El alcalde de Celanova, condenado judicialmente a bajarse el sueldo

El alcalde de Celanova, Jos¨¦ Luis Ferro Iglesias, del PP, ha sido condenado por un juzgado ourensano a rebajarse en 1.350 euros mensuales el salario que cobra de la instituci¨®n local. El regidor, que gobierna en minor¨ªa ese municipio ourensano de 5.800 habitantes, recurri¨® judicialmente el acuerdo plenario de julio de 2013 por el que la oposici¨®n (PSOE, BNG y una exedil del PP que se pas¨® al grupo de los no adscritos) aprob¨® la bajada de sus ingresos de 3.700 a 2.350 euros mensuales (m¨¢s dos pagas extraordinarias, Seguridad Social, coche oficial y subida anual del IPC). La oposici¨®n justific¨® el acuerdo en aras de la ¡°racionalizaci¨®n del gasto de la instituci¨®n¡± y considerando ¡°el drama que viven muchos ciudadanos como consecuencia de la crisis¡±.

El alcalde acudi¨® a los tribunales para reclamar los 3.700 euros que ¨¦l se hab¨ªa marcado. Al regidor le parec¨ªa suficiente haber rebajado la cantidad de su predecesor en el cargo, el actual diputado auton¨®mico del PP Antonio Mouri?o, que en plena crisis se hab¨ªa puesto un salario superior en casi mil euros al de un conselleiro de la Xunta (63.000 euros brutos anuales m¨¢s 7.900 en dietas y kilometraje). En su demanda judicial, Ferro acus¨® a la oposici¨®n de adoptar este acuerdo como ¡°represalia pol¨ªtica¡± y argument¨® que el acuerdo, adoptado con los informes contrarios del secretario y del interventor, hab¨ªa sido ¡°nulo de pleno derecho por vulneraci¨®n de la ley¡± que, en su opini¨®n, establece que los acuerdos solo pueden adoptarse ¡°por iniciativa del alcalde¡± y no del pleno.

El regidor atribuy¨® adem¨¢s otra irregularidad al acuerdo suscrito por la oposici¨®n. Denunci¨® que la previsi¨®n de aumento del IPC que le mantuvo el pleno ¡°es contraria a la vigente Ley¡± de los Presupuestos del Estado para 2013 que imped¨ªa el aumento de las retribuciones del personal para el sector p¨²blico. El juez solo le ha dado la raz¨®n en esto, con lo que rebaja a¨²n m¨¢s las percepciones del alcalde al anular el aumento del IPC aprobado tanto para la alcald¨ªa como para la concejal¨ªa de Urbanismo.

La sentencia, que se puede recurrir, es contundente al se?alar que el pleno est¨¢ legitimado para promover y aprobar una modificaci¨®n de la ejecuci¨®n de los presupuestos municipales. Entiende el juez que lo contrario ser¨ªa ¡°suponer la existencia de una suerte de veto del alcalde a las decisiones administrativas que la ley residencia en el pleno y que a ¨¦l corresponde adoptar¡±. ¡°No entiendo qu¨¦ trastorno puede causar al normal funcionamiento de una instituci¨®n democr¨¢tica el que la mayor¨ªa del pleno, por medio de la correspondiente votaci¨®n, adopte decisiones sobre materia de su competencia¡±, sostiene el juez que entiende que la postura del gobierno local supone una ¡°petrificaci¨®n¡± de las normas democr¨¢ticas ¡°al mero arbitrio del presidente¡± cuando ¡°la mayor¨ªa del pleno es la que, en definitiva, representa a la ciudadan¨ªa¡±.

Junto a ello, sostiene que est¨¢ suficientemente motivado el acuerdo de la rebaja salarial considerando que ¡°la reducci¨®n de sueldos ha sido generalizada y pr¨¢cticamente indiscriminada¡± en todas las instituciones e incluso en la empresa privada y precisa que si la rebaja es sustancial ello obedece a que ¡°la suma de la que se part¨ªa era ya muy elevada¡±.

El juez no tiene en cuenta los informes del secretario e interventor, contrarios al acuerdo plenario, de quienes los grupos de oposici¨®n destacaron su ¡°vinculaci¨®n al PP¡±.