El fiscal se persona en el caso del Tribunal de Cuentas contra Alonso

El Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas del Estado ha dado el paso delante de personarse en el caso San Antonio, el contrato de alquiler excepcionalmente favorable de unas oficinas municipales de Vitoria que firm¨® el actual ministro de Sanidad cuando era alcalde de Vitoria, en 2007. El pasado d¨ªa cinco de marzo, el Tribunal de Cuentas comunic¨® al ministro y a los miembros de aquella corporaci¨®n que ten¨ªan que hacer frente a 439.365 euros m¨¢s los intereses de demora, para cubrir el posible deterioro econ¨®mico de las arcas p¨²blicas que se produjo entre el monto total que figura en el contrato firmado con Gonzalo Ant¨®n, un conocido empresario propietario de los locales alquilados, y el que propusieron los t¨¦cnicos municipales.

La personaci¨®n del Ministerio Fiscal es un paso significativo ya que revela que tambi¨¦n la Fiscal¨ªa aprecia una posible mala utilizaci¨®n del erario p¨²blico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se suma a la que ya anunciaron los partidos de la oposici¨®n. A partir de ahora ya solo quedar¨ªa la apertura del juicio contable para esclarecer las posibles responsabilidades de aquella corporaci¨®n gobernada por Alonso y que ten¨ªa al actual alcalde, Javier Maroto, como concejal de Hacienda.?

Hace mes y medio, PNV y PSE se personaron de forma conjunta ante el Tribunal de Cuentas del Estado para poder ejercer la acci¨®n p¨²blica contable y solicitar la apertura de juicio contable y se encuentran a la espera de conocer qui¨¦nes m¨¢s se han presentado para que el proceso contin¨²e adelante con la investigaci¨®n del caso. Si finalmente el alto tribunal concluye que hubo irregularidades, restar¨ªa saber a qui¨¦nes se atribuyen estas y qu¨¦ sanci¨®n econ¨®mica deber¨¢n afrontar.

El contrato triplicaba

El empresario compr¨® una lonja en la c¨¦ntrica calle San Antonio de Vitoria en enero de 2006 por 2,7 millones de euros y, a finales de ese mismo a?o, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Ant¨®n firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 a?os ¡ªcuando la petici¨®n inicial de la propiedad era de 10 a?os¡ª. Los m¨¢s de siete millones se divid¨ªan en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que coste¨® el presupuesto p¨²blico. En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, adem¨¢s, con una cl¨¢usula de blindaje.

Si se romp¨ªa el contrato, el Ayuntamiento deb¨ªa pagar los 20 a?os ¨ªntegros. Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electr¨®nicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Ant¨®n escribi¨® alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que hab¨ªa recibido de Hacienda ¡ªel concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto¡ª no reflejaba la cantidad mensual negociada inicialmente y, a cambio, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC.