Imputados tres cargos de Territorio por prevaricaci¨®n en Iberpotash
El juez acusa a Josep Enric Llebot, Assumpta Farran y Jordi Agust¨ª.
El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Manresa ha decidido imputar a tres altos cargos de la Generalitat por un presunto delito de prevaricaci¨®n ambiental y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente por su actuaci¨®n con Iberpotash, la compa?¨ªa minera del Bages. El juez ha admitido la querella presentada por la CUP que denunciaba una posible concesi¨®n de licencias ilegales y la elaboraci¨®n de informes que podr¨ªan vulnerar la normativa administrativa. Los acusados son el secretario de Medio Ambiente, Josep Enric Llebot; la directora de Calidad Ambiental, Assumpta Farran, y el director de la Agencia del Agua, Jordi Agust¨ª.
En el mismo auto, el titular del juzgado imputa al consejero delegado de Iberpotash (ahora denominada ICL Iberia), Jos¨¦ Antono Mart¨ªnez ?lamo, y a su director general de medio ambiente, Llu¨ªs F¨¤bregas. En su caso, se les acusa del presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La CUP, como otros denunciantes anteriores, sostiene que la actividad que la compa?¨ªa minera efect¨²a en S¨²ria y Sallent puede tener afectaciones sobre el medio ambiente a causa de las filtraciones de residuos salinos en la cuenca del r¨ªo Llobregat y que la Generalitat se lo permite sin que Iberpotash haya superado los tr¨¢mites y controles administrativos pertinentes. Por ello, la Candidatura d'Unitat Popular reclam¨® que los cinco presuntos responsables de los hechos testificaran ante el Juzgado y que este ordenara la toma de muestras de agua y su estudio anal¨ªtico en 18 puntos de la comarca del Bages. El juez ha asumido ese encargo y los cinco imputados tendr¨¢n que prestar declaraci¨®n el pr¨®ximo 29 de septiembre.
La Generalitat asegur¨® ayer que no ten¨ªa constancia de la notificaci¨®n del Juzgado, fechada el martes 2 de junio, y comunic¨® que la actividad minera en el Bages ¡°se est¨¢ realizando de forma ajustada a la legislaci¨®n urban¨ªstica y mediambiental¡±. Asimismo, mostr¨® su sorpresa por la imputaci¨®n de los tres altos cargos sin que antes se hubieran realizado diligencias previas. Tanto Iberpotash como el Gobierno catal¨¢n pueden recurrir la decisi¨®n del juez
No es la primera vez que un juzgado decide imputar a responsables pol¨ªticos por actuaciones vinculadas a Iberpotash. Ya en 2014 acab¨® acusado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de S¨²ria por la licencia de obras que otorg¨® a la compa?¨ªa minera para que abriera una pista forestal y construyera una plataforma de 2.750 metros cuadrados. Esos trabajos eran imprescindibles para empezar a construir una rampa subterr¨¢nea de 4,7 kil¨®metros y 900 metros de profundidad en la mina de Cabanasses, del mismo municipio.
La notificaci¨®n del juzgado de la capital del Bages engrosa todav¨ªa m¨¢s el l¨ªo judicial y administrativo al que est¨¢ sometido el Plan Phoenix, un proyecto con el que Iberpotash pretende elevar la rentabilidad de su explotaci¨®n minera en Espa?a. Prepara el cierre de la mina de Sallent para concentrarse en su pozo de S¨²ria, para lo que construye la mencionada rampa subterr¨¢nea, que permitir¨¢ aumentar la capacidad de extracci¨®n. Y construye plantas de sal vacuum para convertir los residuos generados por la extracci¨®n de potasa en sal vacuum que exportar¨¢ por Europa y el Mediterr¨¢neo. En total, prev¨¦ invertir hasta 2018 un total de 450 millones. Una cifra que ha provocado que el Gobierno catal¨¢n lo considere como un ¡°proyecto de pa¨ªs¡± y que sus problemas pasen por las manos de Jordi Vilajoana, secretario general de Presidencia de la Generalitat y hombre muy pr¨®ximo a Artur Mas.
Pero ese inter¨¦s choca b¨¢sicamente con una mole de residuos denominada El Cogull¨®. Unas 37 millones de toneladas de residuos salinos concentrados en Sallent que provocan que, cada vez que llueve, se filtren residuos salinos en el subsuelo, afectando a las aguas del r¨ªo Llobregat. La ausencia de un plan serio para acabar con esa monta?a de 500 metros de altura ha originado m¨²ltiples denuncias y la apertura de un expediente sancionador al Gobierno por parte de la Comisi¨®n Europea, adem¨¢s de una acusaci¨®n por parte de sus rivales por un supuesto caso de dumping ambiental. De momento, contin¨²a recibiendo residuos salinos procedentes de la mina.
Justo la pasada semana el Gobierno catal¨¢n inici¨® la tramitaci¨®n del Plan Director Urban¨ªstico de la miner¨ªa del Bages. No es m¨¢s que el intento definitivo para poner orden al proyecto empresarial de Iberpotash en el Bages. Acabar con El Cogull¨®, sin embargo, no ser¨¢ posible antes de 50 a?os, seg¨²n sostiene la propia Iberpotash.
Problemas judiciales y administrativos
La denuncia presentada por la CUP el pasado mes de octubre enumera los casos del ¡°incumplimiento reiterado de la normativa urban¨ªstica, minera y ambiental¡± de Iberpotash. Los principales problemas detectados son los que siguen.
El Cogull¨®. La querella recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) estim¨® parcialmente una demanda presentada por un vecino de Sallent, Sebasti¨¤ Estrad¨¦, en la que reclamaba la presentaci¨®n de un plan de restauraci¨®n de la escombrera del Cogull¨®. El mismo fallo obligaba a la Administraci¨®n auton¨®mica a elevar la fianza de la Generalitat a Iberpotash para asegurar la restauraci¨®n de la monta?a, fijada en 585.153 euros, una cifra "completamente rid¨ªcula e insuficiente, presumiblemente c¨®mplice con los intereses lucrativos de la empresa", se?ala la denuncia. Esa fianza fue incrementada hasta los 6,9 millones de euros. Otra denuncia, formulada por la Asociaci¨®n de Vecinos del Barrio de la Rampinya, conllev¨® una sentencia que a la pr¨¢ctica supon¨ªa el cierre acelerado de la mina de Sallent si no se presentaba un plan de restauraci¨®n. Ante ese riesgo, la Generalitat ha aprobado un plan que da aire a la compa?¨ªa. El Tribunal Supremo tambi¨¦n se ha pronunciado en el mismo sentido desestimando el recurso de la compa?¨ªa minera.
La v¨ªa europea. La comisi¨®n Europea inco¨® un procedimiento de infracci¨®n por reiterados incumplimientos de la normativa ambiental. Es la respuesta a una denuncia que acusaba a la Generalitat de que su inactividad administrativa estaba intensificando un riesgo y un da?o ambiental no permitido, al no haberse tomado las medidas correctoras consideradas por la Agencia Catalana del Agua.
Rampa sin tr¨¢mite ambiental. Iberpotash inici¨® en 2012 las obras iniciales de su Plan Phoenix, consistentes en la construcci¨®n de una rampa subterr¨¢nea sin que se presentara la correspondiente evaluaci¨®n de impacto ambiental, lo que acab¨® paralizando durante meses la construcci¨®n.
El ministerio aprieta. Agricultura ha reclamado a Iberpotash que presente una evaluaci¨®n de impacto ambiental global que eval¨²e las consecuencias que pueda tener el conjunto de su Plan Phoenix.
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