El fiscal propone procesar a una diputada del PP por prevaricaci¨®n
El Ministerio P¨²blico dice que Marisol Pi?eiro no cumpli¨® "ning¨²n tr¨¢mite legal" para contratar a una mujer en el Ayuntamiento de Carnota. Pide una fianza de 10.000 euros
La Fiscal¨ªa Superior de Galicia considera que existen "elementos suficientes" para procesar a la diputada auton¨®mica del PP Marisol Pi?eiro por prevaricaci¨®n en relaci¨®n a un supuesto enchufe durante su etapa como teniente de alcalde del municipio coru?¨¦s de Carnota.
"El procesamiento, de modo resumido, habr¨ªa de concretarse en los hechos relativos a la contrataci¨®n sin ning¨²n tipo de formalidad ni ajuste a la legalidad", sostiene el Ministerio P¨²blico en su escrito para pedir que se dicte auto de procesamiento contra ella.
Entrando en detalle, indica que la persona supuestamente enchufada fue contratada en 2007 como administrativa y, tras dos pr¨®rrogas, fue contratada de modo indefinido en 2010 como t¨¦cnico jur¨ªdico urban¨ªstico "sin cumplir ning¨²n tr¨¢mite procedimental legal".
Junto con Marisol Pi?eiro, el fiscal reclama que tambi¨¦n se procese a quien era entonces alcalde de Carnota, el popular Jos¨¦ Oreiro, por haber firmado las sucesivas pr¨®rrogas del contrato y por haber dado "instrucciones precisas" para llevar a cabo la contrataci¨®n de esa mujer.
Asimismo, la petici¨®n de procesamiento la extiende Fiscal¨ªa al secretario municipal, quien "asesor¨®" a los dos representantes pol¨ªticos sobre el citado contrato e intervino "de modo directo y necesario en la constituci¨®n de la relaci¨®n jur¨ªdica ilegal".
Por todo ello, tras subrayar que los hechos relatados son "constitutivos de un delito de prevaricaci¨®n", ha considerado que Pi?eiro y Oreiro son "autores" del delito y el secretario municipal, "cooperador necesario".
En este escenario, el fiscal a?ade en su escrito la conveniencia de que se impongan medidas cautelares "para atender las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento".
As¨ª, para el exalcalde y la exteniente de alcalde, propone fianzas de 10.000 euros, mientras que la del funcionario local se limita a 6.000 euros. Y, en caso de que no las satisfagan, pide que se proceda "al embargo" de bienes suficientes para su cobertura.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) asumi¨® la competencia para investigar el caso de la diputada, dada su condici¨®n de aforada, a principios del pasado mes de octubre.
Por ello, la causa fue remitida desde el juzgado de primera instancia e instrucci¨®n n¨²mero 1 de Muros, que analizaba el despido por parte del actual gobierno municipal --encabezado por Ram¨®n Noceda (BNG)-- de la trabajadora en cuesti¨®n, asunto que fue denunciado por la dirigente popular.
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