El Proyecto Castor se realiz¨® sin estudio previo de impacto ambiental

El almac¨¦n de gas submarino Castor, ubicado frente a las costas de Vinar¨°s (Castell¨®n) y Alcanar (Montsi¨¤), se hizo sin informes jur¨ªdicos previos para resolver la Declaraci¨®n de Impacto Ambiental (DIA), seg¨²n denunci¨® ayer el Ayuntamiento de esta segunda localidad. El Consistorio de Alcanar pidi¨® informaci¨®n al respecto al Gobierno, y este contest¨® que no dispone de ning¨²n estudio jur¨ªdico que avale la aprobaci¨®n de la DIA. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lo desvel¨® a trav¨¦s de una carta enviada al Ayuntamiento por la Direcci¨®n de Calidad y Evaluaci¨®n Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura.

¡°Resulta incomprensible la inexistencia de informes previos de los servicios jur¨ªdicos en una actividad potencialmente contaminante como es el Castor, tal y como advirti¨® la Generalitat Valenciana, y visto el impacto ambiental asociado al proyecto. Es todo muy extra?o¡±, afirm¨® ayer el alcalde Alcanar, Alfons Montserrat (ERC). El edil trasladar¨¢ el caso a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a quien pide abrir una investigaci¨®n.

La DIA se aprob¨® en octubre de 2009 y cuatro a?os despu¨¦s, entre septiembre y octubre de 2013, la inyecci¨®n de gas en el dep¨®sito submarino provoc¨® m¨¢s de medio millar de se¨ªsmos con una magnitud que lleg¨® a superar el nivel 4 de la escala de Richter. Los terremotos atemorizaron a los vecinos de la zona y enervaron los ¨¢nimos de entidades sociales como la Plataforma en Defensa de las Tierras del S¨¦nia o del propio Ayuntamiento de Alcanar. Todos ellos llevaban a?os batallando contra la puesta en marcha del almac¨¦n. Tambi¨¦n hab¨ªan pedido sin ¨¦xito que se incluyesen informes de riesgo s¨ªsmico en la tramitaci¨®n de la infraestructura. ¡°En el tema s¨ªsmico no hubo informes, ahora aqu¨ª tampoco, la falta de estudios fue una constante¡±, relataba ayer Montserrat.

Un juzgado de Vinar¨°s investiga si la Administraci¨®n y la promotora del almac¨¦n, Escal UGS, filial de ACS, holding presidido por Florentino P¨¦rez, pudieron cometer prevaricaci¨®n ambiental por no analizar el riesgo s¨ªsmico inducido que pod¨ªa provocar el a?mac¨¦n. La causa se ha abierto con nueve cargos y funcionarios del Gobierno socialista imputados junto a responsables de Escal UGS.

Tras el p¨¢nico social desatado por los se¨ªsmos, el almac¨¦n de gas se encuentra en estado de ¡°hibernaci¨®n¡±, en palabras del Gobierno. Por ello, al no haber podido entrar en funcionamiento, el Gobierno aprob¨® a final del a?o pasado una indemnizaci¨®n de 1.350 millones a Escal UGS. Este dinero se repercutir¨¢ en el recibo del gas de los consumidores durante los pr¨®ximos 30 a?os. Vecinos, entidades, el Ayuntamiento de Alcanar y la Generalitat piden que se anule este pago a Escal, contra el que el PSOE y el PSC presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Plataforma en Defensa de las Tierras del S¨¦nia calcula que la indemnizaci¨®n a la empresa de P¨¦rez le costar¨¢ 650 euros a cada consumidor de gas natural.