Protestas en Ourense para frenar el desahucio de una familia con un beb¨¦
El matrmonio debe 2.100 euros de alquiler a los propietarios del piso
Sobre Mar¨ªa del Pilar y su familia pesa una losa que, cuando caiga, los dejar¨¢ en la calle con lo puesto y un peque?o beb¨¦ en brazos. El martes de la semana que viene deber¨¢ abandonar el vetusto piso en el que vive o ser¨¢ expulsada por la fuerza junto a su marido, su hija adolescente y su otra peque?a de un a?o. No tienen ad¨®nde ir desde que se enredaron en una espiral de calamidades que les impide pagar el alquiler de la casa porque casi no tienen ingresos y que, al mismo tiempo, les cierra la puerta de cualquier otro contrato de arrendamiento. Deben algo m¨¢s de 2.100 euros a los propietarios del piso porque toda la familia sobreviv¨ªa con una renta de integraci¨®n social que la Xunta de Galicia les concedi¨® hace unos meses. O com¨ªan o pagaban el alquiler mensual de 310 euros.
Desde hace unos d¨ªas, el marido de Mar¨ªa trabaja 10 horas a la semana en el sector de la hosteler¨ªa y por eso creen que, a partir de ahora, podr¨¢n vivir un poco m¨¢s desahogados gracias al reducido salario que cobrar¨¢ por fregar platos y vasos. De momento, sin techo bajo el que cobijarse, pero con el bolsillo algo m¨¢s lleno a final de mes. El caprichoso destino quiso que, casi a la misma hora a la que la comisi¨®n judicial encargada de expulsar a la familia llegaba al portal del edificio al lado del Mi?o a su paso por la ciudad de Ourense, enfrente, en la otra orilla del r¨ªo, decenas de pol¨ªticos y autoridades judiciales inauguraban, orgullosos, entre v¨ªtores y aplausos un gran palacio de justicia que tras una inversi¨®n de 18 millones de euros a¨²n no tiene licencia de ocupaci¨®n. La rabia, exacerbada, corro¨ªa a Mar¨ªa y a los suyos, pero tambi¨¦n a los miembros de la plataforma Stop Desafiuzamentos que, pancartas en mano y gritos en alto, protestaban delante del portal. Justo despu¨¦s, trasladaron esas protestas ante las autoridades que bendec¨ªan una nueva casa para la justicia, pero la polic¨ªa les prohibi¨® acercarse al edificio sin licencia.
Finalmente y bajo el foco de periodistas, reporteros gr¨¢ficos y ciudadanos, la comisi¨®n judicial accedi¨® a prorrogar el desalojo durante siete d¨ªas para que puedan trasladar las pocas pertenencias que les quedan a otro lugar. ¡°No tenemos absolutamente nada y tampoco sabemos en qu¨¦ lugar vamos a acabar¡±, dec¨ªa la mujer entre l¨¢grimas y con el beb¨¦ a su lado, mientras asimilaba que ya no hay marcha atr¨¢s. Y es que la familia y los miembros de la plataforma antidesahucios entienden que no corresponde a la propietaria del piso garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna de cualquier ciudadano del Estado, pero s¨ª a la Xunta de Galicia, que es la administraci¨®n que tiene la encomienda de proporcionar protecci¨®n social de emergencia a familias en situaciones desfavorables. ¡°La due?a del piso se cans¨®. Es normal. Ella quiere su dinero y por eso nos meti¨® en el juzgado¡±, explica Mar¨ªa.
Sin embargo, la soluci¨®n ofrecida por el Instituto Galego de Vivienda e Solo ejemplifica que, a veces, el remedio puede ser peor que la enfermedad. El pasado viernes, a pocas horas del anunciado desahucio, les ofreci¨® ocupar viviendas sociales en Castro Caldelas o en Carballeda de Valdeorras, dos peque?os pueblos enclavados en las monta?as m¨¢s aisladas de Galicia, a 50 y 140 kil¨®metros respectivamente de su actual casa, y casi sin conexi¨®n con transporte p¨²blico. Si aceptan esta opci¨®n, la hija mayor no podr¨ªa seguir estudiando y su marido perder¨ªa el empleo que acaba de conseguir fregando loza porque no tendr¨ªa c¨®mo desplazarse hasta la ciudad de Ourense: trabaja a jornada partida y no tendr¨ªa autob¨²s para regresar a su nueva casa hasta el d¨ªa siguiente. ¡°Esa soluci¨®n no nos permite ir adelante¡±, lamentaba la mujer ante los micr¨®fonos en los que tambi¨¦n denunci¨® que desde la Administraci¨®n gallega se le dijo ¡°claramente¡± que si aceptaba alguno de los pisos en esos pueblos ¡°se hablar¨ªa con los funcionarios judiciales para retrasar el desahucio¡±.
El otro problema que acecha a la familia es la lentitud de algunas administraciones p¨²blicas. ¡°Era aut¨®noma en una empresa de limpieza pero me qued¨¦ sin trabajo y entonces ped¨ª una ayuda de emergencia, que se me deneg¨® de inmediato. Todav¨ªa estoy esperando a que me respondan al recurso que present¨¦ en julio del a?o¡±, explica Mar¨ªa mientras aclara: ¡°Yo no quiero vivir toda la vida de la administraci¨®n, pero es peor si me mandan a un sitio en el que no tengo posibilidad de superarme para salir de esta situaci¨®n¡±. ¡°Si tuviera trabajo, claro que trabajar¨ªa y no pedir¨ªa estas ayudas, pero no me queda otra por mis hijos¡±. Ahora, durante los siete d¨ªas que tienen de margen estudiar¨¢n opciones para no quedarse en la calle. Y es que ya tienen asumido que la cuenta atr¨¢s de 192 horas iniciada en la ma?ana de este lunes no cesar¨¢ y el martes de la semana que viene, la polic¨ªa llamar¨¢ a la puerta de la que, hasta ahora, era su casa.
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