generalitat, desde el 2011, no paga a los usuarios ni a los prestadores de estos servicios (la deuda llega a los 90 millones de euros); hay 17.000 personas que necesitan una residencia y al mismo tiempo existen plazas vac¨ªas y ha suspendido la prestaci¨®n econ¨®mica vinculada para acceder a una residencia.

El resultado para las personas dependientes es una espera de m¨¢s de dos a?os para acceder a una residencia p¨²blica, o bien pagarse una privada. Aqu¨ª est¨¢ el quid de la cuesti¨®n, de la mano del Gobierno el sector privado pone sus avariciosos ojos en los servicios sociales, sacando tajada de las pol¨ªticas austericidas de la derecha gobernante. Esta dualizaci¨®n de la oferta de los servicios supone desigualdad en el trato de las personas. Para los m¨¢s pobres: listas de espera y diferente trato asistencial; para los ricos: servicios de hotel.

Adem¨¢s, el Gobierno catal¨¢n ha incrementado el copago (un 54% en el caso de residencia y centro de d¨ªa para personas con discapacidad intelectual) en la cartera de servicios sociales a partir del uno de enero de 2014.

Este copago que est¨¢ ligado a la renta y al patrimonio, tal como est¨¢ dise?ado, se convierte en regresivo y no en progresivo, como ser¨ªa de esperar: es debido al efecto tope, que significa que a partir de un determinado nivel de renda, la cuota a pagar llega al m¨¢ximo (tope) y el usuario no pagar¨¢ m¨¢s de esta cuota, a pesar de tener una capacidad econ¨®mica que le permita hacerlo. Por ejemplo, si el tope para el servicio residencial para personas con una situaci¨®n de dependencia muy grave (grado III) es de 1.447,87 euros al mes, las personas con ingresos mensuales superiores a 1.581 euros (90% del coste de referencia del servicio) ya habr¨¢n llegado al tope, por lo cual, el efecto patrimonio quedar¨¢ anulado.

Estamos hablando de un derecho garantizado que no puede ser eliminado sin m¨¢s. Haci¨¦ndolo dejan indefensa a las personas m¨¢s vulnerables de nuestra sociedad. Los Gobiernos de derechas entienden estos servicios como un gasto, cuando es una inversi¨®n, como lo demuestran diferentes estudios que confirman que la inversi¨®n en la Ley de Dependencia tiene un retorno econ¨®mico en impuestos y cotizaciones de un 20%.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia