Presentadas m¨¢s de 41.000 firmas para endurecer el acceso a la RGI

La plataforma Ayudas m¨¢s Justas ha entregado este viernes en el Parlamento vasco 41.208 firmas en apoyo de su iniciativa para endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI), una ayuda destinada a las personas sin recursos o en riesgo de exclusi¨®n. El alcalde de Vitoria y candidato a la reelecci¨®n del PP, Javier Maroto, ha rechazado "mezclar" los datos de apoyos a esta propuesta con interpretaciones electorales, aunque ha pedido un "respaldo fuerte en las pr¨®ximas elecciones" para que la iniciativa salga adelante.

Una vez depositados en la C¨¢mara estos apoyos a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de esta plataforma --que plantea excluir de la RGI a personas sin permiso de residencia, quienes no lleven cinco a?os empadronados en Euskadi y a los condenados por determinados delitos--, las firmas ser¨¢n analizadas y en caso de resultar validadas se iniciar¨¢ la tramitaci¨®n parlamentaria.

Esta plataforma se ha visto rodeada de la pol¨¦mica desde su surgimiento, puesto que estuvo precedida por las cr¨ªticas de Maroto a las personas magreb¨ªes, a las que acus¨® de "vivir de las ayudas sociales" y de no querer "trabajar ni integrarse". Adem¨¢s, el portavoz inicial de la plataforma, Patxi G¨®mez, tuvo que dimitir poco despu¨¦s de asumir el cargo, al conocerse que estaba siendo investigado por cobros indebidos del paro e impagos a la Seguridad Social.

Este viernes, tras la entrega de las firmas, el alcalde de Vitoria y candidato del PP a la reelecci¨®n ha insistido en la necesidad de modificar la normativa de la RGI para combatir el supuesto "fraude". Los datos correspondientes a los tres ¨²ltimos a?os indican que las irregularidades atribuibles a conductas de los perceptores de la RGI y la Prestaci¨®n Complementaria de Vivienda (PCV) sumaban 20,8 millones en los tres ¨²ltimos a?os, lo que supone un 1,6% del presupuesto total de estas prestaciones durante ese periodo, que asciende a 1.313 millones.

Dentro de esos 20,8 millones, existen distintos tipos de "irregularidades", de las que la suma de las que pueden calificarse como "fraude" por parte de los perceptores apenas asciende a 3,8 millones. Esta cifra supone un 0,3% del volumen total de estas ayudas durante los tres a?os analizados.

Maroto, adem¨¢s, ha advertido de que los apoyos recibidos deben ser un "toque de atenci¨®n" para el resto de partidos, a los que ha acusado de que, si pudieran tirar¨ªan estas firmas "a la papelera".

El parlamentario del Partido Popular y candidato de esta formaci¨®n a la reelecci¨®n como alcalde ha defendido "la justicia social tal y como la entiende esta plataforma". Adem¨¢s, y aunque ha asegurado que este tema no debe mezclarse con interpretaciones sobre el efecto de esta campa?a en las elecciones municipales de mayo, ha pedido "un respaldo fuerte en las pr¨®ximas elecciones" para que la ILP salga adelante. Maroto ha asegurado que "muchos" representantes del PNV, del PSE, de EH Bildu y UPyD le dicen, "a escondidas", que tiene "raz¨®n".

La entrega de las firmas en la C¨¢mara ha estado precedida por el acto celebrado este pasado mi¨¦rcoles en Bilbao, en el que m¨¢s de un centenar de colectivos --entre ellos C¨¢ritas, M¨¦dicos del Mundo, los principales sindicatos y partidos como el PNV, PSE y EH Bildu-- rechazaron restringir estas ayudas y defendieron la necesidad de "fortalecerlas".

Anteriormente, la patronal vasca Confebask suscribi¨® una declaraci¨®n en defensa del actual sistema de la RGI, mientras que los obispos vascos defendieron la "utilidad leg¨ªtima" de estas ayudas y rechazaron que los posibles abusos existentes puedan justificar la restricci¨®n del acceso a estas prestaciones de amplios colectivos sociales.

Por otra parte, un grupo de 68 sacerdotes de Vitoria acus¨® a la plataforma "manipulaci¨®n", y denunci¨® las "amenazas y presiones" sufridas por algunos feligreses por parte de miembros de este colectivo. El propio local de Ayudas m¨¢s Justas en Vitoria se vio afectado por la controversia, despu¨¦s de que la oposici¨®n de la capital alavesa denunciaran que estaba funcionando sin licencia.