Las dilaciones echan por tierra la instrucci¨®n de un gran fraude fiscal

En los a?os de esplendor del ladrillo, las plataformas de Gr¨²as Estaci¨®n se elevaban hacia el cielo desde el suelo de toda Galicia. La empresa de Padr¨®n (A Coru?a) disfrutaba de las mieles del negocio cuando en julio de 2004 uno de sus tres due?os, Seraf¨ªn Montenegro, denunci¨® a sus socios, su hermano Santiago y Carlos Mosquera, acus¨¢ndoles de gestionar la sociedad a trav¨¦s de una contabilidad b alimentada con facturas falsas y operaciones ficticias para eludir impuestos. As¨ª naci¨® el caso Estaci¨®n, un presunto macrofraude cuantificado en seis millones de euros entre 2002 y 2005, que tras acumular 21 imputados y cinco tipos de delitos (fiscal, societario, contable, apropiaci¨®n indebida y falsedad documental) est¨¢ ahora amenazado de ruina. Despu¨¦s de una d¨¦cada de lentas pesquisas, la fiscal¨ªa acaba de presentar un informe en el que retira su acusaci¨®n por delitos contra la Hacienda p¨²blica y falsedad documental alegando, entre otras cosas, que ya han prescrito. El ministerio p¨²blico solo mantiene las imputaciones contra tres personas. Y una de ellas es el denunciante.

La fiscal Ar¨¢nzazu San Jos¨¦ defiende la retirada de los cargos por delito fiscal y falsedad documental porque considera que ya han prescrito y por las contradicciones entre los dos peritos de la Agencia Tributaria que intervinieron en la instrucci¨®n, dos expertos del mismo organismo p¨²blico que llegan a conclusiones radicalmente distintas. El primero, ?ngel Fern¨¢ndez Docampo, present¨® su estudio en marzo de 2010 tras investigar la contabilidad de Gr¨²as Estaci¨®n y concluy¨® la existencia de indicios de falsedad documental y de nueve delitos fiscales cometidos presuntamente por Santiago Montenegro y Carlos Mosquera, por los que Hacienda dej¨® de ingresar unos 2,8 millones de euros por sociedades e IVA. El segundo, Jos¨¦ Mar¨ªa Gonz¨¢lez Seijo, revis¨® cr¨ªticamente el informe de Docampo cuatro a?os despu¨¦s a petici¨®n de estos dos imputados y con la oposici¨®n del denunciante (ahora tambi¨¦n imputado), que lo acus¨® de ocultar facturas falsas de Gr¨²as Estaci¨®n a las que tuvo acceso mientras investigaba otro fraude, el de la empresa viguesa Las Cinco Jotas.

La fiscal¨ªa se decanta por el dictamen de este segundo perito que, sin hacer nuevas pesquisas, puso en duda el m¨¦todo utilizado por su compa?ero para calcular el fraude en unos seis millones y descart¨® la existencia de los nueve delitos fiscales y de falsedad. ¡°Nos parece que los c¨¢lculos realizados por el perito Gonz¨¢lez Seijo son m¨¢s atinados¡±, esgrime la fiscal¨ªa, quien al margen de estas estimaciones admite ¡°otro grave problema¡±. El ministerio p¨²blico considera prescritos estos delitos contra la Hacienda p¨²blica cometidos presuntamente entre 2003 y 2005 porque los cinco a?os de plazo desde que fija la ley para que se evaporen las responsabilidades penales comenzaron a contar a finales de 2012, cuando se efectu¨® la acusaci¨®n formal contra Montenegro y Mosquera. La fiscal justifica la tardanza en formular estos cargos porque ¡°se estuvo a la espera¡± de la pericial de Docampo, presentada en marzo de 2010.

Este primer perito concluy¨® que Gr¨²as Estaci¨®n hab¨ªa facturado compras ficticias de gas¨®leo, neum¨¢ticos y equipos a varias empresas para inflar sus gastos. Docampo hall¨®, entre otros indicios, ¡°incompatibilidades horarias¡± para realizar los suministros de combustible, ¡°falta de capacidad de los veh¨ªculos¡± y ¡°defectos formales¡± en los albaranes y notas de entrega. El ministerio p¨²blico descarta ahora tambi¨¦n la falsedad documental porque, argumenta, las declaraciones de los imputados y de los conductores de los camiones de las empresas implicadas ¡°vienen a corroborar que es posible que [los indicios hallados por el perito] se trate de meros errores materiales dado que las facturas se elaboraban posteriormente¡±.

La fiscal da adem¨¢s m¨¢s credibilidad a la revisi¨®n que realiz¨® Seijo, quien consider¨® que la ¡°diferencia de precio¡± o la ¡°falta de justificaci¨®n formal a trav¨¦s de albaranes¡± que detect¨® Docampo en trasacciones de neum¨¢ticos y alquiler de equipos no no son indicios suficientes para considerar falsas dichas operaciones. La fiscal¨ªa comparte esta valoraci¨®n y a?ade que las explicaciones dadas por las empresas implicadas ante la juez instructora sobre estas irregularidades fueron ¡°coherentes¡±. Y apunta tambi¨¦n a la prescripci¨®n del delito porque las facturas presuntamente falsas fueron confeccionadas en 2003 y 2004 y ¡°los supuestos responsables de estos hechos son llamados a declarar¡± como tales con posterioridad a que transcurra el plazo de prescripci¨®n de tres a?os que marca la legislaci¨®n.

El ministerio p¨²blico solo considera ¡°constatada¡± la existencia de una caja b en Gr¨²as Estaci¨®n de 1999 a 2002, la que aport¨® Seraf¨ªn Montenegro a la causa cuando present¨® la denuncia. Y por esta contabilidad paralela formular¨¢ acusaci¨®n contra los hasta ahora principales imputados (Santiago Montenegro y Carlos Mosquera) por administraci¨®n desleal y contra el propio denunciante, a quien atribuye este mismo delito y otro m¨¢s de apropiaci¨®n indebida. La fiscal¨ªa convierte as¨ª al socio de Gr¨²as Estaci¨®n que acudi¨® a la justicia en el principal acusado de la causa.