La justicia anula m¨¢s multas del Gobierno a v¨ªctimas de preferentes

Los afectados por las preferentes del Baixo Mi?o siguen sumando sentencias que anulan las multas que recibieron por sus protestas, de las m¨¢s de 40 sanciones que han recurrido judicialmente. La ¨²ltima terna de resoluciones favorables afecta a algunos de los expedientes de denuncia m¨¢s extravagantes, que afectaban no tanto a supuestos excesos reivindicativos como a infracciones de tr¨¢fico que coincid¨ªan con las concentraciones de junio de 2013 ante el Ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra), tales como tocar la bocina sin motivo o llevar el cintur¨®n de seguridad del coche mal puesto. Las resoluciones dicen que por mucho que la palabra de la Guardia Civil valga m¨¢s que la del ciudadano corriente, hay que dejar al menos que este se defienda. No se hizo, por lo que se incurri¨® en ¡°vicios sustanciales que generan indefensi¨®n¡±, concluye la juez.

Las tres sentencias, provenientes del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n¨²mero 2 de Pontevedra, reparan en que los agentes no comunicaron la sanci¨®n en el acto y que los multados ¡ªXulio Vicente, uno de los l¨ªderes de las protestas, por llevar mal el cintur¨®n y Ana Bel¨¦n ?lvarez en dos ocasiones, una por el cintur¨®n y otra por abusar del claxon¡ª hab¨ªan estado en la concentraci¨®n a las mismas horas de las sanciones. Ante esto, ¡°la prueba solicitada s¨ª era de relevancia¡±, razona la magistrada, que lamenta que en el procedimiento administrativo se negasen las diligencias propuestas por los preferentistas para acreditar que si estaban protestando no pod¨ªan estar conduciendo. Tambi¨¦n se resalta que ¡°como suele ocurrir en estas concentraciones, se emplean generalmente instrumentos que generan ruido¡±, y que en el Ayuntamiento tienen que aguantarse por los ¡°trastornos¡±, salvo peligro para el orden p¨²blico, porque para eso est¨¢ el derecho de reuni¨®n entre los m¨¢s protegidos por la Constituci¨®n.

O Rosal, epicentro de la estafa de los derivados financieros con en torno a un millar de sus 6.500 habitantes afectados, fue un polvor¨ªn en el primer semestre de 2013, despu¨¦s de que el ritmo de los procesos de arbitraje impulsados por la Xunta de Feijj¨®o para devolver los fondos se frenase bruscamente tras las elecciones auton¨®micas de 2012, ganadas por el PP.

Al igual que en otros pueblos pontevedreses, los afectados porlas preferentes de O Rosal se organizaron entonces para ocupar los consistorios y montar estruendo en tanto los arbitrajes no recobraran impulso. Cuando fueron expulsados, los miembros de la plataforma se fueron a la plaza y all¨ª siguieron montando jarana diariamente, abroncando al alcalde popular, Jes¨²s Fern¨¢ndez Portela, en sus idas y venidas. Un mes despu¨¦s comenzaron a llegar a los buzones las multas, que los sancionados entendieron como una represalia pol¨ªtica.